El Parlamento Europeo ha dado su respaldo a la ampliación de las disposiciones de la euroorden de protección a mujeres víctimas de violencia de género que los 27 acordaron el pasado marzo para extender su cobertura a las medidas civiles y no sólo las penales, lo que garantiza que todos los Estados miembros quedan cubiertos. Las órdenes de alejamiento seguirán teniendo validez aunque la victima se traslade de un país a otro.
El Parlamento Europeo ha aprobado una norma que equipara el mismo nivel de protección en toda la UE para todas las víctimas de acoso, agresión sexual o violencia de género. La nueva legislación entrará en vigor en 2015 y supone que las órdenes de alejamiento siguen teniendo validez aunque la víctima se traslade de un país a otro. La nueva legislación es un complemento de la Orden Europea de Protección que ya existía para los casos de carácter penal y sirve para que se equipare en la práctica con los países donde los delitos de carácter sexual o la violencia de género entran dentro de la jurisdicción civil.
El objetivo de la euroorden es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. Si el agresor la incumple, el país encargado de ejecutarla impondrá sanciones penales o de otro tipo.
En este sentido, las víctimas tendrán que recibir en el país de la UE en el que se encuentren las mismas medidas de protección concedidas por su Estado miembro de origen, entre ellas medidas como la prohibición al agresor de la entrada en el lugar en el que la persona protegida reside o trabaja. También se deberá cumplir la prohibición al agresor de cualquier tipo de contacto con la persona protegida (incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, o por fax) y de cualquier acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la prescrita.
El pasado año, la Unión Europea acordó esta protección para todas las órdenes dictadas por un juez penal, pero ahora se crea un mecanismo automático de reconocimiento por todos los países de las órdenes civiles, que son las que se utilizan en algunos países como Luxemburgo, frente a la orden penal que se emplea en España y otros.
La UE también prevé la creación de un certificado normalizado y multilingüe que se transmitirá automáticamente entre el Estado emisor y el Estado de reconocimiento.
Fuente: Europa Press