La oposición critica el recorte en Acción Social, «por pequeño que sea», en el que puede ser el peor año de la crisis.
Si hay una partida de los presupuestos municipales que se mira con lupa en las actuales circunstancias económicas es la de Acción Social. Ayer el concejal Eduardo Maiz explicó en comisión al resto de grupos las líneas maestras de las próximas cuentas del gabinete Azkuna en materia de gasto social. El presupuesto del área que dirige Maiz es uno de los que menos cae -un 1,37%- en unas cuentas marcadas por fuertes recortes. El montante más sustancioso seguirá siendo para los mayores y se prestará especial atención a las personas en riesgo de exclusión. Sin embargo, la oposición rechaza el ajuste, «por pequeño que sea», en el que puede ser el peor año de la crisis.
De los 40.380.110 euros que el Ayuntamiento de Bilbao ha presupuestado para gasto social, alrededor del 50% se destinará a atender las necesidades de las personas mayores. El grueso de esta partida irá a parar al Servicio de Atención a Domicilio, actualmente en licitación. El servicio ha salido a concurso por 14,8 millones de euros, un millón menos que en el anterior pliego, un recorte que el propio Maiz atribuyó a la «adaptación del presupuesto al consumo real». Según explicó el concejal, a pesar de que las anteriores condiciones fijaban un monto de casi 16 millones de euros anuales, «el total facturado no llegaba a los 13».
Pero es la suma destinada a la inserción social la que está generando mayor controversia en el debate de las cuentas para el ejercicio que viene. El Ayuntamiento destinará un total de 6.629.153 euros a cubrir ayudas de emergencia sociales, comedores, alojamientos de emergencia y convenios con otras entidades que luchan contra la pobreza. La mayor parte, unos 3.866. 700 euros -52.000 más que el año pasado- son para cubrir unas ayudas que el año pasado dejaron fuera a 358 solicitantes por falta de fondos.
Plan contra la pobreza
La dotación de albergues y comedores sociales se mantiene, mientras que se ha reservado una partida específica a poner en marcha un plan contra la pobreza con el que se pretende amortiguar la caída de quienes se encuentran en el umbral de la pobreza. 400.000 euros destinados a garantizar el acceso a la alimentación, higiene, ropa y vivienda de un colectivo que ronda las 16.000 personas.
Lejos de cosechar el respaldo de los demás grupos, el Plan contra la Pobreza ha servido para desatar la indignación de la oposición. El más duro fue el portavoz socialista, que calificó de «broma» su dotación económica. Alfonso Gil se mostró «contrariado» por el recorte practicado en Acción Social, cuando el «propio alcalde ha dicho que la situación de las familias va a empeorar y mientras otras áreas más prescindibles no se ven tan influidas». En la misma línea se pronunció el PP, que intentará «rascar de otras partidas que consideramos superfluas para incrementar el gasto social».
Por su parte, la edil de Bildu Helena Gartzia criticó la indefinición de un plan «que ni el concejal sabe cómo se va a repartir, cuando las necesidades ya están aquí» y calificó de «antisociales» las cuentas.
Fuente: El Correo