'Cuando sales de la cárcel, si no tienes apoyo, es muy fácil volver a recaer'
- Los recortes obligan a eliminar programas de rehabilitación para presos.
- La tercera fase de recortes de la Generalitat ha obligado a muchas entidades a eliminar o reducir programas de rehabilitación y reinserción de presos.
Once años entre rejas no le han hecho perder la ilusión por volver a comenzar. Marc -un caso real escondido en un nombre ficticio- ha pasado más de una década en prisión y hace seis meses que está en régimen abierto, con la condición de asistir a un programa para superar su adicción al alcohol , que lleva a cabo en la Fundación Salud y Comunidad. "Aquí te acompañan", dice, muy seguro de haber encontrado la palabra correcta. "Cuando sales no tienes ayuda, es muy fácil volver a recaer. Durante estos 11 años he visto a mucha gente que volvía a ingresar en prición porque había tenido una recaída".
Marc tiene familia en el estranjero y le vienen a ver, pero en la Fundación Salud y Comunidad ha encontrado estabilidad. "Fue al salir de la cárcel cuando abordé directamente mi problema y cuando he sido plenamente consciente", asegura. Ahora Marc ya no sigue un programa diario, pero acude al Centro de Día de la Fundación Salud y Comunidad cada tarde porque tiene un convenio con un gimnasio, donde va para "descargar adrenalina".
Gracias a la Fundación, además, ya piensa en su futuro y quiere crear una empresa.
Carles -también es un nombre ficticio- es más joven, sólo tiene 23 años y los últimos dos los ha pasado en prisión. Es el último interno que ha entrado en el programa -tiene un problema de adicción a las drogas- y confiesa, nervioso, que estaba muy preocupado por su continuidad después de los recortes. "Acabo de empezar el programa y, por suerte, ya me han confirmado que me podré quedar. Estaba muy angustiado", reconoce.
Compromiso con la inserción
"Estamos comprometidos y seguiremos dando continuidad a las personas que ahora hacen el programa. Buscaremos nuevas vías para acoger a más personas, pero todavía lo estamos estudiando, la noticia es muy reciente", dice Patricia Bosch, coordinadora de programas de inserción del Área de VIH/Sida y Reducción de Daños de la Fundación Salud y Comunidad. Explica que en la entidad trabajan con los presos desde diferentes ámbitos, que incluyen la inserción sociocultural, la gestión del tiempo libre y la salud. "Afrontamos los problemas y las dificultades que tienen una vez que salen de prisión, después de un período de aislamiento que ha supuesto una ruptura con la sociedad", resume.
Fuente: Diari Ara (Laura Díaz Roig)
El Departamento de Justicia de la Generalitat elimina la subvención a las entidades sociales que trabajamos en la rehabilitación de reclusos
La Fundación Salud y Comunidad (FSC) manifiesta su total desacuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de retirar la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos. Nuestra entidad es pionera en la ejecución de proyectos y servicios destinados a prevenir la exclusión social de la población reclusa y ex-reclusa como colectivo especialmente vulnerable.
Nuestra entidad, por tanto, se adhiere al manifiesto de la Mesa de Participación Social y alertamos de los riesgos que conlleva destruir el tejido asociativo y de apoyo a este colectivo generado a lo largo de los últimos 30 años.
MANIFIESTO DE LA "MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL":
La retirada de la subvención de la Generalitat a las entidades sociales que trabajan para rehabilitar reclusos les deja sin atención y hace que algunas ONG tengan que cerrar
Los recortes económicos anunciados por el Govern de la Generalitat de cara al año 2012 y 2013 han puesto contra la pared la reinserción social de presos, vulnerando así uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Los programas destinados a evitar la reincidencia de los presos cuentan con la implicación y el trabajo de 94 entidades en Cataluña. La desaparición de la partida económica destinada a la reinserción supone un triple coste social que afecta a la seguridad, la economía, y la dignidad de las personas.
Menos dinero, más inseguridad y más pobreza
Las 94 entidades que colaboran con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en la atención a personas inmersas en procesos judiciales han recibido oficialmente la comunicación de que a partir del 1 de junio de 2012 no recibirán ningún tipo de financiación para los programas de rehabilitación de presos. Con esta medida, la Generalitat prevé ahorrarse medio millón de euros en el 2012.
