Un total de 150 personas ha realizado trabajos en beneficio de la comunidad en centros de mayores gestionados por FSC

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña cuenta con el apoyo de entidades sociales y de voluntariado para favorecer la reinserción de personas que deben cumplir medidas penales. Es el caso de la Fundación Salud y Comunidad, donde en los centros que gestiona de mayores se realizan trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), una de las modalidades más aplicadas de las medidas penales alternativas.

Desde arreglar un jardín, realizar tareas de mantenimiento, acompañar a los mayores en las salidas terapéuticas, etc. Las posibilidades de realizar actividades son muchas (principalmente, relacionadas con tareas logísticas) durante el tiempo que en cada caso marque el juez al fijar la condena.

Los delitos con penas de hasta un año de prisión, considerados como leves, son susceptibles de aplicación de una medida penal alternativa y permiten al infractor o infractora hacer frente a su responsabilidad penal sin privarle de libertad ni alterar excesivamente su vida familiar, laboral o social. Se trata de acuerdos judiciales que permiten dar una respuesta a los hechos delictivos, menos aflictiva que el ingreso en un centro penitenciario, atendiendo a la orientación reeducativa y de reinserción social establecida en la Constitución. El programa comenzó en el Área de Atención a la Dependencia de FSC en el 2010 y ya han participado 150 personas en el mismo, realizando trabajos en beneficio de la comunidad en los servicios que gestionamos de mayores en Cataluña.

Por otra parte, recientemente se ha firmado un convenio con el Gobierno de Aragón para poder desarrollar este programa como alternativa al cumplimiento de medidas penales tradicionales en los centros de mayores que gestionamos en esta comunidad. “FSC ha pretendido desde sus inicios fomentar la reinserción de las personas en la sociedad, incluso en los centros en los que trabajamos con colectivos de personas con dependencias a diferentes niveles intentamos que esta seña de nuestra entidad siga patente. Estas tareas también posibilitan que los participantes desarrollen hábitos positivos y habilidades que les puedan ser útiles en su proceso posterior de integración social, lo cual incide en la reducción de las reincidencias”, mantienen desde el Área de Atención a la Dependencia.  Estos trabajos consisten en prestar, sin retribución, una actividad de interés público o social, lo cual permite a los participantes en el programa conocer de primera mano la utilidad de los servicios de acción social, a la vez que permite generar beneficios colectivos.

Desde el área de mayores se considera que la experiencia es buena para ambas partes, participantes en el programa y beneficiarios/as. “Mediante la prestación de estos trabajos, existe la voluntad de responsabilizar a los penados/as y posibilitar que realicen acciones útiles para la comunidad. Nuestra entidad se ve muy beneficiada con el trabajo realizado, ya que son muchas las horas que dedican estas personas a las diferentes tareas. Normalmente, un máximo de 6 horas diarias, aunque también depende de las circunstancias de cada participante”.

La actividad que realizan las personas penadas suele estar relacionada con la naturaleza del delito cometido, ya que se entiende como una tarea de reparación de los daños causados (Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal).  Según un estudio reciente elaborado por Instituciones Penitenciarias sobre el perfil del penado/a a nivel nacional que realiza trabajos en beneficio de la comunidad, los delitos más frecuentes suelen ser los relacionados con la seguridad vial (76%), violencia de género (13,5%) y otros (8,5%). Un 2% responde con un NS/NC. La muestra de este estudio la integran personas con sentencias condenatorias a la pena de TBC que han tenido entrada en los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

La mayoría de los delitos de seguridad vial tienen que ver con el consumo de alcohol (6 de cada 10), seguidos de la conducción sin carné o sin puntos, el exceso de velocidad, la negación a realizar la prueba de alcohol, entre otros. El perfil del infractor/a es el de una persona normalizada e integrada en la sociedad, en la mayoría de los casos. Por otro lado, el 68,5% no trabaja y cerca del 60% cuenta con estudios primarios. Un 22% tiene estudios secundarios, un 15,8% ningún estudio y el 3,6 cuenta con estudios universitarios, según señala el informe. El estudio indica, además, que el 81,2% de los penados son españoles y que en su mayoría se trata de hombres (92%) de entre 25 y 45 años.