El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar del Prat de Llobregat de Barcelona tiene previsto reunirse a partir de septiembre con responsables de la Administración Pública y Judicial. Desde este servicio de la Generalitat de Cataluña, gestionado por FSC, se considera que un acercamiento de los dos lenguajes, el legal y el psicosocial, repercutirá de forma positiva a la hora de alcanzar el objetivo compartido.
El Punto de Encuentro Familiar del Prat de Llobregat es un servicio destinado a atender, acompañar y preservar a los menores de la problemática que surge en los procesos de conflictividad conyugal, mediante un espacio neutral de encuentro que permita cumplimentar el régimen de visitas por parte de la Administración Pública y Judicial.
La principal fuente de derivación al servicio procede de los juzgados de familia. En los últimos años, se ha apreciado una mayor sensibilidad de los jueces hacia las valoraciones profesionales del mismo.
“Esta sensibilidad se refleja, por un lado, cuando se produce la derivación, pues se han redactado autos o sentencias donde se ha dejado a la evaluación profesional, la mejor forma de proceder en el régimen de visitas. Y por otro, al tener en cuenta las propuestas que se realizan desde el mismo, en la continuidad, ampliación o suspensión de dicho régimen”, explican desde El Punto de Encuentro Familiar del Prat de Llobregat.
Cabe señalar que este servicio y el judicial tienen en común el mismo objetivo, es decir la protección de los niños y niñas en el conflicto de los adultos. Con ellos se pretende garantizar el derecho de éstos a relacionarse de forma saludable con ambos progenitores. Sin embargo, la consecución de dicho objetivo es claramente diferente.
El Punto de Encuentro Familiar aborda la intervención desde una mirada social y psicológica, realizando un “diagnóstico” de las necesidades de los menores. Por otra parte, intenta ofrecer, a partir del mismo, herramientas que ayuden a la familia a buscar alternativas a las causas que les han llevado a la situación en la que se encuentra y que, de forma invariable, causan sufrimiento a todos sus miembros.
No se puede olvidar, al mismo tiempo, que niños y niñas son los grandes perjudicados, a la vez que los únicos exentos de toda responsabilidad. Asimismo, es necesario poner especial atención en aquellos casos en los que existe violencia machista, teniendo muy presente en las intervenciones la perspectiva de género, por el impacto que tiene en las relaciones de pareja.
El lenguaje legal, por definición, mantiene una neutralidad en la que los aspectos emocionales difícilmente son tenidos en cuenta y, de serlo, no de forma significativa.
“Un acercamiento de los dos lenguajes, el legal y el psicosocial, repercutirá de forma positiva a la hora de alcanzar ese objetivo compartido. La mejor manera de lograrlo es tener la oportunidad de explicar a los jueces nuestra forma de trabajar y qué podemos ofrecer, así como las limitaciones profesionales que tenemos”, señalan desde el propio servicio.