Este nuevo recorte se añade a la de dejar de recibir financiación para las actividades culturales, de ocio, de formación que las ONG también prestaban, ya que entendían que hay otros gastos prioritarios para el país como la educación y la sanidad. Así pues, a partir del 1 de junio las entidades sociales minimizarán su actividad y harán sólo acciones de voluntariado, las cuales también tienen costes y sólo se podrán hacer si obtienen recursos de la iniciativa privada.
Sin rehabilitación no hay reinserción
La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 25.2 que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado que estuviere cumpliendo pena de prisión (...), tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad". En este sentido, retirar la aportación económica destinada a la reinserción social, supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos.
En Cataluña, cada año salen de prisión por finalización de condena 2.300 presos, aproximadamente. Las estadísticas dicen que la reincidencia sin rehabilitación se sitúa en torno el 50%. Así pues, a partir de ahora más de 1.000 personas con riesgo de reincidencia, dejarán de recibir tratamiento, con los consecuentes riesgos para la seguridad ciudadana.
Lo que ahora es barato, resulta muy caro
El medio millón de euros necesarios para que las entidades mantengan los programas de rehabilitación de presos, además de hacer una función social, suponía un ahorro económico, ya que el coste de un preso se sitúa en 30.000 euros al año, una cantidad que se ahorra con cada interno rehabilitado que no vuelve a pisar la cárcel. Con este recorte se está provocando más inseguridad ciudadana y más gasto a corto-medio plazo.
La noticia de dejar sin recursos económicos a las entidades dedicadas a la rehabilitación de reclusos llega poco más de un año después de la campaña de sensibilización que la Taula de Participació Social hizo con el nombre de "Abrimos la puerta a la rehabilitación". La campaña hacía un llamamiento a la implicación de la sociedad a la hora de apoyar a las personas que han cumplido programas de rehabilitación, el único camino para evitar la reincidencia en el delito y lograr una mayor seguridad ciudadana. Con el actual recorte de subvenciones cerramos la puerta a la rehabilitación.
Una vez más, en nuestro país son los más vulnerables los que se quedan sin oportunidades. Son las personas sin familia o círculos sociales de apoyo, las madres con cargas familiares, las personas discapacitadas, con enfermedades mentales, en proceso de rehabilitación de drogodependencias, etc., las que pierden los programas de apoyo. Sin subvención, las entidades no pueden seguir ofreciendo servicios de acogida y manutención durante los permisos, durante las libertades condicionales o los primeros períodos de la salida de prisión. Tampoco pueden seguir prestando servicios de rehabilitación y reeducación dentro o fuera de prisión durante todo el proceso.
35 entidades sociales dejan de recibir la financiación a través de subvenciones y muchas otras reciben reducciones y renegociaciones de los contratos firmados. También las hay abocadas a cerrar servicios que venían desarrollando desde hace muchos años, algunas más de 10 años. En general se encuentran en proceso de despedir a sus profesionales especializados por la extinción de las actividades que llevaban a cabo, incrementando el número de parados del país. Algunas tendrán que cerrar por no poder hacer frente a sus indemnizaciones laborales. Se trata también de un grave paso en contra del tejido asociativo de nuestro país y en contra de la tan necesaria cohesión social en tiempos de crisis. Son muy pocas las que podrán seguir haciendo lo que hacían.
A partir de ahora, el presupuesto del Departamento de Justicia servirá para pagar los ladrillos de los nuevos edificios judiciales y de los nuevos centros penitenciarios, que pierden todo el sentido, ya que las paredes no rehabilitan. La rehabilitación se reducirá a los programas que desarrollan los profesionales dentro de las cárceles y se cerrará la puerta al apoyo a la salida de prisión.
El resumen es que las personas que tienen ganas de cambiar de vida después de la prisión dejarán de tener oportunidades y que la inseguridad ciudadana crecerá para todos. Una gran pérdida social y económica.
