El Comité 1ero de Diciembre, que agrupa las ONG antisida de Cataluña, ha alertado que, de hacerse efectiva, la nueva tasa farmacéutica «dificultará las condiciones de vida de las personas que viven con VIH, ya que muchas de esas pacientes tienen enfermedades asociadas que requieren de medicación constante».
No se puede responsabilizar a las personas usuarias de la sanidad pública del aumento de los gastos sanitarios y de las deficiencias en su gestión: las autoridades públicas deben disponer las partidas presupuestarias con un sistema fiscal que cumpla una función realmente redistributiva y garantizar el derecho al acceso a la salud de todas las personas en condiciones de equidad. Diversos estudios han constatado que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado (mutuas, por ejemplo), el favorecimiento del sector farmacéutico y las deficiencias en investigación y formación desde el sector público encarecen los gastos sanitarios y empeoran la atención sanitaria, poniendo en riesgo la salud de las personas atendidas.
El ticket moderador discrimina especialmente a la gente con más problemas de salud: las personas mayores, con enfermedades crónicas como el VIH, con diversidad funcional (también llamada discapacidad), la que está a la espera de diagnóstico, las familias con niñas y niños y gente mayor que necesitan cuidado y atención específica. El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Hble. Conseller de Salut, Boi Ruiz, afirmó que la cronicidad no nos puede hacer pensar que se ha ganado la lucha contra el sida: el Comité quiere recordarle que la introducción del ticket moderador dificultará las condiciones de vida de las personas que viven con VIH, ya que muchas de estas personas tienen enfermedades asociadas que les obligan a hacer uso de medicación.
Cualquier barrera económica en el acceso a la sanidad supone la exclusión de los grupos más desfavorecidos del derecho universal a la salud y perjudica a las personas con rentas mínimas. En el actual contexto de crisis, el repago agravará las desigualdades y la exclusión social. Cabe recordar que el hecho de vivir con VIH interacciona con las desigualdades sociales, de género, etnia, opción sexual e identidad de género y que muchas personas que viven con VIH viven con rentas mínimas o pensiones no contributivas, que además se han visto influidas por los recortes y ajustes presupuestarios del gobierno.
El Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya, quiere recordar que la salud es un derecho y el Govern está obligado a garantizarlo. Así pues, le pedimos que reconsidere esta medida.
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