FSC participa en la elaboración de la Declaración Institucional de UNAD ante la crisis de la COVID-19

El texto ha sido presentado recientemente en la Asamblea anual de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) y cuenta con el respaldo y las aportaciones de las entidades de la UNAD, entre ellas la Fundación Salud y Comunidad (FSC), concretamente desde el Área de Adicciones, Género y Familia, y el Área de Inclusión Social y Reducción del Daño en Drogodependencias. La declaración recoge, tanto las diferentes realidades de las entidades de adicciones tras el impacto de la crisis sociosanitaria, como las principales reivindicaciones de UNAD ante los organismos públicos y la sociedad en general.

Desde la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, queremos poner en valor nuestro modelo de atención integral y comunitario próximo a las personas y sus realidades cambiantes, un modelo que defiende la igualdad y los derechos de las personas.

Es imprescindible no solo mantener nuestro modelo, sino también contar con una red de atención potente y estable para llevarlo a cabo, una red que tendrá que fortalecerse y ampliarse. Hemos podido cubrir la emergencia en la crisis de la COVID-19 porque tenemos una red de atención detrás.

Ahora más que nunca, las entidades hemos demostrado que somos imprescindibles en las problemáticas sociales más extremas, que somos la comunidad que acoge y acompaña y da servicios a las personas siempre en los momentos de mayores dificultades, con compromiso, profesionalidad y solidaridad.

Las Administraciones deben de contar con nosotras para abordar la realidad que tenemos y las que están por venir. Necesitamos el compromiso de las políticas sociales para que las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables puedan atenderse con más garantías que las que ofrecen la beneficencia y la caridad.

Muchas de las personas con adicciones que ya estaban en los márgenes de la sociedad son las que actualmente han recibido y van a recibir un mayor impacto de exclusión social. Porque las adicciones son un problema acuciante que requiere una atención sociosanitaria continua para atajar el impacto que tiene en todas las dimensiones de la vida de las personas usuarias y de sus familias. Se trata de una realidad de gran magnitud que no puede permanecer en un segundo plano en la agenda política, mediática y social.

Durante el confinamiento hemos observado cómo el aumento de las demandas de ayuda debido a problemas con el juego online pone de manifiesto que la situación de las personas con otras adicciones sin sustancia/comportamentales también se está agravando. Desde la red estamos trabajando por no dejar a nadie atrás y hacer lo posible para garantizar que las personas con problemas de adicciones sigan estando atendidas.

En este escenario que está dejando la COVID-19, es necesario establecer protocolos humanitarios que tengan en cuenta a una población que ya se encontraba en extrema vulnerabilidad antes de extenderse la pandemia.

Una parte de nuestras personas usuarias está pasando el confinamiento en sus domicilios y han vivido episodios de miedo, estrés, ansiedad, angustia, problemas de relación familiar o violencia; situaciones que muchas veces han podido contenerse de forma telemática, pero en otras ocasiones han acabado en recaídas, principalmente en el consumo de alcohol y psicofármacos. Son muchas las llamadas de personas usuarias y familiares pidiendo ayuda. Para que puedan retomar y continuar con sus tratamientos necesitan, no solo atención telemática de manera individual y grupal, sino el restablecimiento de los tratamientos presenciales en la red, pero, eso sí, contando con todas las medidas de prevención necesarias.

Por otro lado, muchas personas con las que trabajamos han permanecido en los servicios residenciales donde se encontraban al declararse el estado de alarma. En este caso hablamos de las comunidades terapéuticas, pisos de inserción, servicios que continuarán siendo esenciales en el escenario poscovid. Los centros residenciales que han podido mantenerse abiertos durante la crisis lo han conseguido gracias al esfuerzo enorme de los equipos de profesionales, que han tenido que enfrentarse a la situación sin que muchas de las Administraciones ofrecieran equipos de protección y protocolos para enfrentarse a los posibles casos positivos en COVID-19.

