Las ONG del sida ante el cambio de gobierno en España piden la continuidad del Plan Nacional del Sida
Más de 300 organizaciones españolas se unen para solicitar a la ministra de Sanidad el compromiso de su gobierno para garantizar la respuesta al VIH en los próximos años. Solicitan compromiso económico sostenido y liderazgo político a largo plazo garantizando la existencia, continuidad y sostenibilidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS).
¿Qué sucedería si el nuevo Gobierno recortara o anulara su compromiso económico ante la respuesta nacional del sida? ¿O dejara de tener voluntad política para liderar las responsabilidades adquiridas por el Gobierno español a nivel internacional? Las organizaciones del sida españolas tienen clara la respuesta: se pondría en riesgo los avances obtenidos durante tres décadas en ámbitos como la prevención, la detección precoz de nuevos casos y la atención a las personas con VIH que aún experimentan diariamente discriminación por el estigma asociado a su enfermedad.
Así lo manifiestan cientos de organizaciones e instituciones españolas en una carta dirigida a Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la que le exigen compromiso económico sostenido por parte del Gobierno y liderazgo político a través de la existencia de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) que, según ha filtrado la prensa en los últimos días, “parece” que no figura ya en el nuevo esquema del Ministerio de Sanidad.
Udiárraga García, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH-sida (CESIDA), advierte que es necesario un organismo coordinador en la respuesta nacional al VIH como la SPNS y la consecuente elaboración de un nuevo Plan Mutisectorial que describa con claridad las directrices a seguir durante los próximos años. Además sostiene que la elaboración del dicho plan “es un compromiso adquirido por nuestro país en la reciente reunión de UNGASS en Nueva York durante el mes de junio del pasado año”.
Por su parte, Julio Gómez Caballero, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH/sida del Estado español (REDVIH) afirma que actualmente, gracias a los avances biomédicos, a la voluntad política y a las organizaciones civiles, entre otros agentes públicos y privados, se ha conseguido avanzar en la respuesta a la epidemia del VIH. No obstante –indica- aún continúan existiendo muchos desafíos en el abordaje clínico, la atención, la prevención de nuevos casos y hay una asignatura pendiente: todos los días son vulnerados los derechos de las personas con VIH. “Estamos en un momento crucial por lo que le solicitamos a la Ministra y a su equipo de trabajo continúen apostando por erradicar la pandemia y la discriminación hacia las personas con VIH a través del respeto de los derechos fundamentales”, enfatiza Julio Gómez.
También se pide en la misiva que el Gobierno español cumpla con los acuerdos internacionales y europeos firmados para erradicar la pandemia del VIH, atenderla y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. “España se ha comprometido desde hace años en la respuesta mundial al VIH y debe cumplir porque la vida de millones de personas está en juego” comenta Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FELGTB). “Existe el compromiso de redoblar los esfuerzos y cumplir con las necesidades de financiación para el VIH a través de una responsabilidad económica nacional e internacional. Si lo que se pretende es intensificar el esfuerzo dirigido a la prevención y el control del VIH, no sería muy lógico que, tomando como argumento la crisis económica, se produjeran recortes -a nivel nacional, autonómico o local- para la prevención, control y abordaje del VIH” dice Poveda.
Las organizaciones solicitan diálogo social, liderazgo compartido y el reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles, además de una reúnion con la Ministra en próximas fechas. “Consideramos que ante la repuesta al VIH no deben existir decisiones unilaterales por parte del gobierno, ya que se ha demostrado que la participación activa de la sociedad civil, ONG y activistas, su experiencia, compromiso, trayectoria, capacidad de respuesta y participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos, han permitido avances que no se hubieran podido producir sin su participación”, concluye Ana Pastor, presidenta de FUNSIDA.
Fuente: Mediosysida
La moratoria en la Ley de Dependencia afectará a unas 30.000 personas
El Estado ahorrará en 2012 un 0,6% del coste total del sistema
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar un año el calendario de aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia afectará a unos 30.000 dependientes moderados, según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que subraya que con esta medida el Estado sólo ahorrará un 0,6 por ciento del coste total del sistema.
