Las Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, han anunciado este viernes movilizaciones y acciones «más contundentes» ante los «incumplimientos» en los pagos anunciados ya que aseguran que no se les ha destinado la parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se les había comprometido, y cifra la deuda que mantiene la Generalitat valenciana con ellos en tres meses.

Según han informado en un comunicado, la Consejería de Bienestar Social les informó de que, con la llegada del FLA, se abonarían las prestaciones económicas del cuidador no profesional y vinculadas al servicio que se deben desde agosto, por lo que ya llevan tres meses de demora». En este sentido, han indicado que el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, había asegurado que, a primeros de noviembre, «se transfirieron 30 millones de euros a la Consejería de Bienestar Social para los pagos más urgentes».

Asimismo, han apuntado que el titular de Bienestar Social, Jorge Cabré, se comprometió con estas entidades «a pagar antes de finalizar el mes siguiente al vencido». Entre los pagos urgentes que se iban a ejecutar, estaban las deudas a las personas en situación de dependencia.

Sin embargo, las plataformas denuncian el «incumplimiento continuo» de Cabré «por el impago, a fecha de hoy, de las prestaciones económicas de cuidados familiares y vinculadas al servicio correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre en toda la Comunidad Valenciana».

Según las plataformas, no se les ha destinado la parte del FLA comprometida a normalizar los impagos, lo que ha creado una situación «tremendamente injusta e insostenible para los dependientes, sus familiares y las cuidadoras/es en el entorno familiar». Las prestaciones del mes de agosto y septiembre corresponden a una media de 28.000 personas en situación de dependencia –el 63 por ciento total de personas beneficiarias con prestaciones–, de acuerdo con sus cifras.

«ATAQUE PERMANENTE»

En esta línea, lamentan el «ataque permanente» que aseguran que sufren las personas encargadas del cuidado de los dependientes por parte del Gobierno central y el autonómico ya que con el nuevo decreto se les ha recortado un 15 por ciento de media sus prestaciones y se ha forzado «a la mayoría» a «salir del sistema de protección de la Seguridad Social, creando un agravio comparativo  injusto con los demás trabajadores».

Asimismo, apuntan a que con la nueva Orden 21/2012 de la Consejería de Bienestar Social, se les «amenaza» con «nuevos recortes» en las prestaciones a partir del 1 de enero de 2013, «fecha en que se pondrá en marcha un nuevo baremo injusto para calcularlas».

«Se establece un copago injusto y discriminatorio respecto otras comunidades del estado español, para todas las personas con discapacidad y en situación de dependencia», han criticado.

Ante esta situación exigen la «habilitación de los créditos necesarios, sean de la Tesorería de la Generalitat o del FLA para el pago inmediato de las deudas pendientes por parte de la Consejería de Bienestar Social y resto de administraciones y organismos implicados al sector de la discapacidad y dependencia» y anuncian movilizaciones que irán concretando.

Fuente: Europa Press