Así lo atestigua el informe «Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia», elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia.

El mayor golpe procede de la eliminación del llamado nivel convenido de prestaciones, una línea de financiación que hasta ahora sufragaban el Estado y las autonomías a partes iguales. Este capítulo se destinaba a «redondear» las ayudas mínimas -y garantizadas por la ley- a recibir por los demandantes. En 2011 contó con un presupuesto de 20 millones en la Comunitat Valenciana, alcanzando los 283 millones en toda España. A su vez, el Gobierno también ha aprobado una reducción del 15% en la partida de prestaciones mínimas. En el estudio se estima que la decisión causará una merca de más de 6 millones de euros en las ayudas destinadas a la C. Valenciana. El impacto ya alcanza los 26 millones.

Los 51 millones de pérdidas se completan con la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social para los cuidadores, que sumaban 15 millones de euros en su vertiente valenciana. Ahora, los que quieran cotizar pueden hacerlo, pero pagando de su propio bolsillo.

Un reglamento «asfixiado»
Jaime Estebán García, coordinador de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, afirma que «Rajoy ya dijo nada más llegar al poder que la ley no era viable, por lo que ahora no extrañan todas estas medidas. No han tenido ni que derogarla, le han quitado el espíritu y la han asfixiado económicamente mediante un decreto-ley aprobado sin debate alguno».

El portavoz se mostró muy crítico: «atacan al más débil, eliminando partidas y bajando unas prestaciones que ya eran exiguas… las personas están desamparadas y ven que no pueden hacer nada». A su vez, el coordinador de la plataforma explicó que «muchos cuidadores comenzaron a cotizar hace unos años con el único beneficio de poder alcanzar una cota para la jubilación. Ahora les cambian las reglas de repente. El gobierno ha actuado con ellos como unos estafadores y tramposos».

Por último, Jaime Esteban García apuntó que «la aplicación de la ley desarrollada por la Generalitat no ha destacado, sino que ha sido de las peores. Ahora, el Consell debería estar al lado de los ciudadanos y no retirar su financiación. No creo que llo hagan, pero deberían ser valientes».

Fuente: Levante-emv