La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña -que representa a 35 federaciones y organizaciones que aglutinan a más de 3.000 entidades sociales que luchan contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades- ha pedido recientemente a la Generalitat que ponga fin a los retrasos graves en el pago de las subvenciones, la principal fuente de financiación de muchas entidades del tercer sector social que atiende, acompaña y ofrece servicios y soportes a un millón y medio de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña. En el acto, estuvo representada la Federación Catalana de Drogodependencias (FCD), a través de nuestra compañera Gemma Maudes, vocal de la Junta Directiva de esta federación y adjunta a la dirección del Área de Adicciones, Género y Familias de la Fundación Salud y Comunidad (FSC). Nuestra entidad forma parte de la FCD, como entidad especializada en el ámbito de las drogodependencias a nivel estatal.
Actualmente, las entidades sociales están sufriendo el peor retraso en los pagos, lo que está generando muchas tensiones de tesorería e incertidumbre. La Mesa calcula que el tercer sector social está avanzando más de 33 M€ de proyectos que ya se están ejecutando.
Además denuncia que las dos principales convocatorias de subvenciones, la COSPE (convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades que llevan a cabo las entidades en el ámbito de las políticas sociales) y el 0,7% del IRPF, se están publicando con un retraso de más de medio año respecto al período de ejecución y el pago se está efectuando durante los últimos meses del año de ejecución o, incluso, el año siguiente. Mientras, las entidades sociales deben asumir todos los gastos de los proyectos sin saber si las acciones que están desarrollando estarán cubiertas, o no, por las subvenciones.
“Esta lentitud burocrática la llevamos arrastrando desde hace años, sin embargo, con la pandemia se ha agravado especialmente. Nunca habíamos estado tan mal como ahora. Durante este tiempo, no hemos dejado de pedir al Gobierno de la Generalitat que solucione estas incidencias de forma urgente porque generan enormes problemas de tesorería, además de mucha inseguridad, en unas entidades sociales que somos y hacemos un servicio público y que no hemos dejado de estar junto a las personas, incluido en los momentos más duros de la crisis social” ha recordado la presidenta de la Mesa, Francina Alsina, quien ha insistido en las consecuencias directas. “Estamos aumentando las pólizas de crédito. Estamos asumiendo los intereses de estos créditos que quedan fuera de la subvención y estamos reduciendo la estructura técnica de los equipos profesionales,
Ante esta situación, la Mesa va a proponer a la Generalitat la creación de un grupo de trabajo mixto con el tercer sector para abordar mejoras en el sistema de financiación. El Departamento de Derechos Sociales se comprometió el pasado noviembre a impulsar la creación de este grupo pero, pese a las reiteradas peticiones de la Mesa, cinco meses después no se ha convocado. “Nunca hemos fallado. Siempre que el Gobierno ha requerido nuestra ayuda para dar respuesta a emergencias sociales, hemos estado ahí. El reconocimiento a la labor y la contribución del tercer sector social debe demostrarse con hechos, no con palabras. Es el momento de hacerlo”, señala Francina Alsina.
La Mesa plantea a la Generalitat de Cataluña 5 propuestas que quedan recogidas, con alguna enmienda, en una moción que recientemente fue aprobada en el Parlament. La Mesa espera que el Govern las asuma. Se trata de las siguientes propuestas:
- Constituir con celeridad el grupo de trabajo mixto Generalitat – Mesa en el que están todos los departamentos que gestionan subvenciones dirigidas a las entidades sociales: Economía, Salud, Igualdad y Feminismos, Justicia, Derechos Sociales, Empresa y Trabajo y Presidencia.
- Pactar con el tercer sector social un calendario de convocatorias de subvenciones que se resuelvan el año anterior al período de ejecución o, como mucho, el primer trimestre del año en curso para conseguir que las entidades puedan planificarse previamente y no llegar a ejecutar las actuaciones sin saber si serán acciones subvencionadas o no.
- Garantizar el pago de las convocatorias de las subvenciones en el primer trimestre del año de ejecución de forma progresivamente proporcional para que las entidades no tengan que asumir con fondos propios o pólizas de crédito los costes de los proyectos que son subvencionados.
- Realizar el proceso de revisión de los proyectos que son financiados por las convocatorias de la COSPE y el IRPF y que deberían pasarse a la cartera de servicios de forma consensuada con el tercer sector social. La modificación de las bases de las convocatorias de la COSPE y el IRPF que quiere llevar a cabo el Departamento de Derechos Sociales, también debe realizarse de manera pactada con el tercer sector.
- asegurar la interlocución permanente con las entidades sociales a todos los niveles. En el político, garantizar una comunicación fluida entre el Departamento de Derechos Sociales y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya; particularmente, en los procesos de las convocatorias públicas, es necesario nombrar responsables del departamento para cada convocatoria para que las entidades puedan dirigirse a ellas para resolver dudas de requerimientos, calendarios, formularios u otras cuestiones.