Las entidades sociales catalanas han puesto por enésima vez el grito en el cielo por la inestabilidad económica en la que viven inmersas tras más de un año de dificultad, recortes e impagos. Probablemente, un grito algo más alto que los de otras veces: acusaron al Gobierno catalán de no considerar una prioridad la acción social.
Y se centraron en el tercer apartado: la deuda. La Taula del Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones que se dedican a la acción social en Catalunya, y la Confederació, colectivo de empresas sociales, presentaron los resultados de un estudio cuya conclusión es que las administraciones públicas en su conjunto deben a las entidades catalanas 640 millones de euros entre subvenciones, conciertos, contratos y convenios. De esta suma, 590 millones corresponden a las administraciones catalanas y 435 millones solo a la Generalitat.
El estudio, una proyección elaborada sobre la realidad de 155 entidades de las 7.500 que hay en total, ya se hizo en febrero, y entonces la deuda total se cifró en 900 millones de euros. Pero no parece que sea una cuestión de 600 o 900. Ni que la reducción de esa deuda sea un alivio considerable, porque a estas alturas las oenegés están más castigadas que entonces y porque esa deuda altera el día a día de una entidad. Al contrario, la situación es cada vez peor, explicó la presidenta de la Taula, Àngels Guiteras, que compareció junto con el presidente de La Confederació, Xaver Puig. Como consecuencia de la dificultad para cobrar y acceder al crédito, el 90% de las entidades se han visto obligadas a retrasar pagos de nóminas.
LOS EFECTOS
Un 51% dice haber tenido que «ajustar la plantilla». El 20% ha despedido a gente y el 24% no ha sustituido a trabajadores de baja, o no ha reemplazado a los que se jubilaban, ha reducido salarios e incluso ratios (número de trabajadores por usuarios) en los casos en los que estas superaban las exigencia legales. Del total de la deuda, unos 280 millones de euros corresponden a Benestar Social (entre ellos, los 70 millones del concierto de julio que no podrá pagar hasta el 2013).
No es, como se ha dicho, el primer estudio sobre deuda con el llamado tercer sector. Tampoco han empezado ahora las dificultades para las entidades. Pero ayer el discurso fue algo más duro. Las entidades sociales son las únicas que han sufrido recortes sin protestar visiblemente, y mucho menos, de forma contundente. Es más, hace tres meses aceptaron participar en un acto con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, con el impago de julio todavía sangrando. El acto sirvió para escenificar la aprobación de un plan de apoyo al tercer sector que especificaba que ese plan no costaría un euro al erario público, con lo cual se ofrecía a las entidades consejos y estrategias, más o menos elaborados pero gratis.
Guiteras parece haber entendido que ya no hay opción de poner la otra mejilla. Por lo menos no sin lanzar algunos mensajes claros. «Nuestra labor no es una prioridad para el Govern. Que sea una prioridad implica pagar lo que se debe». Al próximo Ejecutivo catalán la presidenta de la Taula le pide tres cosas: que elabore un plan para pagar la deuda; el compromiso de mediar para que las entidades bancarias faciliten líneas de crédito a las oenegés y la garantía de que nuevos recortes no afectarán a a la atención a las familias. Pese a ello, advierte de que ya a estas alturas está en peligro la calidad de la atención social. Guiteras fue interrogada sobre si Cleries debe ser relevado en la confección del nuevo Govern, y ella no lo reclamó, pero sí esperó del próximo Gobierno catalán «más confianza y más credibilidad».
MATICES DE BENESTAR
Fuentes de Benestar adviertieron de que algunos de los números expuestos por la Taula y la Confederació son inexactos y «exagerados». Según esta versión, los 280 millones de euros de deuda que el estudio achaca al departamento que dirige Cleries serían «unos 80». Y la deuda de 70 millones por el concierto de julio, solo 40, ya que el departamento sostiene que del pago mensual, unos 30 millones son para entidades de carácter mercantil ajenas al tercer sector. Guiteras replicó que la Taula ofrece los datos que le dan las entidades, y que si la Administración tiene otros que son los correctos, los comunique. La situación de ahogo de las entidades, agregó, es indudable.
Fuente: El Periódico de Catalunya