El respeto a los derechos humanos y la consideración del adicto como un enfermo y no como un delincuente, dentro de la reducción del daño, son dos de los pilares de la política antidrogas que España presentó hoy en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
En su intervención ante este foro, la delegada del Gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, defendió que las estrategias de reducción del daño son «una vía de atenuar los perjuicios que el consumo de estas sustancias puede ocasionar tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto».
Espí explicó que los programas de disminución del daño, como los de intercambio de jeringuillas y de metadona, son «uno de los medios de reducción de la demanda que se incluyen en la política sobre drogas de España».
Insistió en que el recurso a esos programas «no significa que la política de reducción de la demanda de drogas en España no incluya medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social».
Así, Espí se refirió a que la política española antidrogas busca el equilibrio entre el descenso de la oferta y de la demanda.
Dentro de este último aspecto se incluyen tres áreas de actuación: prevención, disminución del riesgo y reducción del daño y asistencia e integración social.
España es uno de los países de la Unión Europea que más decididamente defiende las estrategias de reducción de daños, una política que contrasta con las posturas más duras de países como Italia o Suecia.
La defensa española de programas de metadona o de narcosalas (donde los adictos pueden tomar su dosis bajo supervisión sanitaria) es motivo de duras críticas por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Fuente: EFE