• La restricción en el acceso a las ayudas hace caer el número de beneficiarios
  • 57.000 catalanes no accederán a la dependencia hasta 2015
La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, en el Parlament / Albert Garcia

La Ley de la Dependencia perdió en el último trimestre más un millar de beneficiarios mensuales. A finales de septiembre, 158.011 personas se beneficiaban de alguna de las ayudas de este programa, 3.425 personas menos que en junio. Así lo relevan las últimas estadísticas sobre dependencia que el Departamento de Bienestar Social hizo públicas ayer. El descenso se explica por varios motivos, como “la mortalidad, en que cada vez hay menos solicitudes —gran parte de los dependientes entraron al programa durante los primeros años de vigencia— y por la restricción de acceso de nuevos usuarios”, explican desde el departamento.

Este último factor está haciendo invertir la tendencia, ya que hasta ahora los beneficiarios habían ido en aumento. Pero el Gobierno central decidió el año pasado vetar el acceso de los dependientes más leves (los calificados como grado I) hasta 2015. La medida afecta a unas 57.000 personas, según el cálculo que en ese momento hizo Bienestar Social.

as estadísticas revelan que cada vez más la Administración tramita menos expedientes nuevos y que la mayoría de gestiones se refieren a modificaciones y revisiones del grado de dependencia de usuarios (a medida que pasa el tiempo, el estado de salud de los dependientes se agrava). Así, durante estos nueve meses del año se han concedido 13.143 de las llamadas PIAs (Programa Individual de Atención), que son las prestaciones, ya sean económica o una plaza en una residencia, entre otras, y se han modificado 45.233. En cambio hasta finales de noviembre 2012 —Bienestar no publicó las cifras con la misma frecuencia que este año—, se aprobaron 32.419 nuevas PIAs, casi el triple, y 39.000 modificaciones.

En cuanto a las prestaciones concedidas, bajan las destinadas a gente mayor, pero aumentan las que van a personas discapacitadas. Llama especialmente la atención que aumentan las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), que sirven para que los usuarios se puedan pagar una plaza en residencia privada mientras buscan sitio en la pública. Actualmente hay concedidas 11.614 PEV, 215 más que en junio. Todas ellas se concedieron en julio, ya que que Bienestar decidió paralizar estas ayudas en agosto. La Generalitat no las pagaba desde enero y no quería aumentar más su deuda, que asciende a unos 60 millones.

Bienestar se escuda en el ahogo económico que vive por culpa de los recortes del Gobierno central. De hecho, según datos de Bienestar, la Generalitat ha aumentado el 34% su aportación al programa (se ha pasado de 690 millones en 2010 a 929 el año pasado), mientras que la aportación del Estado ha caído de los 335 a 243 millones, el 28%.

Fuente: El País (Ed. Cataluña)