Demasiados presos en Estados Unidos, políticas represivas en Asia, corrupción y desestabilización en Afganistán y África occidental, una inmensa ola de violencia en Latinoamérica, una epidemia de VIH en Rusia, escasez global de medicamentos y abusos continuos de los derechos humanos. Son sólo algunos de los innumerables daños colaterales que ha tenido la lucha contra las drogas.
«Es hora de acabar con esta guerra. Existe un amplio consenso y suficientes evidencias para saber que la estrategia actual ha sido desastrosa, no ha logrado su objetivo y ha provocado muchas consecuencias negativas. Continuar por esta línea no está justificado».
Quien pronuncia la frase es John Collins, coordinador de proyecto de política internacional sobre drogas de la London School of Economics (LSE), pero la suscriben en un informe de 84 páginas cuatro Premios Nobel de Economía -Kenneth Arrow (1972), Sir Christopher Pissarides (2010), Thomas Schelling (2005) y Vernon Smith (2002)-, y diversas personalidades como el ex primer ministro británico Nick Clegg, el Alto Representante de la UE para Asuntos de Seguridad y Política exterior (1999-2009), Javier Solana, y el ex secretario de Estado de EEUU (1982-1989), George Shultz.
Todos coinciden en que ha llegado el momento de redirigir los recursos que se destinan a las políticas punitivas de ahora «hacia políticas de salud pública basadas en la evidencia y en rigurosos análisis económicos».
La aproximación represiva no ha dado frutos. «La estrategia de la ONU para lograr un mundo libre de drogas ha fracasado. Es un objetivo inalcanzable. Décadas de evidencia permiten concluir que la oferta y la demanda de drogas ilegales es algo que no se puede erradicar, sólo se puede manejar mejor o peor«, declara Collins. Y añade que hasta el momento «se ha criminalizado el consumoy no se ha entendido las particularidades de cada droga ni de cada región».
Por eso pide a la ONU que «reconozca que su papel es asistir a los Estados para que promulguen políticas mejores basadas en la ciencia y no contrarrestarlas». Según él, la nueva estrategia debe centrarse en «minimizar los daños de la droga y del narcotráfico» y añade que «el consenso académico emergente aboga por no criminalizar el consumo personal».
Joanne Csete, ex directora del programa de política global contra la droga de la Fundación Sociedad Abierta, recoge que según el último documento de la UNODC (la Agencia de la ONU contra la droga y el crimen) en el mundo entre 167 y 315 millones de personas entre 15 y 64 años consumen drogas ilegales. En 2011, entre 16 y 29 millones tenían un consumo problemático, menos del 10% del total. Pero muy pocos tienen acceso a terapias para tratar la dependencia. Un análisis de 2013 destacaba que el 83% de la población mundial tiene escaso o nulo acceso a la morfina y otros fármacos.
Tampoco en las prisiones apuestan por estos tratamientos. Según Ernest Drucker, profesor adjunto de epidemiología en la Universidad de Columbia, entre el 70 y el 85% de los internos en las cárceles de EEUU necesitan algún tipo de terapia para combatir su adicción. Pero en vez de apostar por esto, el sistema prefiere que dentro de la prisión corra más la heroína que la metadona. Los servicios para tratar la dependencia están olvidados y sin financiación.
La ruta de la droga
Peter Reuter, profesor de políticas públicas en el Departamento de Criminología de la Universidad de Maryland (EEUU) traza las principales rutas de la droga y destaca cómo las políticas de prohibición han terminado transfiriendo gran parte de los costes del problema a los países productores y de tránsito.
Sin dudar señala que «México es la plataforma natural para el tráfico de drogas a EEUU. Sirve como principal entrada de cocaína, heroína, cannabis y metanfetaminas. En este contexto, las naciones caribeñas actúan como países de tránsito de la cocaína y las regiones de Centroamérica hacen de estaciones de servicio de México, pero nunca actúan de entrada directa a EEUU».
En Europa Occidental las fronteras son más complejas. «Los países que formaban parte de la antigua Yugoslavia, junto con Albania, se han convertido en una importante ruta de heroína». Por su parte «Marruecos es uno de los mayores exportadores de cannabis y Afganistán ha dominado la producción de heroína durante 20 años, pero son sus vecinos Irán, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán los que se han visto convertidos en rutas para mover la mercancía».
Luego están los casos extraños como el de Nigeria, que está aislado de los principales países productores o consumidores y tampoco tiene una tradición de producción local pero, sin embargo, «ha empezado a jugar un papel importante en el tráfico de heroína entre el sudeste asiático y Europa y EEUU. También se ha metido en el negocio de la cocaína.Ghana y Guinea Bisau son países de paso».
Desde 2007 se detectó que el triángulo de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) se había convertido en un área de mucha actividad de narcotraficantes. Negocio al que se suma más al sur Panamá.
Sobre el precio de la mercancía, Jonathan P. Caulkins, director de Investigación y Políticas Públicas en la Universidad Carnegie Mellon, constata que los traficantes demandan más de 10.000 dólares por kilogramo (unos 7.300 euros) para trasladar la cocaína de Suramérica a EEUU. En comparación, la empresa de mensajería FedEX lleva un kilo de cualquier cosa por menos de 60 dólares (43 euros).
«Aunque durante la cadena de producción-distribución se eleva mucho el precio final de la droga, esto tiene poco impacto en el consumo. Los estudios muestras que son los más jóvenes los que tienden a reaccionar más ante un aumeto de precio que los adultos», explica.
El problema en Latinoamérica
«Llevamos 100 años luchando contra las drogas y el narcotráfico y no hemos conseguido nada. Estamos cada vez peor». Así se expresa Jose Mujica, presidente de Uruguay, país que acaba de legalizar la producción y consumo de marihuana, un proyecto pionero que la comunidad internacional sigue con atención.
Los Gobiernos de Latinoamérica han dado la espalda a seguir con las políticas prohibicionistas «porque les han traído más problemas que soluciones», declaran Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y Pascual Restrepo, director del Centro de Investigación de Drogas de Colombia.
Los datos hablan por sí solos. El incremento del mercado de drogas ilegales observado entre 1994 y 2008 (alrededor de un 200%) es responsable aproximadamente del 25% de la tasa actual de homicidiosen Colombia. Unos 3.800 asesinatos al año están relacionados con el narcotráfico y la lucha contra el mismo. En México, la política de tolerancia cero emprendida por el ex presidente Felipe Calderón ha supuesto un aumento de los crímenes de ocho por cada 100.000 habitantes al año en 2006 a más de 23 en 2010.
Laura H. Atuesca Becerra, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, destaca «la creación de población interna desplazada (IDP) como uno de los costes indirectos de las políticas punitivas en Colombia y México«. Entre 2000 y 2010 Colombia ha logrado tener la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo, sólo por detrás de Sudán del Sur. En México, las cifras oficiales hablan de 160.000 desplazados, aunque consultoras privadas la elevan a 1,5 millones.
Otro de los costes son constitucionales, que Alejandro Madrazo Lajous, profesor del CIDE, define como «el abandono de los principios y derechos que rigen los sistemas de gobierno y que se justifican como medio para lograr un objetivo muy concreto, que es mejorar la lucha contra la droga».
El caso del ‘arraigo’, en México, es muy ilustrativo de los costes constitucionales. Se trata, en teoría, de una forma de arresto domiciliario, aunque en la práctica es una detención en un lugar que no se revela. Esta figura fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2005, pero en 2008 el Gobierno insertó la política del arraigo directamente en el texto de la Constitución y se acaba la polémica.
Fuente: El Mundo