La drástica reducción llega tras el anuncio del pasado mes de enero por parte del Ministerio de Sanidad de su compromiso en mantener el VIH como prioridad.
Tras el anuncio del gobierno español de la reducción, aún por concretar, de las ayudas para la respuesta ante el VIH y sida, plataformas estatales y autonómicas que aúnan más de 300 organizaciones de todo el estado, consideran que los presupuestos que se publicaron ayer representan un paso atrás en la respuesta ante el VIH que conllevará graves consecuencias. Aunque las informaciones todavía son confusas e incluso contradictorias, se da por segura la retirada de las transferencias a las comunidades autónomas y se especula con la posible desaparición del Plan Nacional del Sida. Según Agustín González, representante de FAUDAS, “no podemos entender ni consentir que en un momento como el actual, donde la primera consideración debería ser el mantenimiento del estado de bienestar, la reducción presupuestaria sea tan fuerte en sanidad y educación y en cambio partidas como las de defensa casi no se toquen”.
Las plataformas estatales del VIH y sida consideran que la decisión tomada por el Gobierno Español es altamente irresponsable, porque irá en detrimento de las acciones para prevenir el VIH, reducir su impacto y proteger los derechos humanos. Igualmente, esta decisión supone una dejación del Gobierno español en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía. Sin duda, esta decisión supone un retroceso de 30 años a la respuesta frente al VIH en nuestro país. Así, de la rueda de prensa que ofreció el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se extrae que el Gobierno habría decidido eliminar la parte del programa de respuesta ante el VIH y sida que hasta ahora gestionaban las comunidades autónomas, manteniendo supuestamente la línea destinada a los programas estatales gestionados por las entidades y organizaciones del ámbito. No queda clara todavía la cuantía que se destinaría a esta línea de acción, que podría cambiar su nombre por “actividades de lucha contra el sida” según algunas fuentes.
Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB, afirma que “siguen sin estar suficientemente claros aspectos como la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida como órgano coordinador de la respuesta frente al VIH, o la cantidad prevista de forma específica para subvenciones a ONG dentro de la partida de tres millones de euros existente para actividades de lucha contra el sida”. Y añade que “el Gobierno debería aclarar públicamente la continuidad de la Secretaría y reflejar claramente en el borrador definitivo de los presupuestos la cantidad destinada para este tipo de subvenciones”.
Según Montse Pineda, presidenta del Comitè 1er de Desembre, “esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente económica sino también política y jurídica puesto que el gobierno español ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional reconocida legalmente para tomar este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, encargada de coordinar las políticas de prevención del VIH en nuestro país y en la que participan diferentes Ministerios, las Comunidades Autónomas y las ONG, tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los diferentes agentes que participan en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los términos reales de la decisión tomada”.
En cualquier caso, la eliminación de estas transferencias económicas a las Comunidades Autónomas pondría en peligro la respuesta frente al VIH en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la subvención de acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, locales o autonómicas, entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban acciones con colectivos a los que el sistema público no llega. Para Jancho Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, esto supone “un golpe durísimo a la atención y prevención del VIH y el sida, puesto que las ONG no podrán a llevar a cabo estas acciones de prevención y muchas de las personas que acuden a esas ONG locales no tendrán donde acudir”. En referencia a las palabras de la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, que se mostraba ayer convencida de que los gobiernos autonómicos seguirán apoyando estas iniciativas, Jancho Barrios ha mostrado también su disconformidad ya que “una parte de los presupuestos con los que las Comunidades Autónomas contaban para ello, provenían de estas transferencias específicas que ahora se eliminarían”.
Esta decisión, por tanto, colocaría en una situación muy vulnerable a las ONG de ámbito autonómico y podría suponer la desaparición del movimiento asociativo del campo del VIH y sida del estado español. Según Montse Pineda se trata de “un ataque a un modelo de participación de la ciudadanía, dirigido a fragilizar la sociedad civil organizada y los derechos de la ciudadanía. Supone un ataque al movimiento asociativo VIH y sida que durante los últimos 30 años ha formado parte del sistema sanitario y social y que ha contribuido a mantener estable la infección por VIH en el estado español, cuyas acciones han sido la puerta de entrada para la intervención con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad a los que el sistema público no puede acceder”.
Para las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida, la decisión unilateral tomada por el Gobierno supondría un claro retroceso en la respuesta frente al VIH, y contradiría claramente los acuerdos internacionales -tanto económicos como políticos- que ha asumido el gobierno español ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas de VIH hacia el ‘Objetivo Cero’: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida”. En este sentido, Marta Pastor, presidenta de FUNSIDA, destaca que “al eliminar las transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de acciones de prevención del VIH, el Gobierno no asume su responsabilidad para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales adoptados, poniendo de parapeto a las comunidades como responsables de no poder cumplir con los objetivos de prevención del VIH”.
Igualmente, esta decisión también supondría una contradicción con las ideas reflejadas en los propios presupuestos a la hora de exponer las estrategias de prevención del VIH, en los que se señala que el esfuerzo combinado de las administraciones públicas debe unirse al refuerzo de las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que cuentan con una mayor accesibilidad a determinadas poblaciones vulnerables, especialmente las más cerradas o más excluidas, y que requiere, por lo tanto, un apoyo firme de estas organizaciones por parte de las instituciones”. Según Julio Gómez, presidente de REDVIH, “las consecuencias económicas van a ser mucho mayores y mucho más negativas que el recorte realizado puesto que, por un lado, el VIH es una infección que se puede prevenir -siendo la prevención más rentable que el tratamiento crónico de la infección- y por otro, porque se dejarán de realizar acciones relacionadas con cuestiones de morbimortalidad de las poblaciones más desamparadas, que son obviadas en estos presupuestos. Esto nos hace pensar que a este gobierno no le importa la salud pública y especialmente la salud de los colectivos más desfavorecidos”.
Por todo, ello, las plataformas estatales y organizaciones civiles que trabajan en la respuesta al VIH y sida solicitan a la ministra de Sanidad una reunión, con carácter de urgencia, para la clarificación de las noticias contradictorias aparecidas, reunión por otra parte, ya solicitada en las pasadas semanas. Además, las organizaciones exigen que se diga claramente en qué partida de los Presupuestos Generales del estado están consignadas, si es el caso, las cantidades de dinero destinadas a la respuesta al VIH, tanto las destinadas a subvencionar las actividades que realizan las ONG como las que necesita el propio Plan Nacional del Sida para su funcionamiento. Así mismo, exigen que en el trámite parlamentario para la aprobación de los presupuestos se consignen dichas cantidades de manera explícita y sin lugar a dudas.
Las plataformas estatales y autonómicas que firman esta nota de prensa son: CALCSICOVA, CESIDA, Comité 1er de Desembre, Coordinadora Gai i Lesbiana, EUSKALSIDA, FAUDAS, Federación Trabajando en Positivo, FELGTB, FEAT, Fundación Triángulo, Fundación Lucía, FUNSIDA y REDVIH.