El neomachismo o postmachismo “es el machismo de siempre pero con un discurso transformado para poder introducirse y calar en el mundo actual”. De esta manera, presenta diferentes formas de manifestarse que van más allá del microsistema (pareja, familia…) para filtrarse en las principales estructuras sociales perpetuando las desigualdades de género y la violencia machista.
Algunos ejemplos los encontramos al afirmar que la violencia no tiene género; mantener el discurso que declara que la “igualdad se ha conseguido”; ridiculizar el lenguaje no sexista o apoyar la falsa creencia de que hay un gran número de denuncias falsas (cuando los datos aportados por la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer, ponen de manifiesto que estas sólo representan un 0.01%).
Todo esto son diferentes maneras de perpetuar el machismo sin parecer machista, adaptando un discurso políticamente correcto.
Otra forma que utiliza el neomachismo para integrarse en nuestro sistema social es utilizando los estamentos públicos. Por ejemplo, mediante sentencias de jueces y juezas que quitan la custodia a las madres de sus hijos e hijas, basándose en el Síndrome de alienación Parental (SAP), aduciendo que los manipulan contra el padre, en ocasiones condenado por violencia de género. Recordamos que el SAP es una teoría seudocientífica, no reconocida por ninguna asociación profesional ni científica, habiendo sido rechazada por la APA. En el 2008 el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado abiertamente en contra de la aplicación de este síndrome, recomendación que ha reafirmado este mismo mes en la actualización de la Guía de actuación judicial ante la violencia de género, siguiendo una corriendo marcada por la Coordinadora de Psicología Jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España en su comunicado de 18/06/2008.
La ONG Save the Children en su informe La justicia española ante el abuso sexual infantil califica de preocupante que muchos juzgados estén dando validez al SAP, dando lugar a la obstaculización en la investigación de presuntos abusos sexuales infantiles y, por tanto, provocando la desprotección de muchos menores.
Como resultado de la utilización del supuesto SAP en las resoluciones judiciales, muchos agresores quedan absueltos de cualquier responsabilidad, mientras que son las víctimas las cuestionadas y acusadas.
Dentro de este marco, una nueva modalidad con la que nos estamos encontrando las profesionales del ámbito en la intervención en violencia machista, son las denuncias a las propias profesionales por mala praxis ante los colegios profesionales y/o juzgados por parte de los agresores, solicitando la interrupción de nuestra intervención, sobre todo en hijos e hijas y/o nuestra inhabilitación. Esto viene dado en el marco de la legislación que establece que para que un/una menor reciba tratamiento psicológico, hace falta la autorización explícita del padre y la madre. Como es de imaginar, los padres agresores difícilmente estarán de acuerdo que los hijos/se sean atendidos por servicios de violencia.
Este hecho es preocupante ya que se utilizan los recursos legales y judiciales para continuar ejerciendo violencia hacia las mujeres dificultando/intentando impedir la intervención de recuperación psico-emocional hacia la mujer y sus hijos/as.
Son, en definitiva, reacciones del sistema que intenta preservar el status quo ante una ley y una sociedad que pretende lograr la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia machista.
Es necesario que todos y todas los y las profesionales de los diferentes ámbitos, jurídico, psicológico, social y desde los diferentes recursos y servicios trabajemos en la misma línea, la de seguir visibilizando las diferentes formas de violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo, y poder dotar de recursos y herramientas a las víctimas y a sus hijos/as para afrontar y salir de la situación en que se encuentran.