La parálisis que comporta la provisionalidad al frente de las administraciones públicas dificulta enormemente la tarea de las entidades de acción social.
El pasado miércoles, 13 de febrero, una mayoría parlamentaria votó en el Congreso de los Diputados en contra de la aprobación de los Presupuestos estatales. La incertidumbre marca el contexto en que vivimos prácticamente en todas las esferas de nuestras vidas. Más que líquida, la realidad acontece gaseosa, volátil y vertiginosa. Pero los efectos no son los mismos para todos.
El proyecto de presupuestos pactado por el PSOE y Podemos incluía una serie de medidas que ahora han quedado, como mínimo, suspendidas. En materia social afectaban a varios ámbitos que requieren de forma urgente una mayor inversión: dependencia, pobreza infantil, políticas de acogida a adolescentes y jóvenes migrados, violencia de género… Los cambios tributarios que acompañaban los presupuestos tenían que contribuir a aumentar la recaudación para hacer posibles estas medidas.
El viernes, 15 de febrero, el presidente español anunciaba la convocatoria anticipada de elecciones generales y la incertidumbre se multiplica. Las entidades de acción social, que trabajamos con quien más sufre la inoperatividad de los gobiernos porque es quien más necesita de su acción redistributiva y de garante de los derechos sociales, luchamos en todos los frentes. Al margen de colores políticos, de pactos y de ejes del debate, la parálisis que comporta la provisionalidad al frente de las administraciones públicas dificulta enormemente nuestra tarea.
Infradotación crónica de las políticas sociales
Por un lado, dar respuesta a las necesidades sociales emergentes significa actuar con agilidad y adaptarse constantemente. Por otro, diseñar políticas sociales con visión preventiva requiere valentía y mirada larga. Las necesidades que tenemos como comunidad no pueden estar sujetas a la dinámica electoral ni al juego político, a menudo más ubicado en las lógicas de poder que en la voluntad de servicio. Desgraciadamente.
Nuestra responsabilidad como sector pasa por reivindicar los derechos de la ciudadanía y reclamar la acción política necesaria para hacerlos efectivos, y en este sentido pensamos que habría que preservar algunos temas de la agenda para asegurar su continuidad. Pobreza y desigualdades, vivienda, ocupación de calidad, programas de acogida… Son muchos los temas que no se pueden permitir cambios tan menudeados de interlocución o de orientación y convendría una reflexión conjunta para buscar una modalidad de relación que permita blindar ciertas cuestiones.
Las políticas sociales en nuestro país sufren una infradotación crónica y estructural que nos sitúa a la cola de Europa en muchos aspectos. A pesar de los últimos años de supuesta recuperación económica, no hemos recuperado ni siquiera los niveles de inversión previos a la crisis y arrastramos como gran asignatura pendiente el logro los estándares europeos de protección social. Lo que tendría que ser una prioridad absoluta no puede quedar en segundo plano, y mucho menos sometido a tácticas o cálculos partidistas.
Desde el tercer sector social sentimos la presión de un contexto poco favorable al diálogo y sabemos de las tentaciones de instrumentalizar nuestras palabras y actuaciones para leerlas de manera interesada. Nosotros seguiremos defendiendo y construyendo una sociedad más inclusiva siempre, desde la lógica de los derechos y el protagonismo de las personas. Y desde esta posición continuaremos hablando, con todo el mundo y en todo momento.
Sonia Fuertes
Presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)
Fuente: El Periódico de Cataluña