Estas personas valoradas con grado I y nivel 2 se habrían incorporado el 1 de enero al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), pero el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros retrasa hasta 2013 el acceso de estos dependientes a las prestaciones y servicios que les correspondían por ley.
Asimismo, la medida afecta a unos 250.000 dependientes moderados con grado I nivel 1 que también verán retrasado su ingreso en el sistema de dependencia un año, hasta 2014, pues a estos les correspondía en 2013.
En términos económicos, esta entidad estima que el ahorro para las arcas del Estado para el ejercicio 2012, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, alcanza los diez millones de euros, una cantidad "muy escasa", según Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Con el actual sistema de financiación, las comunidades autónomas dejarían de gastar 40 millones de euros en la atención a nuevos dependientes moderados, de manera que el Estado dejaría de incrementar el gasto para este grado de dependencia en cuarenta millones de euros, menos del 0,6 por ciento del total de coste neto de atenciones del sistema actual.
En concreto, el coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se sitúa en torno a los 240 euros, de los que las administraciones soportarían 30 euros, la AGE 60 euros y las comunidades autónomas 120 euros (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales).
Si bien la motivación del Gobierno con esta medida es la de reducir el déficit de las administraciones públicas, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el mayor impacto de la misma será de índole organizativa y de gestión para las comunidades autónomas.
No obstante, apuntan a que la moratoria servirá para atender a todas aquellas personas --más de 300.000-- que con el derecho reconocido, muchas de ellas en situación de gran dependencia, permanecen a la espera de recibir una prestación o servicio.
Fuente: EuropaPress
El Centro de Día de FSC organizó una obra de teatro con profesionales y usuarios
Profesionales y usuarios del Centro de Día para drogodependientes de la Fundación Salud y Comunidad organizaron el pasado día 21 de diciembre una obra de teatro social, con el título "VITAE".
Se representaron diferentes temáticas como la exclusión, la inserción y las relaciones de pareja. Posteriormente se realizó un debate que contó con la participación de usuarios, familiares y profesionales de distintos programas del Área de Inserción Social y Sida de la Fundación Salud y Comunidad y que resultó enriquecedor para todos, permitiendo conocer las distintas visiones en torno a los temas planteados. La acción llevada a cabo estaba enmarcada dentro del programa de actividades especiales "Navidad 2011" organizadas desde el Centro de Día.
Un centro pionero en Cataluña
Creado en 1989, fue el primer centro de estas características de Cataluña. Su ubicación en un marco urbano permite que los vínculos familiares, sociales y terapéuticos no se vean interrumpidos. Constituye, por tanto, un enclave idóneo para trabajar la inserción y favorecer la acción comunitaria.
El programa de actividades del Centro de Día se prolonga de seis a ocho meses, permite articular las dinámicas grupales y los espacios de atención individual y pretende favorecer la inserción sociolaboral de personas con problemas de drogas, en muchas ocasiones en concomitancia con problemas de salud mental y que además provienen del medio de la ejecución penal, y que proceden del área metropolitana de Barcelona.
El trabajo de nuestros profesionales se centra en la transmisión e incorporación de aprendizajes que posibiliten la socialización de las personas atendidas. La capacidad y creatividad del equipo para diseñar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para cada una de las personas que realizan el programa es un aspecto clave a destacar.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas se mantiene en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas se mantiene dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Ana Mato. El Plan, que tendrá rango de Dirección General, dependerá de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, anuncio con el que queda al descubierto el nuevo organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El equipo que dependerá de Ana Mato contará con una Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dirigida por Juan Manuel Moreno Bonilla, y dos subsecretarías: la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a cargo de María Jesús Fraile; y la Secretaría General de Sanidad (con rango de subsecretaría), que tendrá al frente a Pilar Farjas.