Hay que diagnosticar antes el VIH
- Un tercio de los infectados desconoce que es portador del virus
- En Europa, la mitad de los casos se diagnostica tarde
- El VIH es una infección de transmisión principalmente heterosexual
- Los expertos reclaman el compromiso de las autoridades
Hace años que las cifras del VIH/SIDA permanecen más o menos constantes en Europa y España. Los nuevos contagios se han estabilizado y la mayor parte de las infecciones se adquiere por vía sexual, especialmente heterosexual. Sin embargo, un tercio de los seropositivos no es consciente de que es portador del virus y el 50% de los diagnósticos se realiza tarde. Por eso, para denunciar la necesidad de detectar antes el VIH, la Plataforma VIH en España ha celebrado una reunión de expertos en Madrid en la que se han discutido distintas respuestas a este problema.
Por cada caso de VIH diagnosticado se evita el contagio de tres personas. Con este dato sobre la mesa, queda la clara la importancia de detectar el virus del sida. Si a esto sumamos que un diagnóstico tardío aumenta las probabilidades de que se produzcan esas transmisiones y que cuanto más tarde se empiece el tratamiento más caro y problemático es, y peores resultados tiene, parece evidente que este diagnóstico debe ser precoz.
Sin embargo, "en Europa hay entre 700.000 y 900.000 infectados que desconocen su estado serológico", ha subrayado Jens Lundgren, de la Universidad de Copenhague (Dinamarca). En España, "entre el 25% y el 30% de los seropositivos no sabe que lo es", según ha señalado Olivia Castillo, jefa de Área de Prevención y Coordinación del Plan Nacional del Sida.
Los varones heterosexuales, los peor diagnosticados
Un buen porcentaje de estos casos no detectados se convierte con el tiempo en un diagnóstico tardío. Las cifras, a tenor de lo expuesto por los ponentes de la reunión, son similares a lo largo y ancho de Europa, con algunos matices en ciertas regiones y países.
En España, el 45,4% de las infecciones se diagnostica tarde. Esto quiere decir, en términos médicos, cuando el paciente tiene un recuento de linfocitos inferior a 350 por milímetro cúbico y superior a 200. Francia, Reino Unido y la Unión Europea en general tienen el mismo problema.
Dentro de estos diagnósticos tardíos, el grupo más importante es el de los hombres heterosexuales, mientras que los que mantienen relaciones homosexuales representan el colectivo más concienciado con el problema, y son los que reciben un diagnóstico más temprano.
Hacia la generalización de las pruebas
Estas cifras ratifican lo que los expertos saben desde hace décadas y que Josep María Gatell, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona y Coordinador de la Plataforma, ha expresado con claridad: "El VIH/sida es una enfermedad de transmisión heterosexual".
Por tanto, "no es cuestión de grupos de riesgo sino de prácticas de riesgo", ha añadido su colega al frente de la Plataforma, Santiago Moreno, jefe del Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
Por eso, desde hace años, las autoridades sanitarias de mayor prestigio en el mundo (la Organización Mundial de la Salud, la Agencia del Medicamento de EEUU, el NICE inglés) recomiendan la generalización de la prueba del VIH más allá de los tradicionales grupos de riesgo. "No se trata de sustituir grupos sino de ampliarlos", explicaba durante su intervención Julia del Amo, investigadora del Instituto de Salud Carlos III y del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
Para aumentar el número de personas que se someten a este test -que siempre debe ser, recuerdan, voluntario, confidencial y consentido- se han puesto en marcha diferentes estrategias con distintos resultados. En Francia, por ejemplo, la disponibilidad de la prueba en los servicios de Atención Primaria no ha tenido éxito. Según Yazdan Yazdanpanah, del Hospital Bichat Claude Bernand de París, "porque los médicos no creen en esta estrategia".
En el Reino Unido, donde la principal causa de muerte por VIH/sida "es el diagnóstico tardío", la medida sí ha tenido sus efectos aunque, como ha matizado Martin Fisher, del Royal Sussex County Hospital en Brighton, los médicos de AP que han participado en los proyectos piloto recibían un pequeño incentivo por ofrecer y realizar la prueba. Pero la experiencia británica en otras áreas, como las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo o de enfermedades de transmisión sexual, es un éxito.
