El gasto social disminuye un 13,3% en dos años

Las administraciones que gestionan los servicios y las prestaciones sociales en España -esencialmente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos- destinaron a estas partidas en el 2013 unos 2.210 millones de euros menos que en el 2011 o, si se prefiere, redujeron el gasto por persona de 354 a 306,9 euros anuales en el mismo periodo, lo que supone un descenso del 13,3%.

Así se desprende del índice DEC 2014, un análisis sobre políticas sociales que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Como prestaciones sociales se cuentan las rentas de reinserción, las ayudas para dependencia, los comedores sociales y otras partidas destinadas a los más desfavorecidos. Los resultados fueron presentados ayer en Madrid por el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez; el coordinador del estudio, Gustavo García, y el responsable del análisis económico, Luis Barriga.

Al margen de la inversión bruta, que lógicamente es un factor clave, el índice DEC incluye también un capítulo de derechos, que es en esencia la base legal que tienen las políticas sociales, y otro capítulo de cobertura de servicios o cantidad de beneficiarios que reciben ayudas. Entre los tres factores, la puntuación puede oscilar entre 0 (mínimo) y 10 (máximo).

Las diferencias entre comunidades son abismales. El País Vasco, que se sitúa en primera posición, obtiene un 7,5 sobre 10, y a continuación figuran Navarra (6,85) y Castilla y León (6,65). Catalunya se encuentra en sexta posición con 6,15, mientras que cierra la lista la Comunidad Valenciana con un insignificante 0,6.

MAL MOMENTO

La principal conclusión del informe es que los servicios sociales en España están en un «acusado proceso de deterioro», según los autores, justo en uno momento en que «son más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas». En porcentaje, donde más se han recortado los servicios es en Castilla-La Mancha (-28%), seguida de Navarra (-23%) y Murcia (-17%). Como ejemplo, el Índice DEC destaca que hay un trabajador de plantilla por cada 720 habitantes en los servicios básicos municipales de Navarra frente a uno por cada 7.916 en Madrid. O que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del sistema de dependencia frente al 0,5% de Canarias.

«La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas», prosigue el informe, y en este sentido se destaca que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en el 2011 al 1,4% en el 2013.

Según el informe, existen también grandes diferencias entre los recortes acometidos por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos. Las ayudas en el primer caso han bajado de media un 10%, mientras que en el segundo, aun siendo de menor cuantía, han tenido un retroceso del 20%, lo que, según la asociación de gestores sociales, «pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad».

El Ministerio de Sanidad, no obstante, alegó ayer que los datos del informe «estaban incompletos» y no habían sido contrastados.

Fuente: El Periódico de Catalunya