UNAD realiza un estudio de las campañas de prevención de drogas desde la perspectiva de género
Este estudio tiene como objetivo mejorar la eficacia de las campañas de prevención del consumo de drogas en el colectivo de mujeres y reducir el consumo de drogas y los problemas asociados a los mismos por parte de las mujeres.
UNAD ha realizado un estudio de las campañas de prevención de drogas desde la perspectiva de género. Este trabajo ha consisitido en el análisis cualitativo de las campañas de ámbito estatal de prevención de consumo de drogas y de los problemas asociados al mismo que se han desarrollado desde los años 2002 al 2011.
Para realizar este estudio, UNAD ha contado con grupo multidisciplinar especialistas en perspectiva de género, drogas, prevención, publicidad y comunicación.
En el estudio se expone la metodología utilizada, los resultados del análisis realizado por el equipo de trabajo, conclusiones y unas propuestas de futuro para próximas campañas.
Una de las conclusiones que arroja el estudio, es que las campañas de prevención de consumo de drogas no están pensadas para que lleguen a las mujeres igual a hombres, y de ahí puede derivar que la efectividad no sea la misma
Acceso directo al estudio: Click Aquí
Fuente: UNAD
El Presidente de la Generalitat Valenciana visita la Residencia y Centro de Día 'El Catí' de Elda
El Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el Conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré; la Directora General de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, y algunas autoridades locales realizaron ayer una visita oficial a la Residencia y Centro de Día “El Catí” de Elda en Alicante, acompañados por representantes de la Fundación Salud y Comunidad. Fabra pudo conocer de primera mano la sala de psicoestimulación cognitiva, inaugurada el pasado año por la Directora General de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, y quiso felicitar personalmente a los trabajadores del centro por su excelente labor profesional al servicio de los mayores.
Durante su visita al centro, el Presidente de la Generalitat Valenciana señaló que, durante este Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el gobierno valenciano está dedicando una especial atención al cuidado de la salud física y mental de las personas mayores para que de este modo se sientan activas y protagonistas de la sociedad.
Fabra manifestaba que en la Comunidad Valenciana residen más de 896.000 personas mayores de 65 años. "Debemos aprender de vuestra experiencia y sabiduría porque habéis superado situaciones difíciles mediante trabajo y esfuerzo, y de vuestro ejemplo podemos aprender mucho”, y añadía “tenemos que centrar nuestra atención para que viváis esta etapa de forma activa y positiva donde los pilares que encontremos hacia vosotros sean la generosidad, la calidad de vida, así como la felicidad y la tranquilidad".
El Presidente quiso felicitar a los trabajadores de la Residencia y Centro de Día “El Catí por ser "magníficos profesionales y personas que ofrecen un cuidado personalizado, generoso y profesional dedicando su vida al servicio de los demás".
Por otra parte, subrayó el compromiso firme e inamovible del gobierno valenciano con los mayores de la Comunidad Valenciana para garantizar los recursos asistenciales necesarios para su atención.
Alberto Fabra señaló también que "queremos que nuestros mayores vivan con la tranquilidad de sentirse atendidos y por ello hacemos un gran esfuerzo en mantener los recursos y servicios que necesitéis".
También manifestaba que la Generalitat Valenciana va a seguir ofreciendo todos los recursos "para que viváis con una mejor calidad de vida, con la atención necesaria y sabiendo que hay una Administración que vela por vuestros intereses y vuestra salud", señalando que en el 2012 se van a destinar 186 millones de euros al mantenimiento y gestión de centros de personas mayores y que "estamos haciendo un enorme y justo esfuerzo destinando el 84 % del presupuesto a la sanidad, educación y bienestar".
La Residencia y Centro de Día “El Catí” es un recurso especializado en la atención de personas mayores dependientes, que cuenta con 85 plazas de Residencia y 12 de Centro de Día. Se trata de un servicio de titularidad pública, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad desde agosto de 2005.
¿Deben usar Facebook y Twitter los presos?
La irrupción de las redes sociales incrementa el aislamiento de los reclusos con más años en prisión. La restricción de la libertad a la que están sometidos los presos supone también un aislamiento de las redes sociales. Los internos aún se comunican con el exterior con los procedimientos tradicionales.
