La Fundación Salud y Comunidad (FSC) manifiesta su total desacuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de retirar la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos. Nuestra entidad es pionera en la ejecución de proyectos y servicios destinados a prevenir la exclusión social de la población reclusa y ex-reclusa como colectivo especialmente vulnerable.
Nuestra entidad, por tanto, se adhiere al manifiesto de la Mesa de Participación Social y alertamos de los riesgos que conlleva destruir el tejido asociativo y de apoyo a este colectivo generado a lo largo de los últimos 30 años.
MANIFIESTO DE LA «MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL«:
La retirada de la subvención de la Generalitat a las entidades sociales que trabajan para rehabilitar reclusos les deja sin atención y hace que algunas ONG tengan que cerrar
Los recortes económicos anunciados por el Govern de la Generalitat de cara al año 2012 y 2013 han puesto contra la pared la reinserción social de presos, vulnerando así uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Los programas destinados a evitar la reincidencia de los presos cuentan con la implicación y el trabajo de 94 entidades en Cataluña. La desaparición de la partida económica destinada a la reinserción supone un triple coste social que afecta a la seguridad, la economía, y la dignidad de las personas.
Menos dinero, más inseguridad y más pobreza
Las 94 entidades que colaboran con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en la atención a personas inmersas en procesos judiciales han recibido oficialmente la comunicación de que a partir del 1 de junio de 2012 no recibirán ningún tipo de financiación para los programas de rehabilitación de presos. Con esta medida, la Generalitat prevé ahorrarse medio millón de euros en el 2012.
Este nuevo recorte se añade a la de dejar de recibir financiación para las actividades culturales, de ocio, de formación que las ONG también prestaban, ya que entendían que hay otros gastos prioritarios para el país como la educación y la sanidad. Así pues, a partir del 1 de junio las entidades sociales minimizarán su actividad y harán sólo acciones de voluntariado, las cuales también tienen costes y sólo se podrán hacer si obtienen recursos de la iniciativa privada.
Sin rehabilitación no hay reinserción
La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 25.2 que «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado que estuviere cumpliendo pena de prisión (…), tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad». En este sentido, retirar la aportación económica destinada a la reinserción social, supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos.
En Cataluña, cada año salen de prisión por finalización de condena 2.300 presos, aproximadamente. Las estadísticas dicen que la reincidencia sin rehabilitación se sitúa en torno el 50%. Así pues, a partir de ahora más de 1.000 personas con riesgo de reincidencia, dejarán de recibir tratamiento, con los consecuentes riesgos para la seguridad ciudadana.
Lo que ahora es barato, resulta muy caro
El medio millón de euros necesarios para que las entidades mantengan los programas de rehabilitación de presos, además de hacer una función social, suponía un ahorro económico, ya que el coste de un preso se sitúa en 30.000 euros al año, una cantidad que se ahorra con cada interno rehabilitado que no vuelve a pisar la cárcel. Con este recorte se está provocando más inseguridad ciudadana y más gasto a corto-medio plazo.
La noticia de dejar sin recursos económicos a las entidades dedicadas a la rehabilitación de reclusos llega poco más de un año después de la campaña de sensibilización que la Taula de Participació Social hizo con el nombre de «Abrimos la puerta a la rehabilitación«. La campaña hacía un llamamiento a la implicación de la sociedad a la hora de apoyar a las personas que han cumplido programas de rehabilitación, el único camino para evitar la reincidencia en el delito y lograr una mayor seguridad ciudadana. Con el actual recorte de subvenciones cerramos la puerta a la rehabilitación.
Una vez más, en nuestro país son los más vulnerables los que se quedan sin oportunidades. Son las personas sin familia o círculos sociales de apoyo, las madres con cargas familiares, las personas discapacitadas, con enfermedades mentales, en proceso de rehabilitación de drogodependencias, etc., las que pierden los programas de apoyo. Sin subvención, las entidades no pueden seguir ofreciendo servicios de acogida y manutención durante los permisos, durante las libertades condicionales o los primeros períodos de la salida de prisión. Tampoco pueden seguir prestando servicios de rehabilitación y reeducación dentro o fuera de prisión durante todo el proceso.
35 entidades sociales dejan de recibir la financiación a través de subvenciones y muchas otras reciben reducciones y renegociaciones de los contratos firmados. También las hay abocadas a cerrar servicios que venían desarrollando desde hace muchos años, algunas más de 10 años. En general se encuentran en proceso de despedir a sus profesionales especializados por la extinción de las actividades que llevaban a cabo, incrementando el número de parados del país. Algunas tendrán que cerrar por no poder hacer frente a sus indemnizaciones laborales. Se trata también de un grave paso en contra del tejido asociativo de nuestro país y en contra de la tan necesaria cohesión social en tiempos de crisis. Son muy pocas las que podrán seguir haciendo lo que hacían.
A partir de ahora, el presupuesto del Departamento de Justicia servirá para pagar los ladrillos de los nuevos edificios judiciales y de los nuevos centros penitenciarios, que pierden todo el sentido, ya que las paredes no rehabilitan. La rehabilitación se reducirá a los programas que desarrollan los profesionales dentro de las cárceles y se cerrará la puerta al apoyo a la salida de prisión.
El resumen es que las personas que tienen ganas de cambiar de vida después de la prisión dejarán de tener oportunidades y que la inseguridad ciudadana crecerá para todos. Una gran pérdida social y económica.