El respeto a los derechos humanos y la consideración del adicto como un enfermo y no como un delincuente, dentro de la reducción del daño, son dos de los pilares de la política antidrogas que España presentó hoy en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
La defensa española de programas de metadona o de narcosalas (donde los adictos pueden tomar su dosis bajo supervisión sanitaria) es motivo de duras críticas por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Fuente: EFE
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