Justicia ha dotado con un centenar más de plazas la red de pisos para que los presos/as con mejor evolución acaben la condena manteniendo un contacto progresivo con la sociedad. Las plazas se reparten entre cuatro nuevas viviendas, que se suman a las diez ya existentes, repartidas por toda Cataluña. La Fundación Salud y Comunidad gestionará una de las nuevas viviendas.
De este modo, los reclusos/as recuperan poco a poco la autonomía y pueden rehacer su vida profesional y las relaciones sociales y familiares, con el acompañamiento de los servicios penitenciarios, en un entorno tan parecido como sea posible al de la vida en libertad.
Colaboración del Departamento de Justicia con las entidades del Tercer Sector
Las nuevas viviendas están ubicadas en las comarcas catalanas del Alto Ampurdán, el Barcelonés, el Bajo Llobregat y el Bajo Penedés y, como el resto, se gestionan conjuntamente con las entidades del Tercer Sector. En este caso, Suara Cooperativa, la Fundació pel Suport Social, la Fundació APIP-ACAM y la Fundación Salud y Comunidad, respectivamente.
El coste de las nuevas cuatro unidades dependientes será de 515.672 euros el año. Esto significa un incremento del 33% del presupuesto dedicado a la red de residencias penitenciarias, que en 2018 será de más de dos millones de euros.
Acompañamiento durante el tránsito de la prisión a la comunidad
Los reclusos que dependen de estas viviendas pueden tener dos niveles de vinculación. Por un lado, los que van a dormir; y por otro, los que solo acuden por el seguimiento que hacen los/las profesionales del ámbito penitenciario durante el tránsito de la prisión a la comunidad.
Dos de cada diez presos en tercer grado vinculados a residencias de los servicios penitenciarios
Con las nuevas incorporaciones, la red de pisos de los servicios penitenciarios ya tiene una capacidad de 200 plazas de pernoctación y un centenar más para seguimientos. En total, son más de 300 internos/as. Es el equivalente a dos de cada diez presos en tercer grado, que son los que viven en semilibertad.
“Unidades dependientes” de los centros penitenciarios abiertos
Las residencias están situadas en viviendas ordinarias, sin ninguna distinción externa y sin funcionarios/as de prisiones. De los pisos, se hacen cargo las entidades del Tercer Sector, con personal que pasa la noche y que, durante el día, ofrece apoyo a los internos/as para que se formen, busquen trabajo, trabajen y utilicen los recursos sociales y de salud públicos.
A estas residencias solo pueden acceder los internos/as con una conducta positiva y sin toxicomanías. Dado que están en régimen de tercer grado, solo tienen que ir a dormir ocho horas cada día, excepto el fin de semana, y mantener las entrevistas con los/las profesionales que realizan el acompañamiento de su caso. Durante su estancia, los condenados/as tienen que mantener el piso limpio, cocinar y lavarse la ropa.
Algunos de estos pisos están pensados para colectivos que tienen necesidades específicas, como por ejemplo mujeres embarazadas o con hijos/as, o internos/as que requieren un acompañamiento más intensivo para la búsqueda de trabajo o el mantenimiento en la abstinencia de alcohol o drogas.
El Reglamento Penitenciario define estas residencias como “unidades dependientes” porque son extensiones que dependen de los centros penitenciarios abiertos, unas prisiones más permeables, pensadas para que los internos/as solo vayan a dormir durante el tramo final de su condena.
La recuperación escalonada de la libertad contribuye al éxito de la reinserción social
La creación de nuevas residencias penitenciarias se enmarca en la apuesta del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña para que las personas privadas de libertad recuperen progresivamente el contacto con la sociedad y para reducir el número de personas encarceladas.
El riesgo de volver a delinquir disminuye en el caso de los internos/as que acaban la condena en contacto con la sociedad. Según el último estudio sobre reincidencia en Cataluña, solo reinciden dos de cada diez de los internos/as que acaban la pena en contacto con el exterior. En cambio, el mismo estudio sitúa la tasa general de reincidencia en tres de cada diez.
Este hecho, unido a la mejora de las herramientas de predicción del riesgo de reincidencia, han hecho que el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña apueste por aumentar los internos/as que pasan a esta modalidad de cumplimiento de condena, que se han incrementado del 21,3 % al 25 % durante los últimos dos años y medio. Actualmente, hay 1.640 personas privadas de libertad en Cataluña, clasificadas en tercer grado por los servicios penitenciarios de la Generalitat.