No sin las administraciones
A falta de que los estudios muestren qué medidas son las más costo-eficaces para la generalización de las pruebas de VIH, cosa que dependerá de la epidemiología de cada lugar, los expertos llaman la atención sobre un punto crítico en la lucha contra el sida: "Para poner cualquier cosa en marcha, necesitamos la colaboración de la administración", ha destacado Santiago Moreno.
Precisamente, la implicación de los poderes públicos ha sido una constante en el discurso de todos los expertos españoles. Los recortes y, sobre todo, el anuncio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que los inmigrantes irregulares -entre los que hay también seropositivos- dejarán de tener cobertura sanitaria han merecido las críticas de varios asistentes a la reunión.
"No sólo los que tienen los papeles en regla deben acceder a la prueba del VIH", ha apuntado Julia del Amo, que ha sido secundada más tarde por Bonaventura Clotet, jefe de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol. Del Amo ha ido un paso más allá al afirmar que "es fundamental vincular diagnóstico a tratamiento porque es la única forma de que tenga beneficios".
En medio de esta incertidumbre, los expertos se dan cuenta de que "lo que estamos haciendo ahora no es suficiente", en palabras de Moreno. "La gente se sigue infectando y hacemos diagnóstico tardío". Y advierten de que "en ausencia de un marco regulatorio para decidir cómo hacerlo [lo que finalmente se decida], no se va a poder hacer".
Fuente: El Mundo Salud
Los programas e iniciativas de prevención de drogas obtuvieron en 2011 el 70% del Fondo de Bienes Decomisados
Los programas e iniciativas del Gobierno nacional, de los ejecutivos autonómicos y locales y de las diferentes ONGs para la prevención del consumo de drogas recibieron en 2011 el 70 por ciento del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Este año se van a distribuir 27,5 millones de euros entre los beneficiarios del Fondo de Bienes Decomisados. Una cifra inferior a la de 2011 cuando se distribuyeron 31.963.150 millones de euros. Según los datos presentados por el delegado del Gobierno para el plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, durante su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas donde se ha presentado el informe de gestión de este Fondo realizado en 2011.
En concreto, en 2011 a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se destinaron 5,6 millones de euros para la financiación de programas de sensibilización e información, proyectos de investigación sobre drogodependientes y trabajos técnicos ligados al Observatorio Español sobre Drogas y Toxicomanías. Por su parte, las ONGs recibieron por esta vía 2,2 millones de euros para la financiación de programas sobre drogodependencias de ámbito estatal.
Asimismo, las comunidades autónomas se beneficiaron de la principal partida con un total de 7,6 millones de euros, lo que representa el 25,56 por ciento del dinero distribuido entre todos los befeniciarios del Fondo. Además, las corporaciones locales obtuvieron 5 millones de euros para el desarrollo de los planes municipales de Drogas, cantidad que se incrementó con la adjudicación de otros 0,5 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Respecto, a los 9.003.150 euros restantes --el 30 por ciento-- se dedicaron a financiar actividades para controlar la oferta. Concretamente, el Centro Nacional de Inteligencia Contra el Crimen Organizado recibió 3,6 millones de euros. Por su parte, la Policía y la Guardia Civil obtuvieron 1,5 millones de euros cada uno, Instituciones Penitenciarias un millón, el Ministerio de Defensa 550.000 euros, Aduanas recibió 803.000 euros y la Fiscalía Especial Antidroga 35.000 euros.
INFORME DE GESTIÓN
Concretamente, la gestión de este Fondo se lleva a cabo a través de la Mesa de coordinación de adjudicaciones, que es un órgano interministerial del que forman parte los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia.
No obstante, su dotación varía cada año en función de los decomisos practicados anteriormente y de las sentencias firmes, lo que dificulta enormemente una planificación estable de sus ingresos. Según la memoria de gestión, en 2011 las sentencias firmes aumentaron un 22 por ciento --con un total de 3.334-- y los decomisos un 10 por ciento --2.360--. Sin embargo, la cantidad líquida ingresada en el Fondo fue de 15,8 millones de euros, la mitad que en el año anterior, cuando se elevó a 30,8 millones de euros.