El aislamiento que supone ingresar en un centro penitenciario tiene, desde hace unos años, otra dimensión: la desconexión de las redes sociales. "El no acceso a las redes sociales es un aspecto más de la restricción de la libertad, del mismo modo que no pueden elegir salir a la calle, no pueden tener acceso al resto del mundo a través de la red", argumenta Pilar Medina, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y Doctora en Psicologia. Aunque las cárceles catalanas tienen ordenadores y los presos pueden optar a recibir clases de informática -en las que, a veces, también se utiliza internet de forma restringida-, el acceso a la red está prohibido y, en consecuencia, también la utilización de plataformas como Facebook y Twitter. "Aumenta el listado de conductas prohibidas y vigiladas, porque han aumentado las formas de acceso al mundo exterior", destaca Medina. La comunicación de los internos en régimen ordinario -los de segundo grado y los presos preventivos- con el mundo exterior se ha mantenido estricta en los últimos años.
Pueden mantener contacto telefónico con amigos y familiares cinco veces a la semana -a través de los teléfonos del centro, que detectan los números a los que se llama- y enviar las cartas que quieran por correspondencia tradicional, detallan desde Servicios Penitenciarios. Además, pueden quedar con sus familiares en los locutorios y, una vez al mes, hacerlo en una sala oa través del llamado vis a vis.
"Intentamos que tengan el máximo de prestaciones para que haya normalidad en su vida, pero la vida de un interno en régimen ordinario no tiene comparación con la de un ciudadano libre, porque si no la privación de libertad no tendría sentido", detallan en Servicios Penitenciarios.
"Introducir las redes sociales en los centros penitenciarios cambiaría el concepto de prisión", explica Jaume Almenara, profesor de Psicología y Comunicación de la Universidad de Barcelona (UB), que destaca que una persona que ha estado muchos años interna se puede encontrar con una realidad diferente al salir. Tener un teléfono móvil en la celda no sólo está prohibido sino que también se sanciona. La llegada de los smartphones -una ventana abierta al mundo- ha hecho crecer el tráfico de móviles en la cárcel, que, al igual que el tráfico de drogas, es objecto de control de los funcionarios.
Tanto Almenara como Medina consideran, sin embargo, que pese a la desconexión tecnológica, el aislamiento en ningún caso es total. De hecho, los internos sí tienen acceso a la información a través de la televisión y pueden ver canales de pago -según fuentes penitenciarias, el gasto que supone la televisión de pago es "mínima"-, escuchan la radio y pueden leer prensa escrita. "El máximo problema que se puede encontrar una persona que ha sido interna durante muchos años es que, al salir, le exijan para trabajar conocimientos de unas disciplinas que antes no se pedían", razona Almenara. "Lo difícil no es adaptarse a las nuevas tecnologías sino a la nueva sociedad, en que todo va acelerado y tienes siete segundos para que el otro se haga una impresión de ti ", explica Medina.
La retirada de la merienda como medida de ahorro ha abierto el debate sobre las prestaciones y servicios a los presos y sobre si estos servicios deben cambiar con la crisis. "La legislación penitenciaria de nuestro país es bastante respetuosa con los derechos de las personas privadas de libertad, aunque los recortes también les están afectando", comenta la doctora Mónica Aranda, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, que menciona especialmente los recortes a las entidades sociales, que han supuesto el cierre de muchos programas de rehabilitación.
Menos actividades en verano
El grueso de la población penitenciaria -los que no están aislados en primer grado pero tampoco salen cada día del centro- están encerrados en la celda por la noche, pero el resto del día tienen acceso a los servicios. Las cárceles son como pequeñas ciudades y tienen desde aulas educativas hasta peluquería, pasando por el economato, donde los presos pueden comprar prácticamente de todo si tienen dinero.
"En general, los presos con quienes nosotros tenemos contacto no tienen quejas sobre el acceso a actividades, aunque ahora en verano hay un descenso y se ofrecen menos", explica Patricia Bosch, coordinadora de la comisión de ámbito penitenciario de la plataforma de entitadades sociales ECAS, que además es trabajadora de la Fundación Salud y Comunidad, que trata con presos con problemas de drogodependencia. "De hecho, nosotros promovemos que se vinculen a actividades deportivas, por ejemplo, y en alguno de nuestros programas es un requisito", destaca. Las nuevas cárceles tienen, además, polideportivos más grandes y alguna, como Lledoners, piscina, aunque ahora están cerradas.
