La comparecencia de los presidentes de ACRA y ASCAD ante la comisión de Bienestar del Parlamento de Cataluña que se celebró el martes con motivo de la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad fue aprovechada para poner de manifiesto que el sector de atención a personas mayores sigue teniendo graves problemas, una parte importante de los cuales ha sido generado por la administración y su deficiente aplicación de la Ley, cosa que ha generado impagos y atrasos que ponen en riesgo la subsistencia de un sector que genera ocupación y cuida a personas vulnerables.

El proyecto de ley que se está debatiendo comportará que las residencias existentes tengan que acabar adaptándose a los nuevos requisitos, ya sea dentro de un plazo o si se desea traspasar o vender la actividad.

Cinta Pascual, presidenta de ACRA, dijo que aplaudía el nuevo proyecto aunque, sobre su necesidad, apuntó, hay que considerar que las residencias tienen unas buenas condiciones arquitectónicas;  como prueba de ello recordó que sólo un 4% de las quejas o denuncias que presentan los particulares ante la inspección tienen que ver con éstos.  Recordó también que, además de los impagos y atrasos de la Generalitat los requisitos que deben cumplir las residencias se han ido incrementando mientras  las tarifas están congeladas desde hace varios años e incluso han bajado como consecuencia de la no repercusión del IVA en centros colaboradores.

Para Cinta Pascual, modificar la Llei de Serveis Socials en una disposición adicional de una Ley de Accesibilidad no es lo correcto cuando lo que habría que hacer el plantear una modificación de mucho más calado.

Andrés Rueda, presidente de ASCAD se presentó de una forma más contundente.  Algo que llevó a la representante de Convergència i Unió de acusarlo de alarmista.  Rueda recordó que en un país como Alemania, el no haber previsto correctamente la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia está llevando a miles de mayores a tener que emigrar a Polonia buscando residencias más baratas.

Preguntando si de verdad “ahora toca esto”, el presidente de ASCAD recordó todas las normativas que hoy regulan algún aspecto de accesibilidad en residencias (la lista alcanzó las trece disposiciones) y que el proyecto que se tramita sólo derogaría una parte de lo que hoy está en  vigor de forma que, en la práctica el sistema acabará siendo aún más complejo.

A partir de ese momento Andrés Rueda fue destacando algunos aspectos concretos del proyecto que lo dotan de un cierto grado de perversión como que se obligue a los Ayuntamientos a que gasten dinero en promoción de la accesibilidad y supresión de barreras mientras cuando se habla de la Generalitat  se diga que está concederá ayudas, de acuerdo con su “disponibilidad presupuestaria”.

En palabras del presidente de ASCAD “tenemos dos cuestiones no cuestionables y que son fundamentales encima de la mesa: una valorar muy bien la dimensión de este proyecto acotándolo en reformas que sean innecesarias ó inoportunas y otra valorar muy bien quién y cómo se paga la fiesta porque la administración se apunta al after pero ya advierte que si no tiene recursos no va a pagar las copas… y estas copas son caras”.

Centrándose en aspectos del  proyecto, para Andrés Rueda, algo que puede parecer insignificante como qué espacio debe dejarse al lado de la taza del wc para que pueda ser considerado como adaptado tiene mucha relevancia.  Hasta ahora debe dejarse 80 cm a un lado, con el nuevo proyecto sería 80cm a cada lado.  “¿Hay que derruir todas las residencias?”, se preguntó Rueda.  La respuesta es difícil ya que el texto contempla unos plazos de transitoriedad y un desarrollo reglamentario (que en la anterior ley de accesibilidad tardó casi cuatro años en elaborarse) que está muy poco concretado y que dispone de márgenes tan amplios que el presidente de ASCAD los considera generadores de inseguridad.

No olvidó Andrés Rueda la modificación de la Ley de Servicios Sociales que introduce de soslayo el nuevo texto.  Consideró decepcionante que una ley contenga dos regímenes sancionadores, uno de ellos perteneciente a otro ámbito de actuación totalmente diferente.

ASCAD defiende una modificación del sistema que se utiliza para inspeccionar y eventualmente sancionar a los prestadores de servicios sociales.  Su presidente aprovechó la ocasión para volver a entregar a los grupos parlamentarios sus propuestas. Cambios en la inspección, cambios en régimen sancionador de residencias

En la comparecencia también participó un representante de una asociación de personas con discapacidad auditiva y los diferentes grupos parlamentarios aunque, sin duda, para el sector geroasistencial fueron estas dos intervenciones las que tuvieron relevancia.

Ahora habrá que ver cómo sigue la tramitación parlamentaria.  Algo que afectará de forma importante todas las residencias de mayores de Cataluña.

Fuente: Inforesidencias.com