Mientras que Fraile solo contará con una Secretaría General Técnica bajo su mando, de la Secretaría General de Sanidad que dirige Farjas dependerán tres direcciones generales, una menos que en la anterior legislatura. En concreto, serán la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Ordenación Profesional. En este sentido, destaca que Farmacia y la Agencia de Calidad del SNS dejen de tener direcciones generales propias, mientras que ya no aparecen Cohesión del SNS y Alta Inspección ni el Plan Nacional sobre el Sida, que directamente no figura en el esquema publicado por Hacienda.
También, tras varios años de altibajos, Consumo se integra dentro de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que pasará a llamarse Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (que cuenta con un rango mayor que Sanidad) contará asimismo con cuatro direcciones generales, una más que Sanidad, entre las que se incluyen Igualdad y Oportunidades, Servicios para la Familia y la Infancia, Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (con rango de dirección general).
Fuente:UNAD
La Ley de Dependencia cumple 5 años este enero con más de 740.000 personas atendidas y dudas sobre su viabilidad
La Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumple cinco años en vigor el próximo 14 de enero, con 7541.713 personas atendidas, 315.244 a la espera de recibir una prestación o servicio, y dudas sobre su viabilidad.
Aunque la ley contó con consenso social y político para su aprobación en la primera Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente, patronal, servicios sociales, organizaciones de mayores y de personas con discapacidad destacan la falta de financiación y las distintas velocidades de aplicación en las 17 autonomías.
El desarrollo normativo durante estos cinco años ha sido responsabilidad de distintos ministerios y ministros: Trabajo y Asuntos Sociales de Jesús Caldera; Educación, Política Social y Deporte, de Mercedes Cabrera; y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de Trinidad Jiménez y, después, de Leire Pajín. Ahora, la tarea corresponde a la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Según explica a Europa Press el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, el sistema nacional de dependencia es como "un gran avión, que tiene que pilotar la ministra, con 17 motores, algunos parados, más de 740.000 pasajeros y más de 315.000 en tierra y con billete". "O la situación se controla, o el avión se estrella porque ya está en punto de no retorno", añade.
Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia, José Alberto Echevarría, señala que en el año que ahora empieza el Gobierno se debe centrar en dotar de "sostenibilidad financiera" a la Ley de Dependencia porque, según advierte, es "imposible realizar inversiones si no hay una seguridad en la continuidad de las prestaciones de servicios". Asimismo, insiste en que las administraciones públicas resuelvan la deuda de 1.268 que tienen con estas empresas de residencias y centros de día, cuya situación es "muy crítica".
A juicio del presidente de la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Méler y de Ugarte, la puesta en marcha de la ley se hizo "de forma precipitada y, sobre todo, sin un modelo que garantizara una financiación suficiente y estable". Asimismo, critica que se haya basado en "promesas, promesas y promesas" del Ejecutivo anterior, mientras que el tiempo de espera para recibir una prestación alcanzaba, como mínimo, los doce meses y que todavía "miles" de personas siguen sin ser atendidas.
El presidente de CEOMA señala que el nuevo Gobierno tiene "mucha tarea por delante", pues, a su juicio, es el que tiene que evaluar "de verdad" la aplicación de la norma, agilizar el desarrollo de los acuerdos del Consejo Territorial, simplificar y unificar las valoraciones de los dependientes, coordinar la atención socio-sanitaria, garantizar una financiación suficiente y una gestión eficaz de los recursos, y hacer efectiva la promoción de la autonomía personal.
Esta última es una de las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi). Desde esta entidad reclaman que no se paralice el despliegue de la norma en 2012 porque a las necesidades sociales del colectivo de la discapacidad y de los mayores "hay que darles respuesta". Asimismo, apunta a que la bajada del número de beneficiarios de la norma se debe a la "falta de voluntad política" de varias administraciones públicas.
"Confirmamos que estos últimos meses están siendo especialmente alarmantes en el proceso de implantación de una norma que nunca ha sido modélico. No solo hay tentaciones, hay evidencias de desear paralizar o ralentizar una Ley que siempre ha estado en entredicho", ha aseverado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en declaraciones a Europa Press.
