Los médicos afirman que el Ministerio del Interior niega fármacos a presos con enfermedades mentales

La Sociedad de Sanidad Penitenciaria denuncia que Interior solo administra en un 10% de casos un medicamento para la ansiedad que cuesta un euro al día.

Los recortes en la sanidad penitenciaria han llegado a uno de los medicamentos más empleados para tratar a los presos con trastornos mentales, cuya prevalencia entre la población reclusa supera el 40%. Desde finales de marzo, los médicos de las cárceles no pueden recetar sin visado la pregabalina, un fármaco de uso común para tratar los trastornos de ansiedad y los generados, por ejemplo, por drogodependencia. Los facultativos envían la solicitud por escrito a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias pero, según denuncia la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, se está rechazando “el 90% de las peticiones”.

Más del 45% de los 75.000 reclusos que cumplen condena en cárceles españolas padecen algún tipo de trastorno mental, según el último informe de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Asociación Española de Neuropsiquiatría, publicado en 2011. Este estudio sitúa como el problema más frecuente el ocasionado por el uso de drogas (76,2%), seguido del trastorno de ansiedad generalizada (45,3%). Para ambos supuestos el tratamiento con pregabalina (comúnmente conocido como lyrica) es en ocasiones “el que garantiza, con mucho, los mejores resultados”, sostiene Antonio López Burgos presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria.

gual que algunas comunidades autónomas, Interior distribuye entre sus médicos una guía farmacoterapéutica en la que establece los medicamentos que se deben prescribir para cada dolencia. Pero la pregabalina no está en la guía y no tiene un equivalente terapéutico. El precio del tratamiento ronda un euro al día por recluso y hasta ahora los médicos de las prisiones recetaban el fármaco a centenares de pacientes con epilepsia, dolor neuropático o trastorno de ansiedad generalizado. Esta última indicación, la más frecuente según los facultativos, es la que Interior está rechazado “en la inmensa mayoría de los casos” desde que a finales de marzo impuso la necesidad de visado.

Las negativas afectan tanto a reclusos que llegan a la cárcel con ese tratamiento como a presos que lo estaban ya consumiendo o a los que se lo acaban de prescribir, asegura el presidente de los médicos penitenciarios. En su caso, en la cárcel de Sevilla I en la que trabaja, hasta mayo había presentado 20 solicitudes de nueva indicación o de renovación del tratamiento y solo le han aceptado una. “Lo peor es que no te explican ni por qué te aceptan esa ni por qué rechazan las otras 19. No hay un criterio transparente”, afirma el médico, que asegura que el problema se repite en todas las cárceles españolas excepto las de Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias penitenciarias (el País Vasco solo para la sanidad).

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias asegura que el procedimiento es “exactamente el mismo” que se emplea en las comunidades autónomas, pero no ofrece datos de cuántos visados ha concedido y cuántos ha rechazado desde que puso en marcha este requisito. Según este portavoz, los visados forman parte de un plan de “racionamiento farmacéutico” con el que Interior pretende reducir el gasto en medicamentos, que actualmente supera los 35 millones de euros al año. La encargada de estudiar las solicitudes es la comisión central de farmacia, integrada por especialistas en medicina penitenciaria y farmacia. “El objetivo del visado es que todo el mundo que necesite un medicamento lo tenga. Pero que no lo tenga quien no lo necesite. Hay fármacos que pueden ser sustituidos por otro igual sin perjuicio para el paciente”, afirman las fuentes de Prisiones.

No opinan lo mismo los médicos de las cárceles y así se lo plantearon hace un mes al subdirector general de coordinación de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo, con quien se reunieron en Madrid. Interior no quiere dar su versión del encuentro porque fue, explican, “a puerta cerrada”. Según los facultativos, Arroyo sostuvo que hay “sobreprescripción” de pregabalina y que Prisiones se había propuesto “acabar” con ella. “Es una falta de respeto a la labor de los médicos. Nadie receta un fármaco por gusto sino porque no hay otra opción”, afirma el facultativo.

Organizaciones sociales y familiares de presos denuncian que las restricciones en el acceso a fármacos están empeorando la ya de por sí precaria asistencia que reciben en las cárceles los enfermos mentales. Mayra Rodríguez, hermana de un recluso de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), asegura que, en los seis años que su hermano lleva preso, la asistencia “ha ido a peor”. El hombre, de 38 años, padece esquizofrenia paranoide y Mayra denuncia que para que lo vea un psiquiatra lo tiene que pagar la familia.

En los últimos meses, su hermano se había quejado en varias ocasiones de que no le daban el tratamiento que le habían prescrito y el problema se agravó, cuenta Mayra, tras sufrir una crisis nerviosa poco después de enterarse del fallecimiento de su padre. Estuvo unos días en una celda de aislamiento donde, según el preso, no le daban la medicación. “Un día me llamó a la hora de comer llorando y diciendo que se iba a autolesionar”, recuerda la hermana. Mayra telefoneó a la cárcel para advertir a los funcionarios y pedir que retiraran de su celda las cuchillas. “Tres horas después, me llamó el director para decirnos que se había rajado la barriga y que lo llevaban en helicóptero al Virgen del Rocío”, cuenta. El hombre llegó casi desangrado y fue intervenido de urgencia. “Salió bien, pero nadie nos asegura que no vuelva a pasar”, lamenta la mujer.

Fuente: El País