Las nuevas celdas están diseñadas de manera que solo puedan vivir dos presos y tienen calefacción. Los presos saben que el día a día en la cárcel está marcado por las rutinas. "Todo está mecanizado, hay una anulación de la dimensión más subjetiva porque no pueden elegir", comenta Bosch, que explica que al obtener la libertad uno de los principales problemas que tienen los presos es la asunción de responsabilidades. "No sabían tomar decisiones y siempre esperan que las tome alguien", assegura. Por ello, desde ECAS se defiende que se normalice al máximo el funcionamiento de los recursos intrapenitenciaris para que la transición no sea tan abrupta.
Fuente: Diari Ara
Valencia y Barcelona, entre las ciudades europeas con un consumo más alto de cocaína
- En el estudio solo se han analizado cuatro ciudades españolas
- Son Valencia, Castellón, Barcelona y Santiago, entre 19 europeas
- Amberes, Amsterdam e Eindhoven también lideran el consumo de cocaína
Valencia, Amberes, Amsterdam, Eindhoven y Barcelona son las ciudades de Europa con un mayor consumo de cocaína, según un estudio realizado por universidades del continente.
En el estudio han colaborado centros de investigación y universidades de 11 países europeos. En el caso de España, la investigación ha contado, entre otros, con la participación del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia y de la Universitat Jaume I de Castellón.
De este modo, por primera vez, un grupo de científicos ha realizado un estudio comparativo sobre el consumo de drogas "ilícitas" en 19 ciudades europeas, cuatro de ellas españolas -Valencia, Castellón, Barcelona y Santiago de Compostela-, basado en el análisis de aguas residuales a través de biomarcadores urinarios.
El estudio revela también que el consumo de éxtasis en Valencia es "moderado". En las cuatro ciudades españolas analizadas el consumo de cannabis y de cocaína es "superior" al de otras drogas, tales como las metanfetaminas y el éxtasis.
Análisis de las aguas residuales de 19 ciudades europeas
Para realizar esta investigación, los investigadores recogieron muestras de aguas residuales urbanas de 19 ciudades europeas a lo largo de una semana en marzo de 2011.
En estas muestras se analizaron biomarcadores urinarios de cocaína, anfetamina, éxtasis, metanfetamina y cannabis, cuyos resultados se han publicado este jueves en la revista especializada 'Science of the Total Environment'.
Se estima que en Europa se consumen unos 356 kilogramos por día, lo que representa aproximadamente entre el 10 y el 15% del total de cocaína consumida en todo el mundo, según las estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen Organizado.
Además, cabe señalar que el consumo más alto de cannabis corresponde a Holanda, cuyo máximo índice se midió en la ciudad de Amsterdam, seguido de Francia y España, mientras que los investigadores consideran que en el caso de España, por su posición estratégica en el tráfico de marihuana, supone un mercado "importante" de esta sustancia.
Fuente: RTVE
El Gobierno destina cinco millones de euros a víctimas de violencia de género e hijos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha acordado con las comunidades autónomas el reparto de cinco millones de euros para poner en marcha una serie de proyectos que permitan la atención integral a las víctimas de malos tratos y a sus hijos.
La partida, que figura clasificada en función del proyecto aprobado en cada comunidad, permitirá financiar programas de formación, de atención a mujeres inmigrantes o casas de acogida para quienes sufran esta lacra.
Las iniciativas dirigidas a los menores, que recibirán 1,5 millones de partida total, se centran hacia el apoyo psicológico, la asistencia educativa o apuestan por una formación específica, siempre con el objetivo de proteger a los niños y adolescentes que se ven envueltos en situaciones de violencia de género.
El reparto de estos fondos fue un acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 21 de mayo, posteriormente aprobado en Consejo de Ministros.
Según la distribución de los créditos por comunidades autónomas, Andalucía, con 666.700 euros, y Cataluña, con 633.346, son las que más dinero recibirán para proceder a la financiación de proyectos, programas y servicios radicados en sus respectivos territorios.
Fuente: Europa Press
Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
- Quienes más servicios prestan no pueden ahorrar con la reducción de las pagas de las cuidadoras
- Aquellas que resuelven con agilidad nada ganan con la eliminación de la retroactividad
Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.
Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.
Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.
Fuente: El País
Acuerdo para impulsar políticas locales de lucha contra el consumo de drogas
El Ministerio de Sanidad ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar políticas locales en materia de lucha contra las drogas, que incluyan la prevención del consumo entre los menores.
De esta manera, el secretario general de la FEMP, Ángel Fernández, ha subrayado la importancia que cobran las entidades locales a la hora de luchar contra el consumo y tráfico de drogas gracias a su cercanía con la población.