El resto de bienes decomisados, distintos de las cantidades líquidas --vehículos, teléfonos, joyas o inmuebles-- también aumentaron en un 7 por ciento, hasta alcanzar los 2.134. Los vehículos constituyeron el 47,5 por ciento del total, los objetos de diversa índole el 40,7 por ciento, las embarcaciones el 5 por ciento y los inmuebles el 0,5 por ciento.
Asimismo, la Mesa también incrementó en un 20 por ciento los acuerdos adoptados. No obstante, en el 44 por ciento de los casos, se acordó el abandono de los bienes, bien por falta de ofertas o por tener un valor ínfimo ya que dos de cada tres bienes abandonados son teléfonos móviles.
A juicio de Babín, este dato revela "la necesidad de agilizar los procedimientos para abandonar o destruir los objetos carentes de valor y mejorar la gestión de vehículos y embarcaciones, con el fin de reducir los costes de depósito".
Fuente: Europa Press
Acoso escolar y consumo de drogas, riesgos crecientes en los centros escolares
El acoso escolar y el tráfico y/o consumo de drogas constituyen alguno de los principales problemas de los centros escolares españoles, según el estudio La seguridad integral en los Centros de Enseñanza Obligatoria de España, de la Fundación Mapfre.
El objetivo de la investigación, en la que se han evaluado un total de 273 centros de enseñanza, ha sido el de analizar los diferentes riesgos (tanto estructurales como personales o psicosociales) de los colegios españoles y determinar el nivel de seguridad para los alumnos y docentes, incluyendo un total de 31 indicadores.
Según los datos analizados y en lo que respecta a la evaluación de riesgos psicosociales, el informe señala que:
El riesgo psicológico del personal docente es bajo, aunque más elevado en los centros públicos de educación primaria.
Alrededor del 50% de los centros escolares presenta problemas de tráfico y/o consumo de drogas en el interior del centro y/o alrededores. A pesar de estas cifras, muy pocos centros cuentan con medidas internas de prevención y detección de este problema.
El 40,75% de los centros escolares informa de problemas de acoso psicológico entre los alumnos y el 57,2% de violencia física, siendo estos porcentajes superiores en los centros públicos de secundaria.
Los riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías entre el alumnado constituyen la forma más extendida de acoso psicológico en el contexto escolar, evidenciándose un considerable aumento en los últimos años de grabaciones y difusiones de comentarios y críticas sobre alumnos y profesores en las redes sociales.
A la luz de estos resultados, los autores del informe destacan la necesidad de que los centros educativos refuercen sus medidas de prevención y vigilancia de los riesgos que pueden afectar a los alumnos y profesores. De este modo, "es necesario que los centros cuenten con protocolos y medidas para evitar el riesgo físico, psíquico y social del colectivo de alumnos, profesores y otro personal que intervenga en el centro", ya que la puesta en marcha de este tipo de medidas repercutirá en la mejora del clima y la conviencia escolar. Dado el elevado aumento del acoso psicológico en forma de bullying informático (o cyberbullying) los autores recomiendan encarecidamente implementar programas de psicoeducación sobre el uso adecuado de internet y del móvil entre los estudiantes.
Fuente: Infocop
Un informe vaticina la salida de los 'dependientes moderados' del Sistema de Atención a la Dependencia
Un informe de The Family Watch señala que "es posible" que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los 'dependientes moderados' al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 "se haga definitiva" y que se "excluya" a este colectivo.
"Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los 'dependientes moderados', que son los de nivel 1", indica esta estudio titulado 'La familia como agente de salud' y presentado este lunes en Madrid.
Según sus autores, la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia se promulgó "en plena euforia económica, dos años antes de empezar la crisis". Así, apuntan que en media década de aplicación de la norma se ha superado "con creces" el gasto previsto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y "no parece que pueda sostenerse en el tiempo".
Asimismo, concluye que "ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a los dependientes". Respecto al primero, indica que la Ley de Dependencia parecía señalar, hace 5 años, una vía de
solución, pero que "hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad".
Recuerda que en 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy,
se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado "supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros".
El cuanto al sector privado, apunta que sólo una "porción pequeña" de personas dependientes puede permitirse recibir cuidado formal, que es el realizado por profesionales especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia y pone como ejemplo que sólo el 26 por ciento de los 'grandes dependientes' cuenta con plaza en una residencia.
