La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, ha expresado su preocupación por el efecto que están teniendo los «recortes» sobre las víctimas, ya que en algunos partidos judiciales se están cerrando los centros de atención o reduciendo su horario de trabajo.
Según ha advertido en rueda de prensa la vocal del Consejo General del Poder Judicial, la respuesta judicial «no basta» para combatir la violencia machista, ya que las mujeres necesitan una red de apoyo y asistencia social para «iniciar una nueva vida», y la merma de estos centros «no se puede aceptar de ningún modo».
La denuncia por parte de la víctima es «fundamental» para activar los mecanismos de protección policiales y judiciales, pero esto no es «suficiente», es necesario «fortalecer» los centros asistenciales aunque atravesemos un «difícil momento económico», ha remarcado.
Al respecto, Montalbán ha citado como ejemplo la situación de la Comunidad Valenciana, donde «las oficinas de atención a las víctimas están sufriendo recortes».
«En muchos partidos judiciales valencianos estas oficinas están desapareciendo o recortando su horario de atención», ha asegurado la presidenta del Observatorio, que ha incidido en que estos centros son «fundamentales» para conectar a las víctimas con el resto de recursos que les brindan una nueva oportunidad.
Montalbán ha recordado que la Comunidad Valenciana consiguió crear un modelo estándar de oficina de atención que fue copiado por otras autonomías, y que por tanto ahora «debe mantenerlo».
«Comprendo la situación derivada de la crisis, pero al hablar de las víctimas de violencia de género hay que tener un especial cuidado», ha añadido.
Asimismo, ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial está «a la espera» de que algunas comunidades autónomas con competencias en materia de justicia elaboren un protocolo de valoración urgente del riesgo de ser objeto de una nueva agresión, informe que se realiza tras presentar una denuncia.
«Es imprescindible que antes de 72 horas el juez cuente con un informe pericial sobre este riesgo», ha subrayado Montalbán, quien ha señalado que las comunidades que están bajo la tutela del Ministerio de Justicia ya lo están aplicando.
Fuente: El País