Las asesinadas por violencia de género en 2011 que denunciaron esperaron medio año su resolución judicial

Ninguna de las víctimas fue sometida a una evaluación forense de su situación de riesgo.

El tiempo medio de espera para la resolución de un procedimiento judicial por violencia de género se disparó el año pasado, cuando las mujeres asesinadas que habían denunciado malos tratos tuvieron que esperar hasta seis meses y medio para conocer la sentencia definitiva sobre su caso, casi cuatro veces más que en 2010.

Así queda reflejado en el informe anual del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentado este miércoles, que analiza las circunstancias que rodearon la muerte de las 16 mujeres que pese a presentar un total de 22 denuncias por violencia machista el año pasado, fueron asesinadas.

El informe indica que la media de duración de los procedimientos terminados con sentencia fue de 197,7 días, mientras los que acabaron con sobreseimiento se prolongaron 112,5 días. En 2010, las sentencias tardaron 53,14 días en llegar y los sobreseimientos, 17 días. En total, 18 de los procedimientos instados por estas mujeres habían concluido en el momento del asesinato, mientras que en los cuatro restantes, ella ya había muerto cuando el juez se pronunció.

«El incremento del tiempo en la finalización de un procedimiento que no se tramita por el procedimiento de juicio rápido, no se valora como especialmente trascendente, pues son múltiples los factores, ajenos al funcionamiento normal del juzgado, los que hacen que un procedimiento finalice antes o después», argumenta el Observatorio. No obstante, añade que «es necesario dejar constancia de que los asuntos de violencia de género deben tener una tramitación preferente en aras a salvaguardar la integridad de la víctima».

Desde este organismo explican que «no se trata de una tendencia», ya que la duración de los procedimientos es tan variable como las propias características de cada denuncia, y que no se debe en ningún caso a la inactividad del juzgado, sino a la dilación de las diligencias la investigación que pueden tardar más o menos en función de variables como la localización de un testigo o del propio imputado. En los casos de juicios rápidos la duración media está en ocho días.

En total, de las 16 fallecidas que habían presentado denuncia previa por malos tratos, 14 pidieron una orden de protección y once la obtuvieron porque tres finalmente renunciaron a ella. De estas once órdenes vigentes, otras tres mujeres las rechazaron, en un cuarto caso se trataba de una condena de alejamiento y se cumplió íntegramente y, en otros tres, ellas reanudaron la convivencia con sus agresores pese al mandato judicial.

Así, fueron cuatro las mujeres con una orden de protección vigente y sin quebrantar las que resultaron asesinadas. «Estos cuatro casos son los que nos deben llevar a seguir trabajando y perfeccionando los mecanismos. En 2011 se dictaron 23.514 órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o sea, que las medidas de protección funcionan, porque cuando una mujer denuncia, se la protege», ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán.

DENUNCIABAN AMENAZAS Y SE MINIMIZÓ EL RIESGO

Estas mujeres habían denunciado en su mayoría amenazas, especialmente de muerte (86%); gritos, insultos y abusos verbales (73%); puñetazos, golpes y arañazos; y violencia económica, hechos que, según explica el informe, «pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer» aunque al final, todas fueran objeto de muerte violenta.

«Lo que vemos es que en el relato de denuncia aparecen hechos nimios que pueden parecer sin importancia o que no entrañan ningún riesgo. Hay que mantener y mejorar la formación (de los profesionales implicados) para que se entienda que la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, aunque sea en las primeras coacciones tiene un carácter grave», ha señalado Montalbán.

En este sentido, ha asegurado que el Poder Judicial está trabajando «para perfeccionar los mecanismos de graduación del riesgo». No en vano, ni las fuerzas policiales ni los jueces que atendieron a estas 16 mujeres apreciaron que se encontrasen en una situación de riesgo extremo. La evaluación policial figura en ocho de los casos: en dos no se apreció riesgo alguno, en tres se consideró que era bajo, en dos se calificó de nivel medio y en uno, alto. De ninguna denuncia se dedujo una situación extrema.

En cuanto a los jueces, pueden solicitar una evaluación general del riesgo a las Unidades de Valoración Forense creadas por la Ley Integral para completar la información sobre la víctima, el agresor y el entorno de ambos, evaluar su situación y adoptar la medida de protección más adecuada. En ninguno de los casos consta que se realizara este dictamen.

Montalbán explica que «las Unidades de Valoración Forense no están implantadas aún en todos los territorios y tardan en emitir sus informes porque realizan un análisis más completo, con un equipo de asistentes sociales y forenses y demás». «Hay que terminar de implantarlas y que funcionen con normalidad, seguimos trabajando para perfeccionarlo», ha añadido.

Dado el coste de implantación de estas unidades y la dilación en la elaboración de sus informes, el Ministerio de Justicia del último Gobierno socialista aprobó en 2011 un protocolo que permite graduar el riesgo de una víctima en 72 horas introduciendo una serie de variables en un programa informático que, en la actualidad, se encuentra en fase de implantación y que no aparece en el informe del Observatorio por ser posterior a los casos que analiza.

En cualquier caso, Montalbán incide en que la evaluación del riesgo «no supone coger una bola del futuro y saber que va a pasar, sino que tiene sus variables y es un instrumento más para ver qué protección es la más adecuada». Por eso, pide «no caer en el análisis simplista de que la falta de valoración del riesgo es igual a muerte» porque «con independencia de que existiera valoración o no, lo cierto es que la mayoría de las mujeres que denunciaron estaban protegidas» por medidas que había dictado el juez en su favor.

SIETE DE CADA DIEZ NO ACUDIERON A LA JUSTICIA

Lo más grave, según ha dicho, es que en total el año pasado 62 mujeres fallecieron y sólo 16, menos del 30 por ciento, había acudido previamente a la justicia y este año, la tendencia es un «mayor silencio» porque si a 27 de junio de 2011, habían sido asesinadas 29 mujeres de las que ocho tenían denuncias previas, este año se cuentan 26 de las que sólo tres había denunciado.

«Es el momento de que se ofrezcan ayudas económicas y sociales tanto a las que sufren violencia y renuncian como a quienes no quieren denunciar, porque es la única manera de que salven la vida, si reciben ayuda económica para poder romper con el ciclo de la violencia y salir adelante. Aunque en el ámbito judicial trabajamos para intentar mejorar, tenemos que enfocar la vista al momento previo para intentar fortalecer a esas mujeres y que denuncien», ha señalado Montalbán.

Fuente: Europa Press