REGULARIZAR A LOS 'CUIDADORES'
El informe propone apostar por las políticas de 'envejecimiento activo', para prevenir las situaciones de dependencia, y regularizar el mercado de trabajo de las personas encargadas del cuidado de los dependientes, así como de su "necesaria" formación para cumplir de forma adecuada su tarea.
También afirma que, dadas las circunstancias, "la familia estable es la única que puede desempeñar esta tarea en condiciones normales", pues, a juicio de los responsables del estudio, juega un papel "predominante en España como principal red para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia". Por ello, indican la necesidad de "ayudarla y reforzarla".
The Family Watch se define como un observatorio que, "a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia se conozca mejor y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las funciones que desarrolla en la sociedad".
Profesionales en adicciones a opiáceos piden unificar y normalizar el tratamiento con metadona
El X Congreso sobre la adicción a la heroína y otras enfermedades clínicas relacionadas, organizado por la Asociación Europea de Tratamiento de la Adicción a los Opiáceos Europad, arrancó el pasado viernes en Barcelona con el objetivo de analizar la evolución de las diferentes adicciones a los opiáceos que existen en la actualidad y de pedir al Estado que normalice y unifique el tratamiento con metadona, algo que podría ayudar a mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes.
La directora del Proceso de Adicciones del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (Inad) del Parc Salut Mar de Barcelona y coordinadora del grupo de investigación en trastornos por uso de sustancias del Instituto de Investigación Hospital del Mar (Imim), Marta Torrens, ha explicado en declaraciones a Europa Press que en España hay más de 80.000 pacientes que sufren adicción a los opiáceos.
De ellos, 7.000 se encuentran en Catalunya y, a pesar de que las cifras son altas, "todavía no existe un tratamiento médico estándar, lo cual hace que los pacientes se sientan estigmatizados y que la situación no pueda normalizarse", ha dicho Torrens.
Actualmente, el tratamiento con metadona en Catalunya se elabora en hospitales, farmacias, Centros de Atención y Seguimiento de drogodependencias (Cas) y en el laboratorio municipal de Drassanes, pero según ha comentado Torrens, "todo se realiza mediante formulación magistral, lo cual acarrea una serie de inconvenientes que podrían evitarse si el tratamiento médico se unificara y normalizara, como ocurrió en su momento con los antirretrovirales para combatir el Sida".
La doctora ha expresado que cuesta mucho hacer entender que "cualquier adicción o dependencia se trata de una enfermedad" que afecta al sistema nervioso central y que, además, existe una gran tendencia a la recaída en los pacientes, por lo que los tratamientos deberían estar regularizados y estandarizados.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN
En el marco del congreso Europad se presentarán algunos datos extraídos del 'Estudio de evaluación de costes asociados a los Programas de Mantenimiento con Metadona' de Gebro Pharma --en el que Marta Torrens ha participado como asesora--, que tiene como objetivo poner de relieve las divergencias que existen en las diferentes comunidades autónomas en cuanto al formato y la manera de dispensar tratamiento.
La principal ventaja que señala dicho estudio es que, si en lugar de una formulación magistral, se recetara a los pacientes una metadona industralizada realizada por un fabricante, el usuario saldría claramente beneficiado, ya que se disminuiría su estigmatización y podría tener la garantía de seguir recibiendo un mismo tratamiento independientemente de la comunidad autónoma en la que se encontrase.
Fuente: Europa Press
Un foro ultraconservador llama al regreso de la mujer al hogar
Debate en Madrid sobre la “familia natural”, la castidad y el “comportamiento” gay
Rearme ideológico, con ingredientes de moral, religión y ultraconservadurismo, frente a los tiempos que corren. “Autenticidad de la mujer: redescubriendo la vida en el hogar”, “soluciones al comportamiento homosexual”, “cómo mantener a la familia unida: soluciones prácticas”, “contra la ideología de género” o “ataques a la familia” —traducido al inglés como “el lobby homosexual”—. Son algunos de los temas, junto con “el doloroso drama del aborto” o “el coste social de la pornografía”, que abordará desde este viernes hasta el domingo en Madrid el Congreso Mundial de Familias (CMC) en su sexta edición. La organización ultraconservadora que lleva el mismo nombre, nacida en 1997 en EEUU, desembarca en España de la mano de Hazteoir, una asociación contraria al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El congreso madrileño, en defensa de la importancia de la “familia natural” —entendida como por un matrimonio heterosexual “abierto a la vida”, detallan fuentes de la organización española—, contará con la presencia del eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja —que ha calificado de “aberración” la interrupción voluntaria del embarazo— y del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, quien en una homilía televisada la pasada Semana Santa asoció homosexualidad y prostitución y aseguró que muchas mujeres que abortan “no pueden dormir por el pecado”.
