El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, va a emprender una reforma de la red nacional de Unidades de Coordinación contra la Violencia de Género, que dependen de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, estableciendo una «nueva regulación» de sus funciones y competencias.

En una respuesta por escrito al Grupo Socialista en el Congreso a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Ana Mato explica que esta medida se adoptará en el marco del Plan Personalizado de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género anunciado por el Ejecutivo para conseguir «un seguimiento exhaustivo» de «cada mujer y sus hijos».

En la actualidad, las unidades de coordinación prestan servicios de apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género, seguimiento de las situaciones de violencia y elaboración de informes a los Ministerios competentes. Además, alertan al Ejecutivo de cada asesinato de una mujer, confirmando con las autoridades competentes si el suceso se ajusta a los parámetros de la violencia machista.

Junto a la nueva regulación, Sanidad afirma que «se potenciarán los recursos precisos para el ejercicio de sus nuevas funciones», aunque el documento registrado en el Parlamento no concreta aspectos presupuestarios en este sentido.

La regulación de las unidades de coordinación es uno de los dos pilares en los que, siempre según el Gobierno, se articulará el citado Plan Personalizado contra la violencia. El segundo será la creación de una «ventanilla única» donde «se ofrecerá una respuesta personalizada de asesoramiento, asistencia psicológica, apoyo a la inserción laboral, asistencia social, etcétera».

«Con ella, se avanzará en la sistematización de todos los recursos y se agilizarán los trámites administrativos y así, cuando una víctima entre en contacto con la Administración, podrá tener una respuesta personalizada a su situación», afirma el Ejecutivo.

Este Plan no requiere de una evaluación previa del riesgo de la víctima ya que, conforme explica Sanidad, «comparte el criterio de que es necesario adecuar la respuesta en atención a la concreta situación en que se encuentren la víctima y sus hijos, por lo que no existe un umbral de riesgo a partir del cual intervenir».

«Se actúa e interviene en todos los ámbitos y en todos los niveles de riesgo, desde la sensibilización, la prevención y la detección (ámbito educativo, sanitario, etc*)», algo que, conforme recuerda el texto registrado en el Parlamento «ya sucede» desde el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación «se da en todos los casos, con independencia del nivel de riesgo que presente la víctima, ya que se trata de un delito público perseguible de oficio».

Fuente: Europa Press