Para este dirigente, el núcleo duro de regulación debió tener una fundamentación de Seguridad Social, como competencia del Estado, entendido como Gobierno central. "Lo dijimos entonces y lo reafirmamos ahora, estamos aún a tiempo de redefinir el sistema y volver a uno de Seguridad Social. Solo falta voluntad", asevera.
Fuente: Europa Press
“Hay jueces que creen que no existe la violencia psicológica”
Sólo "una pequeña proporción" de los casos que ha llevado a juicio corresponden a denuncias por violencia psicológica, aunque esta afecta a la mayoría de mujeres maltratadas, vaya o no acompañada de agresiones físicas. El problema es que es muy difícil de probar.
Para llevar un caso de violencia psicológica en los tribunales, la abogada Ester García ha sido hasta dos meses preparando el juicio, recogiendo el testimonio de la mujer maltratada y la máxima información posible: "Hay que aportar informes psicológicos, atestiguados en su defecto, relatos de hechos ...". Durante este proceso de preparación, suele recurrir a psicólogas o entidades especializadas, que le asesoran sobre cómo aproximarse a las mujeres y demostrar si sufren las secuelas del maltrato psicológico.
Una de las psicólogas que ha asesorado García es María Rosa Micaía, voluntaria de Acción contra la violencia doméstica, entidad del distrito de Nou Barris de Barcelona. Psicóloga y abogada coincidieron en las Jornadas sobre el maltrato psicológico en el ámbito de la pareja de la entidad Mujeres de Vuelo, celebradas en el Centro Cívico Can Basté el 11 y el 12 de noviembre.
Micas explica que la sintomatología del maltrato psicológico se caracteriza por un "cuadro ansioso depresivo cronificado", los sentimientos de pérdida, miedo o culpa o el aislamiento social. Muchas mujeres sufren trastorno de estrés postraumático y algunas de ellas somatizan la violencia psicológica, por lo que los deja secuelas físicas.
Sin embargo, demostrar que la mujer sufre estas secuelas no garantiza el éxito en el juicio. En este sentido, Ester García, responsable de la Comisión de Violencia de Mujeres Juristas, asegura: "Normalmente, en las condenas que he conseguido por violencia psicológica habitual, he acreditado episodios de violencia sexual y física".
Las dificultades para probar la violencia psicológica no son, sin embargo, las únicas que se producen en el ámbito judicial. Cada vez más agresores están presentando una acusación contra las mujeres que los han denunciado por violencia machista, mientras que muchos de ellos utilizan el momento de recoger a sus hijos para continuar maltratando a su pareja, una vez acordado el régimen de visitas.
En este sentido, la abogada considera que la nueva ley de custodia compartida, que entró en vigor en Cataluña a principios de 2011, "está haciendo mucho daño". Esta ley establece que se conceda normalmente la custodia compartida de los menores ante cualquier caso de separación y eso plantea dificultades en los casos de violencia machista, según García.
Sin embargo, en términos generales, la abogada está satisfecha con los avances que han representado las leyes contra la violencia machista, aprobadas en 2004 en el Estado y en 2008, en Cataluña. De la normativa catalana, destaca, además, que es la segunda de un parlamento autonómico que incorpora una definición consensuada de violencia psicológica, sólo por detrás de la vasca.
García considera que, actualmente, el problema no son las leyes, sino que parte de los profesionales que las deben aplicar no están formados ni sensibilizados sobre violencia machista y asegura: "Hay jueces que creen que existe y hay jueces que creen que no existe la violencia psicológica". En este sentido, recuerda que una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Murcia considera que calificar una mujer de zorra no es un desprecio o insulto, ya que esta palabra puede aludir a un animal astuto.
A las dificultades con que se encuentran los juzgados, mica y García añaden el escaso apoyo que las mujeres maltratadas psicológicamente reciben de su entorno. "Si tú no ves un brazo roto o un azul, difícilmente, si no eres una persona experta, entrarás a ver qué pasa" - resume García. Para a poco, otro factor que dificulta en torno la percepción de la violencia psicológica es la imagen de hombre "encantador" del maltratador. Además, ambas expertas añaden que no hay ningún perfil que caracterice un agresor.