El prelado presidirá este viernes la sesión titulada “la familia natural y la revolución contra la familia”, en la que participará el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano. Pero también está prevista la intervención de representantes de otras religiones (judía, ortodoxa y protestante) y de expertos o militantes de distintos países, incluido EEUU.
Según Hazteoir, la Conferencia Episcopal “no se ha involucrado en la organización del congreso”. “No tenemos nada que ver con ello”, puntualiza un portavoz de los obispos, que no se pronuncia sobre la cita. El plantel de intervinientes lo ha coordinado en parte la Universidad Francisco de Vitoria —propiedad de los Legionarios de Cristo—.
Para los organizadores, ha llegado el momento de tomar la iniciativa ante los vientos que soplan. Y eso pasa por “comprender las políticas que han minado a la familia (el lobby homosexual, control de natalidad, políticas antivida incluyendo aborto y eutanasia, el enfoque de ideologías de género) para confrontar el problema social y político”, se lee en la presentación del “programa científico”. Este jueves, en la rueda de prensa previa a la cita, hicieron alarde de victimismo. El responsable de Hazteoir, Ignacio Arsuaga, lamentó “la exhibición de intransigencia” de los sectores que se oponen a sus planteamientos.
El principal convocante internacional de la cita es el Centro Howard para la Familia, la Religion y la Sociedad. Su director, Allan Carlson, que intervendrá en Madrid, ha criticado duramente lo que considera un acoso de los gobiernos socialdemócratas a la familia tradicional. Considera que “el mayor desafío en el siglo XXI es la implosión demográfica”, la despoblación. A su juicio, uno de los factores que más han agravado la crisis demográfica es el matrimonio homosexual. Para el Congreso Mundial de las Familias, España “es un país que aún se está recuperando de ocho años de un líder socialista, [José Luis Rodríguez] Zapatero, que impuso a la ciudadanía la legalización del matrimonio homosexual y el aborto, a pesar de que está mayoritariamente en contra de ellos”, según Larry Jacobs, director gerente de esa organización.
Fuente: El País
El recorte en Justicia elimina la red social de reinserción de presos
- La 'conselleria' niega que se rompa un modelo y cifra el ahorro en 1,9 millones
- Las entidades denuncian que la decisión deja a 94 de ellas sin programas
El recorte renace cada día cambiando de área. Esta vez la austeridad afecta de lleno a las políticas de reinserción y rehabilitación, según una denuncia de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que el lunes hizo público un comunicado en el que acusa al Govern de «condenar a la extinción» estas actividades. Según ECAS, hay 94 entidades -agrupadas en la comisión de ámbito penitenciario de esta federación y en la Taula de Participació Social- que participan en las políticas de reinserción y rehabilitación, y que verán reducidos sus recursos a cero. El recorte será de 1,9 millones de euros, según Justícia, que ha comunicado a las entidades que el 1 de junio ya no cobrarán. Ello conllevará que en el 2010 el ahorro sea de medio millón.
Según Núria Fabra, representante de las entidades sociales de la Taula de la Participació Social, quedarán sin atender drogodependientes, enfermos mentales, agresores violentos o inmigrantes que cumplían programas de rehabilitación. «Alertamos de los riesgos que supone destruir este tejido asociativo y consideramos que la administración nos deja solos ante una responsabilidad que también le toca», reza el texto de ECAS. Los representantes del sector creen que lo que se deje de gastar puede acabar acarreando un coste mayor por lo difícil que puede ser recuperar a gente que ahora tiene un seguimiento y que lo perderá.
