UNAD, que agrupa a más de 255 ONG de todas las comunidades autónomas, tiene contabilizada una deuda de más de 10 millones de euros por parte de las administraciones públicas.
Según los datos facilitados por las ONG integradas en UNAD, alrededor de 35.000 personas han dejado ya de ser atendidas en diferentes programas, a la vez que se han perdido más de 200 puestos de trabajo y se han cerrado más de 60 programas. El presidente de UNAD, Luciano Poyato, hace un llamamiento a los partidos políticos y a las administraciones públicas para evitar un retroceso de una década en uno de los principales problemas de salud pública del país.
La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), que agrupa a 255 ONG de todo el Estado, considera que la red asistencial española en el ámbito de las drogas está en serio riesgo de desaparición a causa de los retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas y a causa de los recortes ya efectivos a anunciado.
UNAD, la mayor ONG en el ámbito de las drogas del país, tiene contabilizada una deuda, en estos momentos, de más de 10 millones de euros por parte de las administraciones públicas con las organizaciones sociales. El 60 por ciento de esa deuda se debe a las Comunidades Autónomas.
Los datos recogidos por UNAD entre sus entidades asociadas muestran una realidad dramática: más de 35.000 personas han dejado ya de ser atendidas en sus recursos y centros, 66 programas ya se han clausurado, 44 ONG han anunciado su inminente cierre, 200 trabajadores han perdido su puesto de trabajo, y 371 trabajadores está sufriendo retrasos en sus nóminas, retrasos que en ocasiones superan los cinco meses.
Ante esta situación el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos y a los responsables de las administraciones públicas para evitar que estas medidas sigan adelante, “porque ello significará un retraso de más de una década en uno de los principales problemas de salud pública del país”.
UNAD recuerda que España se incorporó tarde a los programas asistenciales y de prevención, y que eso provocó muchas muertes y mucho sufrimiento evitable. Después hicimos un gran esfuerzo conjunto entre las ONG y las administraciones públicas que nos ha llevado a ser un país de vanguardia en este tema, un país sin listas de espera en los programas asistenciales, con una amplísimo abanico de programas que dan cobertura a la mayor parte de la población con problemas de adicciones. “Todo eso es lo que ahora está en peligro, y no se trata de una amenaza de futuro, es algo que ya está ocurriendo”, según Luciano Poyato.
España está a la cabeza del consumo de drogas en varios apartados, según todas la estadísticas, y los recortes también va a afectar a los fondos para programas preventivos, lo puede suponer un riesgo a medio y largo plazo, en opinión de UNAD.
Los datos indican que los recortes y retrasos afectan a todas las comunidades autónomas, aunque las situaciones son muy diferentes: En Madrid está amenazada la existencia del Instituto de Adicciones, que tan importante labora realiza. En esa misma comunidad se ha anunciado el cierre de los pisos de reinserción. En Castilla La Mancha el retraso en los pagos a los programas está en los 6 meses. En Andalucía la reducción de fondos es del 15% por ciento, aunque por el momento no afecta a los recursos asistenciales. En Valencia la propuesta es la de sacar a licitación todos los programas, lo que implica un riesgo real para la calidad del servicio.
Fuente: UNAD