De lo que sí se muestra convencida Ester García es de que el maltrato se ejerce de forma consciente: "muchos dicen que, ante la frustración, responden de esta manera, sí, pero no lo hacen con su jefe o con el su amigo, lo hacen con la mujer".
En algunos casos, la abogada explica que los agresores utilizan perversos métodos de violencia psicológica, entre ellos pinchar el perro que vive en el hogar con una aguja, encender y apagar la luz toda la noche, cambiar las cosas de lugar o pinchar las ruedas del coche.
Son formas de maltrato psicológico, a menudo aún imperceptibles para el conjunto de la ciudadanía, aunque este tipo de violencia psicológica es la más frecuente, según los escasos datos disponibles sobre el tema. Así por ejemplo, un estudio presentado en Oviedo en unas jornadas sobre Medicina de Familia (2007) indica que el 45% de las mujeres españolas han sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida.
Frente a esta situación, mica y García señalan que hay que hacer visible todo lo que hay por debajo de los golpes, todo lo que queda por debajo de la punta del iceberg.
Fuente: revista digital Dones
El Gobierno canario garantiza la financiación de los centros de atención a las víctimas de violencia de género
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Elena Máñez, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, ya que “garantiza la financiación de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género durante el año 2012”.
Máñez destacó la sensibilidad mostrada por el conjunto del Gobierno canario y ratificada por el Parlamento autonómico con las mujeres que padecen esta dramática situación, especialmente teniendo en cuenta la complicada coyuntura presupuestaria que hay en todos los niveles de la Administración Pública”.
El presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2012 dota con más de cinco millones de euros la partida destinada a la financiación de la Red Canaria de Servicios y Centros de atención a las víctimas de violencia de género.
Elena Máñez expresó su confianza en que todos los niveles de la Administración Pública de Canarias “realicen el mismo esfuerzo”, ya que se trata de una red asistencial cuya financiación y funcionamiento depende de la colaboración e implicación de los tres niveles de la Administración, -municipal, insular y autonómico-. “El Gobierno canario garantiza su aportación porque ha incluido entre sus prioridades la atención a las mujeres que padecen violencia de género y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, explicó.
Una vez confirmadas las partidas presupuestarias, el Gobierno canario está ya ultimando el texto de los convenios de colaboración que habrá que firmar “en el menor plazo posible” para que la financiación comprometida ya en el presupuesto llegue a su destino final. “Esperamos culminar este proceso en un mes aproximadamente”, indicó la directora del ICI, quien destacó que “el Instituto Canario de Igualdad trabaja intensamente para reducir al mínimo posible el tiempo de gestación de estos acuerdos que se firman con cada isla”.
“Es imprescindible que seamos conscientes de que mantener activo este servicio es vital para muchas personas que no tienen otra salida en sus vidas”, remarcó Máñez, que pidió a las corporaciones locales que expresen toda su sensibilidad en esta materia y den prioridad a este asunto y apuesten con su aportación dineraria y con el compromiso político y administrativo por sostener esta red asistencial para víctimas de violencia de género”.
La directora general del ICI se congratuló también por el cambio de criterio que ya han anunciado otras instituciones públicas fuera de Canarias que inicialmente eligieron la atención a las mujeres de violencia de género entre los posibles servicios para aplicar recortes presupuestarios.
Fuente: InfonorteDigital.com
El Ayuntamiento de Barcelona renueva por dos años más la gestión de tres 'Bloques de Viviendas con Servicios' para personas mayores a la Fundación Salud y Comunidad
FSC gestionará los edificios de viviendas con servicios "Concilio de Trento I", "Concilio de Trento II" y "Gran Vía" hasta finales de diciembre de 2013, según consta en la resolución de adjudicación de estas viviendas adaptadas con servicios para personas mayores de titularidad del Ayuntamiento de Barcelona. La Fundación Salud y Comunidad ha obtenido la mejor valoración técnica del conjunto de ofertas presentadas a este concurso público.
