El pasado mes de junio, arrancó con cambios en las tarifas de la luz para casi 13 millones de consumidores en el mercado regulado de la electricidad (PVPC), algo que ha afectado de manera notable a la economía doméstica, con el aumento del importe de las facturas. Estos cambios agravan aún más la ya difícil situación de los hogares vulnerables, a los que acompañamos desde la Fundación Salud y Comunidad (FSC) en las provincias de Alicante y Murcia, y que están acogidos al bono social, ya que uno de los requisitos fundamentales para obtener la ayuda es tener una tarifa regulada.

En la última década, una de las formas de exclusión que más ha aumentado es la pobreza energética. A pesar de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, los cambios en la factura de la luz acaecidos el pasado mes de junio, no son nada halagüeños.

Siguiendo esta estrategia, la pobreza energética se define como “la situación en la que se encuentra un hogar, en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Para paliar esta forma de pobreza, entre otras medidas, se intensificaron las ayudas triplicándose los hogares acogidos al bono social entre los meses de abril de 2018 y 2020, pasando de 449.267 a 1.311.662, y manteniéndose en 1.178.662 en 2021, según datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica.

El nuevo sistema de facturación por tramos, aplicado desde el 1 de junio, representa un incremento en el precio de la energía consumida para un altísimo porcentaje de consumidores y perjudica a las economías más desfavorecidas. En este sentido, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica seguirá ofreciendo un descuento del 25% al 40% para los consumidores más vulnerables, la unificación de las tarifas anteriores en una dividida en tres franjas horarias con diferentes precios, supone un incremento de hasta un 27% en la factura de la luz, según la Organización de Consumidores y Usuario (OCU).

Durante el primer día de junio, cuando entraron en vigor los cambios, el coste medio fue un 30% superior al del día anterior, siendo el coste para cada tramo horario:

  • Coste valle: 0,1471€/kWh (00:00 a 08:00h).
  • Coste llano: 0,1836€/kWh (08:00 a 10:00h, de 14:00 a 18:00h y de 22:00 a 00:00h).
  • Coste punta: 0,3057€/kWh (10:00 a 14:00h y de 18:00 a 22:00h).

Este incremento fue aún mayor, si nos ceñimos a los horarios en los que se hace un mayor consumo en los hogares, de 08:00 a 00:00, entendiendo que pedir que se desplace el consumo a la madrugada es humillante para los consumidores más vulnerables. Entendemos que, para poder ahorrar, las personas tendrán que adaptar aún más sus hábitos de consumo.

Por ejemplo, los electrodomésticos que supongan mayor gasto (hornos, lavadoras, vitrocerámicas, sistemas de climatización, etc.) deberían usarse de madrugada, concretamente de 00:00 a las 08:00 horas (horas valle), o durante los fines de semana y festivos nacionales.

Por otro lado, queremos subrayar que, según datos del INE (2020), únicamente hay 1.711.500 viviendas (de las más de 17,8 millones existentes) construidas bajo los criterios del Código Técnico de la Edificación (CTE, 2006). En esta línea, la eficiencia del parque de viviendas en España es baja y un alto porcentaje de familias de familias con dificultades son las que más sufren sus consecuencias.

La nueva factura puede agravar la brecha de género

En los hogares vulnerables, este cambio de tarifa puede contribuir a incrementar la brecha de género ya existente. Las mujeres suelen ser las personas que llevan a cabo las tareas de cuidados dentro del espacio doméstico. Por ello, al estar más horas en el hogar, están más expuestas a situaciones de más frío y calor. Esto trae consigo consecuencias negativas, como impactos negativos en salud y aumento de la brecha de género en lo relativo a la pobreza y la habitabilidad.

Con las nuevas tarifas horarias, a esta situación ya existente, se suma la penalización por el incremento de precio de las franjas horarias de tramo punta, lo que puede llegar a agravar y generalizar aún más esta exposición a extremos térmicos.

Además, si tenemos en cuenta la dimensión emocional, esta adaptación supondría una mayor responsabilidad sobre las personas que llevan a cabo la organización del hogar. Esto puede aumentar los trastornos de ansiedad y preocupación a la hora de afrontar el pago de suministros.

Nuestra apuesta por el derecho a la energía

Desde la Fundación Salud y Comunidad, seguimos apostando ahora más que nunca por el programa “Acompañamiento en el Ejercicio de los Derechos Energéticos” que venimos realizando desde principios de 2021 en Alicante y Murcia.

El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida reduciendo situaciones de vulnerabilidad o pobreza energética mediante el empoderamiento en el ejercicio de los derechos energéticos.

La pobreza energética se encuentra estrechamente relacionada con aspectos sociales, como son la pobreza y la exclusión social, con problemas ambientales y con aspectos de la política energética, como es el precio de la energía doméstica.

En este sentido, el acceso a recursos como infografías, talleres o campañas de sensibilización, es fundamental a la hora de asesorar a las personas consumidoras. También, para facilitar la gestión de trámites como la solicitud y renovación del bono social, ajustar la potencia, y aumentar la eficiencia energética del hogar, sin necesidad de reformas estructurales con materiales de bajo coste.

Esto es más importante aun cuando los hábitos de consumo pueden condicionar el precio final de la factura, pero pueden ser insuficientes, consiguiendo un efecto multiplicador, en lo que a beneficios para la mejora de condiciones de vida, en relación a los hogares más vulnerables.