La criminalización del consumo de drogas aviva la propagación de la hepatitis C

Un informe aboga por un replanteamiento drástico de las políticas represivas como medida para evitar un mayor impacto de esta epidemia entre los usuarios de drogas inyectables.

‘La guerra mundial contra la drogas’ ha tenido un impacto desastroso sobre la epidemia de hepatitis C. Ésta es la conclusión a la que llega un nuevo informe que se ha hecho público durante la 23 Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños que se está celebrando durante esta semana en Vilnius (Lituania). El informe, que lleva por título El impacto negativo de la guerra contra las drogas sobe la salud pública: la epidemia oculta de hepatitis C, ha sido realizado por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas y cuenta con el respaldo de ex líderes políticos internacionales, como el español Javier Solana o el colombiano César Gaviria, e intelectuales de renombre mundial, como Mario Vargas Llosa.

El documento recoge indicios y evidencias que muestran que la criminalización del consumo de drogas está convirtiendo a la hepatitis C en “una bomba de relojería viral”. El informe pone de manifiesto cómo los países con políticas más represivas contra el consumo de sustancias son los que tienen algunas de las peores epidemias de hepatitis C entre personas que se inyectan drogas.

Es bien sabido que el VHC tiene una gran capacidad infectiva y que se transmite con facilidad a través del contacto sanguíneo. Por esta razón, la hepatitis C afecta de forma desproporcionada a los usuarios de drogas inyectables (UDI): se estima que, de los 16 millones de personas que se inyectan drogas en el mundo, diez millones están infectados por el virus de la hepatitis C (VHC). La infección crónica por VHC puede provocar hepatopatía grave y es una causa cada vez más importante de enfermedad y muerte entre los UDI.

Durante las pasadas décadas, la adopción más o menos generalizada de programas de reducción de daños (intercambio de jeringuillas, programas de sustitución de opiáceos y distribución de preservativos) contribuyó en muchos países a disminuir las tasas de incidencia de hepatitis C y VIH en usuarios de drogas inyectables. De hecho, desde hace ya unos años, los programas de reducción de daños fueron adoptados por la ONU y ONUSIDA como estrategias de eficacia probada para reducir la incidencia de ambas infecciones entre las personas que se inyectan drogas.

Sin embargo, algunos países que defienden que las drogas causan un grave perjuicio para la salud y generan redes de delincuencia y corrupción y que adoptan la guerra contra las drogas como estrategia política para perseguir la producción, el comercio y el consumo de sustancias, consideran que ofrecer material de inyección nuevo y esterilizado y otras herramientas para la reducción de daños a las personas que se inyectan drogas es una forma de fomentar la dependencia en lugar de una medida de salud pública. Por este motivo, no solo se niegan a introducir los programas de reducción de daños en sus planes de salud pública, sino que persiguen con fuertes medidas criminalizadoras a las personas que consumen drogas.

A pesar de que la hepatitis C se puede prevenir y curar, los autores del informe advierten de que la actual guerra contra las drogas está favoreciendo el desarrollo de nuevos casos de infección por VHC y causando enfermedades y muertes innecesarias entre las personas que se inyectan drogas.

«Es una vergüenza que apenas un puñado de países pueden mostrar, en realidad, una disminución significativa de las nuevas infecciones de hepatitis C entre usuarios de drogas inyectables», ha declarado Michel Kazatchkine, miembro de la comisión y enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el VIH/sida en Europa del Este y Asia Central. «La hepatitis C debe ser una de las enfermedades más extremadamente subestimadas por los gobiernos del planeta”. Durante la presentación del informe, Michel Kazatchkine expresó su especial preocupación por la situación en Europa del Este y Asia Central.

En algunos lugares con políticas muy represivas en materia de drogas, como Tailandia y Rusia, hasta un 90% de los usuarios de drogas inyectables tienen hepatitis C. Se observan tasas particularmente elevadas de infección por VHC entre UDI de China (1,6 millones), de EE UU (1,5 millones) y de la Federación de Rusia (1,5 millones).

Es un hecho demostrado que los programas de reducción de daños (intercambio de jeringuillas, programas de sustitución de opiáceos y distribución de preservativos) pueden prevenir nuevos casos de infección por VHC. De cualquier modo, el informe cita investigaciones de todo el mundo que muestran que los países con políticas criminales represivas contra el consumo de drogas están provocando la exclusión de los usuarios de drogas inyectables ​​de los servicios de salud pública.

«Los escasos fondos públicos continúan siendo desperdiciados en intentos por aplicar una legislación contra las drogas represiva e ineficaz en lugar de invertirse en estrategias preventivas y terapéuticas de eficacia probada», indica el informe.

El encarcelamiento de las personas que se inyectan drogas también está provocando la propagación de la hepatitis C. De los 158 países que comunicaron el consumo de drogas en las centros penitenciarios, solo diez proporcionan programas de intercambio de jeringuillas a los reclusos, y únicamente 41 tienen programas de sustitución de opiáceos. El informe destaca la situación en EE UU, donde entre un 12 y un 35% de las personas privadas de libertad tienen hepatitis C en comparación con una prevalencia de entre un 1 y un 2% en la población general. A pesar de ello, la tasa de cribado de la hepatitis C entre la población reclusa es baja y las autoridades sanitarias del país norteamericano no recomiendan suministrar material de inyección limpio entre los reclusos.

El VHC es una infección potencialmente curable y pronto se contará con nuevas opciones terapéuticas, más eficaces y tolerables, que están resultando muy prometedoras en los ensayos clínicos. No obstante, incluso en un país como Lituania, donde se ha producido un progreso real para proporcionar terapia contra la hepatitis de manera gratuita, el tratamiento está llegando solo a un 5% de las personas que lo necesitan.

El informe reconoce a Escocia como ejemplo de buenas prácticas, y elogia los logros alcanzados en el país tras la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional contra la Hepatitis C. Entre dichos logros, se incluyen un aumento del acceso a material de inyección esterilizado; un incremento del número de pruebas de detección de la hepatitis C; una mayor concienciación y sensibilización hacia la enfermedad; una duplicación del número de personas que reciben tratamiento, y una «clara tendencia a la baja en la tasa de nuevas infecciones por VHC».

En sus conclusiones, el informe recomienda a los gobiernos reformar las actuales políticas contra las drogas, poniendo fin a la criminalización y el encarcelamiento en masa de personas que consumen drogas. También sugiere que los recursos se alejen de la «guerra contra las drogas» y se redirijan a intervenciones de salud pública que maximicen la prevención y el cuidado de la hepatitis C.

«Los gobiernos tienen que eliminar las restricciones legales o de facto en el suministro de material de inyección estéril y la provisión de otros programas de reducción de daños», enfatiza el informe. Y añade: «Los gobiernos tienen que garantizar que a las personas que consumen drogas no se las excluye de los programas de tratamiento».

Los autores del informe, para quienes la estrategia basada en la ‘guerra contra las drogas’ ha fracasado, piden una acción urgente que permita evitar lo más pronto posible daños importantes para la salud pública e individual.

Fuente: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH