La Generalitat de Cataluña ha presentado recientemente en Barcelona un protocolo que ofrece criterios operativos a los/las profesionales de la seguridad, con el fin de establecer las pautas de actuación en entornos de ocio ante estas conductas. El protocolo se aplicará directamente por el cuerpo policial de Mossos d’Esquadra. La Fundación Salud y Comunidad (FSC) ha participado en el grupo de trabajo de creación de este protocolo, a través del Observatorio Noctámbul@s.
Posteriormente, en el mes de noviembre, se expusieron las conclusiones de las sesiones que se han ido celebrando durante estos cinco meses. A partir de ese momento, todos los miembros del grupo de trabajo pudieron hacer las enmiendas que consideraron adecuadas y que han llevado al actual protocolo, fruto de un amplio consenso.
A finales del pasado mes de enero, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, y el consejero de Interior, Miquel Buch, acompañados por la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Núria Balada, y el director general de la Administración de Seguridad, Jordi Jardí, presentaron las actuaciones que se llevarán a cabo, una vez ha sido validado con un amplio consenso este protocolo de seguridad por todos los sectores implicados.
Por parte de la FSC, en esta presentación, celebrada en el Palau de la Generalitat en Barcelona, estuvo presente nuestro compañero Otger Amatller, coordinador de Prevención de nuestra entidad.
Mediante este protocolo, la Generalitat de Cataluña tratará de evitar que ninguna conducta que atente contra la libertad sexual quede impune. A partir de criterios interpretativos y operativos, las conductas de acoso sexual no previstas en el Código Penal, pero que se consideran constitutivas de una infracción administrativa, podrán ser penadas.
En este sentido, el objetivo de este protocolo es hacer constar que todas las violencias sexuales hay que erradicarlas y dar criterios operativos a los/las profesionales de la seguridad para establecer las pautas de actuación ante estas conductas infractoras.
Las conductas que deben considerarse infracción administrativa son exhibicionismo obsceno ante personas adultas; masturbación en espacios públicos o abiertos ante personas adultas; seguimiento obsceno; injuria sexual; hacer fotos de partes íntimas; acorralamiento con finalidad sexual y otras conductas que impliquen una vejación sexual.
El protocolo establece las actuaciones operativas respecto al agresor, cómo se debe actuar por parte de los cuerpos de seguridad cuando el acoso sexual no penal se produzca y también, cuando se produzcan violencias sexuales constitutivas de delito.
La formación de los cuerpos policiales y de los cargos electos tendrá lugar en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, y en el caso del personal de los locales de ocio, irá a cargo del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Se prevé formar a más de 13.000 personas, en coordinación y colaboración con entidades como el Instituto Catalán de las Mujeres.
Cabe señalar también que la formación será obligatoria para el personal al servicio de las diferentes entidades, públicas o privadas, que quieran adherirse al protocolo. Esta formación comprenderá el ámbito de la violencia machista y de las violencias sexuales y tendrá como objetivos:
Una vez finalizada la fase de elaboración del protocolo, se difundirá a través de la campaña informativa “No en passem ni una” («No pasamos ni una») que constará de distintivos para los locales adheridos; carteles informativos del protocolo y carteles específicos en los que se informará del lugar o punto concreto dentro del local, al que podrá dirigirse con facilidad la persona afectada por una conducta constitutiva de violencia sexual.
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