• Expertos estiman que habrá entre 27-50 muertes durante el primer año
  • La tasa de mortalidad podría llegar a las cifras de los años 90
  • La medida supondrá la aparición de entre 38 y 68 nuevas infecciones

«La retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles significará la muerte de entre 27 y 50 personas por VIH durante el primer año de aplicación de esta medida». Así lo han denunciado en rueda de prensa varios profesionales de GESIDA, el grupo de investigación del sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbilogía Clínica (SEIMC).

Profesionales de GESIDA han realizado un estudio donde ponen de manifiesto las consecuencias que traerán las nuevas medidas del Gobierno en la evolución y el tratamiento de los pacientes con VIH. Tanto en términos económicos, sociales y de salud pública.

«Este estudio se ha realizado desde un punto de vista lo más objetivo y científico posible», ha asegurado el doctor Federico Pulido Ortega, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los coordinadores de dicho informe.

Según sus conclusiones, lejos de ahorrar, el nuevo decreto incrementará los costes. «El virus del sida no entiende de razas ni de fronteras. La aplicación de esta medida supondrá un aumento del 10-20% de nuevos casos infectados, por tanto, los costes aumentarán», ha asegurado por su parte, el doctor Antonio Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y otro de los coordinadores de este análisis. «Sale más caro no tratar», ha añadido Pulido.

A partir del primer año, aseguran los investigadores, la tasa de mortalidad por VIH aumentaría rápidamente, llegando a alcanzar incluso las cifras de los años 90, lo que supondría «un verdadero atraso» en los avances logrados contra la enfermedad. «No habrá servido de nada lo que hemos conseguido. En los años 90, de cada 100 personas con VIH fallecían 10-12 al año; hoy en día la mortalidad por sida no llega ni al 1% en nuestro país», afirma el doctor del 12 de Octubre. «Las muertes por sida eran cosa del pasado, ahora volvemos a retroceder», añade el presidente del SEIMC, Álvaro Pascual Hernández.

Aseguran que las estimaciones que han realizado han sido «muy a la baja». «No hemos querido alarmar, pero lo cierto es que estos datos son preocupantes», señala Pulido. Las cifras que manejan se traducen en la aparición de entre 38 y 68 nuevos episodios de enfermedades oportunistas y entre 33 y 58 nuevos episodios de complicaciones médicas asociadas al VIH. «Estas consecuencias aumentarían en dos o tres años», apuntan los expertos.

La infección por el virus VIH, explican los responsables del estudio, no se cura, se controla. Y para ello «es necesario seguir un tratamiento de por vida». Dicha terapia antirretroviral supone una disminución del 96% del riesgo de transmisión del VIH, con esta nueva ley, muchos de estos tratamientos desaparecen para los inmigrantes que carezcan de documentación. «Tenemos que luchar de nuevo para que todas las personas tengan acceso a los antirretrovirales, pues las personas no tratadas aumentan el riesgo de contagio y por tanto la aparición de nuevos casos», manifiestan.

Desde el punto de vista económico, el ahorro directo que suponen estos fármacos antisida se sitúa entre los 12.240.000 y 21.896.000 euros. Al eliminar este tratamiento a los pacientes en situación irregular en España, se descontarían de este ahorro -como consecuencias de los gastos hospitalarios- entre 6.543.945 y 11.706.390 euros. No obstante, «los costes reales a medida que transcurra el tiempo, serán muy superiores», concluyen los doctores.

Fuente: El Mundo