Empleo y sanidad siguen siendo un año más los dos ámbitos donde se producen más casos de vulneración de los derechos de las personas afectadas por el VIH, según recoge el informe 2012 del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH (Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español).

El estudio, dado a conocer hoy, denuncia que la aprobación del real decreto de medidas urgentes de sostenibilidad de la sanidad cumple un año «y su aplicación deja sin atención y tratamiento a personas inmigrantes con sida».

«Vivir con el VIH no es sencillo. No es solamente una cuestión médica, encuentras obstáculos dentro de la sociedad y renuncias a hacer cosas por temor a ser rechazado. En el día a día he descubierto cómo las cosas más sencillas se convierten en un auténtico reto y, a diferencia del resto de la gente, no puedo hacer preguntas porque supondría revelar mi estado serológico».

Quien así se expresa es David (nombre ficticio), estudiante de 23 años, y una de las más de 1.200 personas que han sido atendidas por el servicio gratuito de la Asesoría Jurídica del Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH.

El año 2012, según esta organización, ha estado marcado por la pérdida de derechos, muy especialmente en el ámbito laboral, en el sanitario y en las prestaciones sociales.

El Observatorio ha atendido 163 casos de vulneración de derechos hacia personas con VIH entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

El principal ámbito de consulta, un año más, ha sido el empleo (24 %), casi a la par de la atención sanitaria (23 %), el acceso a seguros (17 %), situaciones vinculadas con la administración (15 %), rechazo en la vida cotidiana (8 %), disfrute de servicios de bienestar social y vida familiar (6 %) y, en menor medida, la educación (1 %).

El miembro del Grupo de Derechos Humanos de REDVIH Marco Imbert pone de relieve que en España «todavía te niegan el acceso a los seguros y la obtención de un crédito por tener VIH. Además, el gobierno no ha hecho nada para terminar con las exclusiones en oposiciones como las de la policía nacional y la guardia civil».

El informe revela que los casos vinculados al mundo del empleo, se refieren principalmente a situaciones de despido, realización del test del VIH en pruebas de acceso y revisiones médicas (a veces sin autorización), violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos.

En el ámbito de la sanidad, los casos más habituales han tenido que ver con la ruptura de la intimidad y el derecho a la confidencialidad, realización de la prueba sin consentimiento, tratos vejatorios y, muy especialmente, las dificultades de los inmigrantes para recibir el tratamiento a partir de la aplicación de reforma sanitaria.

Fuente: eldiario.es