LABOR COMPLEMENTARIA
El director general de prisiones de la Generalitat, Ramon Parés, desmintió que se esté cambiando la política pública de rehabilitación y reinserción y que las entidades que hasta ahora percibían esta subvenciones eran de apoyo y complementarias al sistema. El grueso de esta labor, sostuvo el alto cargo, lo hace la Administración penitenciaria con sus 500 expertos. «En la cárcel, se continuará con los programas de drogodependientes, de delincuentes sexuales o de delitos violentos. El modelo no se modifica, ni se recorta», insistió. Estas entidades eran externas y, por ejemplo, tienen pisos para los presos que acaban la condena o salen de permiso. ¿Quien hará esto? «Pues, al parecer, nadie», afirmó Parés.
La labor de las entidades es un acompañamiento del preso en la calle. «Todo lo que hemos construido desde la corresponsabilidad se pierde», lamentó Patricia Bosch, coordinadora de la comisión de ámbito penitenciario de ECAS.
Fuente: El Periódico de Cataluña
La Conselleria de Sanidad alerta de nuevas formas de botellón en Valencia
Ciegos exprés y maratones etílicos. Son las nuevas tendencias en consumo juvenil de alcohol que la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a la Drogodependencias (FEPAD), que depende de la Conselleria de Sanidad, ha detectado en los últimos meses en la Comunitat Valenciana.
El primero de los dos fenómenos, también conocido como Binge Drinking entre los expertos, consiste en beber grandes cantidades de alcohol en un periodo muy corto de tiempo. La finalidad, ponerse ciego cuanto antes.
La otra tendencia observada se refiere a los maratones etílicos, que se suelen realizar en periodos festivos y persiguen mantenerse en estado de embriaguez de forma continuada e incluso durante días.
Los responsables de FEPAD apuntan la necesidad de concienciar a la población juvenil de los riesgos asociados al consumo de alcohol que, al igual que otros fenómenos como el de la moda, no está exento de cambios. Así, los patrones de consumo, sobre todo ligados al ocio, se modifican de forma constante, ya no solo con nuevas sustancias, sino también con diferentes motivaciones para consumir y a través de las nuevas finalidades que se buscan.
Impacto en la salud
Un estudio realizado por este organismo con jóvenes de 18 a 24 años revela que el 16% de los encuestados asegura haberse emborrachado en el último mes y que un 11% de los jóvenes del mismo grupo de edad ha practicado el llamado ciego exprés (atracón de bebida) en ese mismo periodo de tiempo. Los expertos advierten que esta forma de beber alcohol provoca daños cerebrales en los adolescentes, principalmente en la zona del hipocampo y lóbulos frontales.
Por lo tanto, queda dañada la función de la memoria, aprendizaje, razonamiento y toma de decisiones. Lo peor de todo, inciden desde el equipo de investigadores, es que esos daños pueden ser irreversibles.
Problema personal y social
El consumo desaforado de alcohol no repercute solo en la salud de los jóvenes. Diversos estudios realizados en zonas de ocio de la Comunitat han constatado un impacto en forma de problemas personales y sociales que arrancan desde la adolescencia.
El último de estos muestreos pone de manifiesto que más de un tercio (35,7%) de los jóvenes consumidores de alcohol asegura que ha tenido problemas por esta sustancia. De ellos, el 41,5% afirma que han sido problemas de salud, el 26,8% con los amigos, el 21,8% con la pareja y el 9,4% con el tráfico.
El departamento de investigación de FEPAD ha diseñado un Sistema de Detección Temprana (SDT) que ofrece una fotografía de las tendencias de consumo que se dan en tiempo real. Para ello, cuenta con una red de informadores distribuidos por toda la Comunitat.
De los ‘lateros’ a la vuelta de la petaca
La crisis también está cambiando las tendencias de consumo. Actualmente, se ha extendido el fenómeno de los lateros, personas que venden alcohol en contextos de ocio al aire libre. Muchas veces son extranjeros, pero también jóvenes para costearse sus consumos. La petaca también ha vuelto al kit nocturno de algunos jóvenes para abaratar costes.
Fuente: 20 minutos