De la misma opinión es el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha destacado que las Administraciones locales son "la primera puerta a la que el ciudadano llama" y son las que deben responder de manera "rápida" a sus necesidades. "La cercanía de las administraciones locales es vital para que nuestros planes de lucha contra las drogas y las adicciones tengan éxito", ha apostillado.
Dicho esto, ha abogado por la cooperación entre todas las administraciones del Estado, especialmente en el ámbito de la lucha contra las drogas y ha subrayado el "papel" de la FEMP a la hora de coordinar, impulsar y mejorar la labor de los ayuntamientos y corporaciones locales en la lucha contra las drogas.
Además, ha hecho referencia a los continuos esfuerzos de otros sectores de la sociedad, como el empresarial, con quien recientemente ha firmado el Ministerio de Sanidad un acuerdo para también ayudar a evitar la ingesta masiva de alcohol y el consumo de drogas.
El convenio establecido entre el Ministerio de Sanidad y la FEMP está dotado con 300.000 euros --200.000 menos que en el ejercicio anterior--, procedentes del Fondo de Bienes Decomisados. Este acuerdo lleva en vigor desde 2001 y es renovado cada año.
En la actualidad, cerca de 300 municipios de tamaño grande y mediano cuentan con un Plan Local de Drogas, que sirve para actuar en todos los sectores en los que se puede intervenir en este campo.
PROTOCOLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
El acuerdo de este año incluye como novedad la elaboración de un protocolo de actuaciones preventivas para menores en situación de riesgo, que facilita su implantación y desarrollo por parte del cuerpo de Policía Local en municipios que carecen de estos servicios.
De este modo, los cursos y las actividades de formación para este colectivo ponen el acento en informar de manera eficaz a los adolescentes sobre los riesgos asociados a la ingesta de sustancias; detectar precozmente los indicios de consumo de drogas y colaborar con los equipos comunitarios del área o del municipio del que se trate.
En general, el objetivo del trabajo de la Policia Local es orientar eficazmente a las familias y a los propios jóvenes en riesgo sobre la manera de abordar precozmente estos problemas con el fin de lograr que el consumo no se convierta en abuso o dependencia con el tiempo.
Por último, Moreno ha recordado que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas destinará este año 4,5 millones de euros para financiar programas municipales que fomenten alternativas de ocio saludable juvenil.
Esta financiación se realiza cada año a través del Orden de Ayudas, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de la que pueden beneficiarse capitales de provincia, cabildos y consejos insulares así como ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.
Fuente: Europa Press
El Govern relanza un plan contra la violencia machista en jóvenes tras el repunte de muertes
El Govern ha presentado en el Parlament un nuevo plan de prevención de la violencia machista entre los jóvenes catalanes después de que se hayan disparado las muertes de mujeres a manos de sus parejas y de que el programa 'Talla amb els mals rotllos' --'Corta con los malos rollos'-- haya estado más de un año paralizado.
El nuevo programa de prevención se ha bautizado como 'Estimar no fa mal. Viu un amor lliure de violencia' --Querer no hace daño. Vive un amor libre de violencia-- y también estará dirigido a padres y a profesionales que tienen interacción con este grupo de población.
En comisión parlamentaria y junto al secretario de Familia de la Generalitat, Ramon Terrassa, Gatell ha reiterado el compromiso del Govern en la lucha contra la violencia machista, y ha subrayado que el nuevo programa se iniciará en la etapa de primaria, alargándose hasta los 19 años.
"Irá más allá de una sesión puntual", tal y como sucedía con el anterior programa, que fue eliminado en abril de 2011, ha explicado Gatell, concretando que los jóvenes recibirán cursos sobre este ámbito.
Esta iniciativa se incluye en el Programa de Intervención Integral contra la violencia machista 2012-2015, que implica a las Consellerias de Justicia, Interior, Enseñanza, Salud y Bienestar Social.
Fuente: Europa Press
El gobierno extiende el copago a los dependientes
La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad implicará que las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos.
Así lo han acordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia, que ha ultimado el borrador de la reforma de la ley y definido el Real Decreto que modificará las condiciones actuales de copago de los usuarios de dependencia, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica. La intención es que ambas normas se aprueben este viernes en Consejo de Ministros.
Sobre los cuidadores familiares, se reduce un 15% la cuantía máxima que pueden percibir y se deja libertad a las comunidades autónomas para fijar el importe en cada uno de sus territorios, por lo que en las mismas circunstancias, dos personas podrían cobrar distinto en función de su lugar de residencia. Además, estos cuidadores no profesionales deberán "cumplir con unos conocimientos básicos para atender a la persona dependiente y convivir con ella", según los nuevos "requisitos" anunciados por Mato.
