La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo – Hay 305.000 personas en lista de espera.
El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.
Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades. En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.
La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024. «Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña», asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, «en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado». Y ofrecen algunos datos: «Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema», señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa. «Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos», explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos. «A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello», insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta «reajustes en la ley», pero el Gobierno opina que «sigue siendo necesaria y que no se puede frenar». «Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes. Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo», afirma Martínez. «El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho», añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que «falta voluntad política», y acusa a las comunidades del PP, «porque los datos son claros».
Ramírez también cree que falta voluntad política. «El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal».
Impagos y otras amenazas
El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia este verano.
A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias. Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.
«Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud», asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se «salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad». «¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo».
Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. «Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes», zanja Ramírez.
Fuente: El País