Para restablecer los servicios presenciales de toda la red de atención es imprescindible que puedan contar, tanto para profesionales como para las personas usuarias, con test, Equipos de Protección Individual y protocolos claros de cara al desconfinamiento para prevenir posibles contagios. Solo de esta manera podrán reorganizarse los procesos asistenciales y reactivar el circuito de entradas, y salidas

Las personas con consumo activo y en situación de calle, son uno de los grupos más vulnerables y de gran complejidad en la atención. Es una población con problemas orgánicos y psiquiátricos graves. Si bien desde muchas administraciones se han articulado respuestas rápidas y eficaces en colaboración con las organizaciones sociales, estos meses han puesto de manifiesto la necesidad de abordar el sinhogarismo de forma estructural. Serán indispensables recursos más normalizados que garanticen no solo la pernocta sino también el mantenimiento de rutinas de alimentación, higiene y ocupación de tiempo que refuercen realmente los procesos de incorporación social.

Cuando termine el estado de alarma, la nueva normalidad no puede condenar a estas personas de nuevo a la calle para que retrocedan varias casillas en su día a día ahora que hemos logrado su estabilización en muchos casos.

El 100% de las mujeres en situación de calle sufre diversas violencias, pero sobre todo violencia sexual. Es prioritario para UNAD garantizar plazas suficientes para mujeres en los distintos espacios habilitados durante esta crisis, así como garantizar la seguridad de las mujeres con problemas de adicciones en los espacios residenciales. Necesitan espacios seguros donde les sea posible seguir con sus tratamientos a salvo de violencias machistas.

En el ámbito penal y penitenciario, UNAD demanda a la Administración Penitenciaria y al sistema judicial que se prioricen los tratamientos y que se garantice el derecho a la salud de las personas penadas y/o presas. Hay que recordar que casi el 70% de la población penitenciaria tiene problemas de adicciones y un estado de salud muy frágil.

Desde el primer día UNAD ha reclamado que se fomenten los cumplimientos extrapenitenciarios (suspensiones de la pena de prisión y cumplimientos de condena en el hogar a través de las distintas modalidades que ofrece nuestra legislación penitenciaria), petición que la OMS ha lanzado a nivel global. En la desescalada, creemos necesario seguir potenciando estos cumplimientos en el hogar con los controles oportunos pues siguen estando presas muchas personas con perfiles de escasa peligrosidad como por ejemplo personas mayores, enfermas, mujeres y, en general, personas con delitos no violentos.

Por otro lado, las entidades de UNAD hemos estado durante todo el estado de alarma acogiendo a personas penadas en nuestros recursos y atendiendo telefónica y telemáticamente tanto a las que pudieron irse a casa a cumplir de esta forma su condena como a aquellas que permanecían en los centros penitenciarios. Ahora nos ofrecemos para colaborar con la administración penitenciaria en el reto de devolver a las prisiones las actividades y programas de tratamiento que son tan necesarios.

No podemos olvidar tampoco el papel de la prevención en este escenario. Durante la crisis, muchos de los programas preventivos se han visto afectados por las circunstancias marcadas por el estado de alarma y también han tenido que reinventarse para seguir llegando a la población a través de canales telemáticos. Ahora mas que nunca será necesario fortalecer la prevención.

Reclamamos para nuestras organizaciones el pago íntegro de los contratos, convenios y subvenciones para el mantenimiento completo de la red de atención.

UNAD, junto a otras organizaciones asesoras del Plan Nacional sobre el SIDA, se pone a disposición del Gobierno para colaborar en el desarrollo de recomendaciones para prevenir el VIH y otras ITG en la fase de desescalada para evitar que se apliquen medidas de carácter restrictivo, estigmatizante y punitivo que puedan aumentar las barreras sociales para las personas que viven con VIH.

El porcentaje de paro en el colectivo de adicciones es muy superior a la media de la población, es de suponer que después de esta crisis va a quedar mucho más afectado y con mayor dificultad para lograr una incorporación laboral. Solicitamos programas sociolaborales específicos para poder lograr una autonomía real.

La Red UNAD se pone a disposición de las administraciones autonómicas y locales y del Plan Nacional sobre Drogas. Una vez más, reiteramos nuestra voluntad de colaborar y garantizar la atención a miles de personas a las que no podemos olvidar en estos momentos.

La pandemia sanitaria se ha vuelto pandemia social y UNAD, hoy más que nunca, necesita el respaldo inequívoco de las Administraciones. Desde UNAD, queremos seguir mejorando el modelo de intervención que consideramos es el más eficaz, pero, sobre todo, más digno para las personas que atendemos.

Ningún virus puede acabar con los derechos sociales conquistados durante décadas, muy al contrario, ha de aumentarlos Por una atención integral y comunitaria. ¡No puede haber marcha atrás!