FSC continuará durante dos años más la gestión de estos tres servicios de viviendas tuteladas que proporcionan alojamiento a alrededor de 172 personas en un total de 157 apartamentos que permiten una capacidad máxima de 314 usuarios (dos por vivienda), según una resolución hecha pública en los últimos días por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
La Fundación Salud y Comunidad ha obtenido la mejor valoración técnica del conjunto de ofertas presentadas a este concurso, lo cual ha sido valorado muy positivamente desde la propia entidad, que ve incrementado así el número de servicios de tercera edad gestionados.
Las Viviendas con Servicios "Concilio de Trento I", gestionadas por FSC desde el 1 de enero del 2009, cuentan con 39 apartamentos y actualmente proporcionan alojamiento a un total de 43 personas.
Por su parte, las Viviendas con Servicios “Concilio de Trento II” se componen de 39 apartamentos, y alojan en estos momentos a 44 personas. Este servicio está gestionado por FSC desde noviembre de 2007.
En cuanto a las Viviendas con Servicios “Gran Vía”, también de titularidad del Ayuntamiento de Barcelona, cuentan con 79 apartamentos para personas mayores que permiten la convivencia de este colectivo con otro de jóvenes ubicados en el mismo equipamiento. FSC gestiona este servicio desde abril de 2004. Durante el último año el centro ha atendido a 85 personas, según datos del Área de Atención a la Dependencia.
La viviendas con servicios suponen un alojamiento alternativo cuando, por diversas circunstancias sociopersonales, no se puede seguir viviendo en el domicilio habitual. Se dirigen a personas mayores con autonomía a partir de 60 años que han residido en Barcelona como mínimo en los últimos cinco años y que pueden vivir solas. Este tipo de vivienda cuenta con una serie de prestaciones como son el servicio de comedor, limpieza, lavandería, teleasistencia, actividades de ocio y de apoyo sociopersonal.
Enhorabuena al Área de Atención a la Dependencia por este nuevo logro.
«El problema de las drogodependencias tiene solución, aunque no es fácil»
El Director Técnico de la Fundación Salud y Comunidad, Xavier Ferrer, fue entrevistado por la CADENA COPE de Bilbao con motivo de la publicación en la revista "Adicciones" de un estudio conjunto de la Fundación Salud y Comunidad y la Universidad de Barcelona sobre los resultados a medio y largo plazo de las comunidades terapéuticas para drogodependientes.
Escuchar entrevista completa:
[gplayer href="http://dl.dropbox.com/u/26213715/COPE_CT_XF.mp3" ] Entrevista Xavier Ferrer. Estudio Comunidades Terapéuticas. [/gplayer]
FSC gestionará dos proyectos de 'formación-servicio' en el marco del programa 'Reincorpora' de La Caixa
Por segundo año consecutivo, la Fundación Salud y Comunidad tendrá la ocasión de participar activamente en acciones de empoderamiento de personas privadas de libertad, para potenciar sus posibilidades de inserción laboral.
"Reincorpora" se enmarca dentro del programa general de integración laboral para personas en riesgo de exclusión social "Incorpora" y se basa en el concepto de formación-servicio, una propuesta educativa que suma intencionalidad pedagógica y utilidad social. En este caso, se aplica a un proceso de inserción que combina la formación en oficios, actuaciones de servicio a la sociedad e integración laboral y que fomenta competencias, habilidades y valores.
Conjuga la formación en oficios y las actuaciones de servicio a la sociedad, fomentando competencias, habilidades y valores, al mismo tiempo que promueve la participación social y el compromiso cívico. En este sentido, la colaboración e implicación de los centros penitenciarios, los centros de formación y las entidades sociales en esta primera fase del itinerario, permite deshacer falsas imágenes, dar valor al esfuerzo y comunicar a la sociedad integración y solidaridad activa.
El programa tiene como objetivo la realización de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, a partir de un plan individual previamente pactado, que contribuyen a la mejora de las competencias profesionales, facilitan el desarrollo de valores y allanan el camino hacia la integración laboral en la empresa. Está dirigido a internos de centros penitenciarios que se encuentren en la fase final de su condena.