Representantes de varias ONG denuncian ante Sanidad la ‘muerte’ del Plan Nacional sobre el Sida

  • Piden al Gobierno que aclare qué partidas presupuestarias se dedican al sida
  • Temen el efecto que pueda tener el copago en pacientes seropositivos

Representantes de más de 300 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de pacientes con VIH han denunciado ante el Ministerio de Sanidad la «muerte en vida» del Plan Nacional sobre el Sida, un organismo que consideran «necesario», «útil» y «efectivo», y que no está incluido en las últimas partidas presupuestarias del Gobierno.

Portavoces de varias entidades estatales y autonómicas han leído un manifiesto y han depositado una corona de flores frente al Ministerio en una clara alusión a la desaparición de estas ayudas que suponen, a juicio del presidente de REDVIH, Julio Gómez, un «paso atrás», que afecta directa e indirectamente a toda la sociedad.

«Queremos, a través de este acto, denunciar la irresponsabilidad de las medidas conocidas y el escenario de incertidumbre en el que nos encontramos. Las acciones de carácter sociosanitario que desarrollamos no tienen garantizadas su supervivencia al no existir a día de hoy certeza de la continuidad del Plan Nacional del Sida», ha reivindicado.

Gómez ha denunciado que el ahorro económico (unos 16 millones de euros) «ni justifica ni compensa las situaciones que se van a derivar» de esta decisión «política, que no económica», puesto que «la cantidad no es importante».

Además, ha criticado que sea una «decisión unilateral» y que no haya contado con la opinión de ningún agente o sociedad científica. «Es de sobra conocido, que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad», ha señalado.

De esta manera, ha afirmado que además de no lograr un ahorro económico real, «estas medidas supondrán un retroceso de la respuesta del VIH, lo que se traduce en nuevas infecciones, peor calidad de vida y mucho sufrimiento personal totalmente evitable».

«Las plataformas de entidades estatales y autonómicas de respuesta al VIH consideramos que medidas de este tipo suponen un ataque frontal a los derechos de la ciudadanía y socavan los pilares básicos de nuestro sistema sanitario», ha insistido.

Aclarar la situación

Por su parte, Jorge Garrido, miembro de la Comisión Permanente de CESIDA, ha denunciado los «fracasados intentos de reunión» con la Ministra de Sanidad, Ana Mato, o con los partidos políticos, especialmente con el Partido Popular, para aclarar en qué partida de los Presupuestos Generales del Estado están consignadas estas ayudas y qué cantidades de dinero están destinadas a la respuesta al VIH.

En este sentido, el coordinador del Área de Salud de la FELGTB, Santiago Redondo, ha exigido al Gobierno que aclare esta situación. «Le exigimos que aclare públicamente la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, actualmente ‘descabezada’ al no haber nadie en su dirección, así como la dotación económica que tendrá», ha argumentado.

Del mismo modo, ha exigido a las Comunidades Autónomas que se pronuncien sobre la financiación que van a destinar para la respuesta de las ONGs al VIH/Sida. De esta manera, han insistido en que las organizaciones no gubernamentales no van a «guardar silencio ante las alarmantes noticias que llegan día a día».

Ni tampoco lo van hacer ante las «funestas consecuencias» que van a sufrir las personas destinatarias de sus programas, que suelen ser los colectivos más vulnerables, ha señalado.

Así, y en relación al copago farmacéutico en los tratamientos de VIH, este experto ha reconocido que «es difícil saber» de qué manera puede afectar, y ha informado de que un tratamiento puede costar desde 600-700 euros mensuales hasta cantidades «inasumibles».

En la actualidad, la prevalencia de VIH en España es de 88,5 por cada millón de habitantes, siendo la transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres la más frecuente (46%); seguida de la heterosexual (33%); y la que se produce entre usuarios de drogas inyectadas (6%), según los datos del Ministerio de Sanidad.

Fuente: El Mundo

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