En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del IMSERSO, Cesar Antón, ha señalado que "se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores". Mientras no exista esta normativa, los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de "régimen transitorio" que aún está por definir, conforme ha señalado. Por su parte, quienes están ya dados de alta, seguirán como hasta ahora.
Otra de las novedades de la reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, ,el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se eliminan los niveles con los que se clasificaba a los usuarios en función de su gravedad dentro de un mismo grado de dependencia y se pospondrá hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, quienes tienen una dependencia moderada. "Mientras tanto, serán atendidas en la red de servicios sociales", ha dicho la ministra.
Asimismo, Mato ha señalado que se establecerán "criterios mínimos y básicos" para todas las comunidades autónomas "tanto en la solicitud como en el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a recibir la prestación", aunque no ha especificado cuales. Sí ha señalado que se ampliará la posibilidad de facilitar la prestación por asistente personal a todos los grados, ya que se trata de promover los cuidados profesionales, no necesariamente fuera del ámbito del domicilio.
En este sentido, Antón ha señalado que para promover los servicios se establecerá un sistema de financiación por el que se repartirá el 90% del fondo estatal en función del número de dependientes atendidos (como hasta ahora) y el diez por ciento restante atendiendo a las autonomías que tengan más usuarios atendidos de este modo. Esta proporción se irá ampliando durante los próximos cinco años hasta destinar al final la mitad de los fondos a cada concepto.
La vivienda, como garantía para las residencias
Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial. El Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.
Si se mantiene la previsión de que la vivienda habitual se tenga en cuenta para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial, de manera que la cantidad que deba abonar se habrá estimado calculando no sólo sus ingresos, como hasta ahora, sino también su patrimonio. Antón ha concretado que las comunidades que tengan reconocimiento de deuda --el dependiente responde con su casa del importe que le corresponda pagar por la residencia-- podrán aplicarlo, aunque no es una iniciativa planteada por el Gobierno ni recogida en el decreto.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impugnó este precepto de la Ley de Dependencia por considerar que la vivienda de una persona con discapacidad no podía entrar como parte de su renta a la hora de optar a una ayuda pública. Antón ha concretado que en la reforma quedará exento el patrimonio protegido de estas personas, que no será tenido en cuenta en el cálculo de su capacidad económica.
Además, ha apuntado que este copago será "progresivo" hasta un máximo del 90% del precio del servicio, que se basará en la capacidad económica del dependiente, en el servicio que esté recibiendo y que no supone un empeoramiento generalizado para todos los usuarios, ya que los habrá de rentas bajas que seguirán sin pagar nada, mientras las rentas altas "tendrán que aportar más".
Fuente: Europa Press
Aumenta la cifra de personas sin hogar que asiste el Centro de Acogida e Inserción de Alicante
La crisis, las circunstancias familiares adversas o las adicciones. Son algunas de las causas que hacen que el número de personas que vive en las calles de Alicante no mengüe, e incluso se haya incrementado en el último año.
Así, el Centro de Acogida para Personas sin Hogar de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante sitúa en 1.600 las asistencias que se espera realizar este año. Un dato bastante más elevado que el de 2011, cuando se asistió a algo más de un millar de personas.
El pasado 9 de julio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó prorrogar a la Fundación Salud y Comunidad el contrato de gestión de este servicio, para el que se destinará en el próximo año algo más de un millón de euros.
Este centro, ubicado en la avenida Doctor Jiménez Díaz, está estructurado en cuatro tipos de programas de atención integral. Cuenta con 72 plazas de alojamiento y un servicio de comedor con 90 plazas, que se distribuyen según los distintos programas.
El de acogida es el más demandado. Cubre las necesidades básicas de alojamiento, higiene y manutención durante tres días, sirviendo de puente a la incorporación de usuario a programas específicos de larga estancia.
Desde este programa, algunos usuarios que desean dejar la calle y se comprometen a cumplir determinadas normas, pasan al de inserción. Pero en muchos de los casos atendidos en el CAI, los usuarios tienen dificultades para someterse a unas normas y salir de la calle. En estos casos, existe un programa de baja exigencia, que ofrece servicios básicos para mantener su calidad de vida.
Además, existe un servicio de emergencia, que ejerce funciones a la vez de asistencia y de prevención.
Fuente: las Provincias