Empresarios de la dependencia han convocado paros para el próximo 3 de noviembre en las residencias de toda España para protestar por los 1.268 millones de euros que les adeudan las administraciones. En estos actos también participarán trabajadores, usuarios y familias.
Así lo ha explicado este viernes en Valencia el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha asegurado que realizarán periódicamente paros técnicos hasta que reciban el dinero adeudado. También ha señalado que colocarán carteles en los que se pueda leer ‘a este centro, la administración tampoco le paga’
Además, ha indicado que solicitarán a los familiares que colaboren económicamente. «Si quieren que sus familiares sigan siendo atendidos y si las administraciones no nos pagan, tendrán que colaborar», ha manifestado.
El presidente de la FED ha participado este viernes en Valencia, junto a más de 500 empresarios del sector de toda España, en una jornada monográfica de reflexión para consensuar acciones ante la deuda de las administraciones públicas del sector.
Echevarría, que ha comparecido acompañado por el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha explicado que son los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos los que les deben 1.268 millones de euros.
No obstante, ha señalado que la Administración General del Estado tampoco paga lo que corresponde, ya que «aporta a las comunidades autónomas el 30 por ciento» del presupuesto, a pesar de que tienen que contribuir con el 50 por ciento.
Según el presidente de la FED, los impagos de las administraciones están generando una «situación insostenible» que está «poniendo en peligro» a más de 5.000 empresarios, unos 300.000 puestos de trabajo, más de 15.000 millones de inversión que los empresarios han realizado y, «lo más importante, a casi de un millón de personas dependientes que estamos asistiendo diariamente».
Los empresarios han pedido a las administraciones que les paguen la deuda, porque aunque dicen ser conscientes de los actuales «problemas de tesorería», consideran que son las propias gobiernos los que los han causado por su «mala gestión».
Para ello, consideran necesario, entre otras medidas, reducir los gastos de otros ámbitos que «no son necesarios y básicos» y modificar los baremos del ‘cuidador informal’ que, según calculan, supondrían un ahorro de 800 millones de euros «de forma inmediata» y la creación de 40.000 puestos de trabajo.
Al respecto, Echevarría ha asegurado que 419.787 personas son consideradas ‘cuidadores informales’ y acaparan el 56,73 por ciento de las prestaciones totales informadas. De esta cifra total, solo 169.307 cuentan con convenio especia con la Seguridad Social, lo que, según ha indicado, supone que 250.480 personas, el 60 por ciento, o están jubilados y están trabajando.
A su juicio, «una persona que ya está trabajando no puede estar atendiendo a un gran dependiente». «Es de sentido común», ha resaltado. Del mismo modo, Alberto Giménez ha hecho hincapié en que no están en contra de la figura del ‘cuidador informal’, pero «no garantiza la profesionalidad y la calidad» necesarias.
Los empresarios también proponen a las administraciones no otorgar ninguna prestación del grado uno mientras haya dependientes de los grados dos o tres que no reciben ninguna prestación; abrir líneas de financiación del modelo ‘confirming’ con el aval y la garantía de la Administración General del Estado; y que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas de la dependencia con cargo a impuestos y cotizaciones.
115 MILLONES DE DEUDA EN LA COMUNITAT
Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, Alberto Giménez ha precisado que la deuda asciende a unos 115 millones de euros, de los que aproximadamente 75 corresponde a la Generalitat y unos 40 a los diferentes ayuntamientos.
Giménez ha señalado que en la Comunitat Valenciana algunas empresas han tenido que cerrar, otras están preparando concurso de acreedores y algunas «no pueden ni pagar las nóminas». «La situación es durísima», ha destacado. Asimismo, ha asegurado que algunos subsectores como el de los mentales crónicos llevan un año sin cobrar.
Por otra parte, el presidente de Aerte ha anunciado que empresarios de toda España están trabajando en la creación de una fundación dedicada al análisis y estudio «en profundidad» de cómo este sector puede contribuir a la economía española y a la salida de la crisis.
Fuente: Europa Press