- Las entidades de mujeres opinan que el Ejecutivo utiliza la crisis para regresar a la familia tradicional.
- Las campañas de prevención de la violencia machista se harán con el 70% menos de dinero.
Por ahora, el Ejecutivo solo ofrece buenas palabras, pero ningún hecho por el momento, añaden las asociaciones de mujeres, mientras el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, defiende la labor del Ejecutivo citando una larga lista de planes de futuro que han empezado a ponerse en marcha y pidiendo tiempo para ejecutarlos.
El PP ha decidido no tocar y seguir aplicando la mayor parte de la legislación aprobada con su voto pero con muchos reparos en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Las leyes de la igualdad, violencia de género y dependencia se mantendrán en lo básico pero o bien se aplican de modo descafeinado o simplemente se recorta todo lo que necesita dotación presupuestaria. «Casi nada supone un ataque directo. Se hace de forma sibilina pero todo lleva a volver al modelo patriarcal», explica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Todas las asociaciones consultadas creen que los recortes en dependencia y educación y la reforma laboral acabarán repercutiendo en que la mujer tenga más dificultades para emanciparse con un trabajo fuera del hogar. Y citan como ejemplos la supresión del plan Educa de 0 a 3 años, los recortes en transporte y comedores escolares, el cierre de escuelas rurales, el parón de la dependencia, la supresión de la ayuda a domicilio y otras medidas que en algunos casos son responsabilidad de las comunidades autónomas.
«Cuando todo eso no lo cubre el Estado, recae en la mujer, y que esta pueda mantener su empleo o encontrarlo es mucho más difícil», según destaca Teresa López, presidenta de la Federación de Mujeres Rurales.
El recorte también ha sido drástico en las campañas de prevención de la violencia machista. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en uno de los resbalones que protagonizó al poco de ocupar el cargo, dio a entender que ya no se harían por innecesarias. Cuando se percató de que todas las mujeres muertas en lo que iba de año no habían presentado denuncia se apresuró a rectificar, aunque no del todo. Se harán campañas para concienciar a las mujeres de la necesidad de presentar denuncias pero reciclando la última llevada a cabo por el Gobierno socialista. «Nos ahorramos la creatividad, que es lo más caro, pero el impacto es el mismo», dicen desde el Ejecutivo.
Pero a los partidos de la oposición no les salen las cuentas. «La dotación para las campañas ha bajado un 70%, de 5 a 1,5 millones de euros, y lo más caro son las inserciones en la tele», destaca Carmen Montón, la portavoz del PSOE en la comisión de Igualdad.
Desde el ministerio se aduce que se abrirá el frente de las redes sociales, pero la diputada socialista responde que «hay muchas víctimas que no tienen acceso a ellas». La realidad, reconocida por la ministra, es que solo el 27% de las mujeres que sufren maltrato denuncian, el porcentaje más bajo de los últimos años. Y que ya son 21 las mujeres fallecidas en el 2012 y ninguna de ellas había acudido a la policía o el juzgado. Otro obstáculo más lo constituye el cierre de centros de acogida de mujeres maltratadas en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, presidida por la secretaria general del PP.
Hay una ley de la etapa Zapatero que sí ha decidido tocar y a fondo el Gobierno: la del aborto. Lo ha hecho sustrayéndola a sus áreas naturales de Sanidad o Igualdad, dejando la gestión en manos de Justicia. Las asociaciones temen que España regrese al aborto clandestino y se aprestan a la que probablemente vaya ser la mayor batalla con el Ejecutivo en el frente de la igualdad. El pasado lunes se presentó la plataforma Nosotras Decidimos, integrada por más de 130 asociaciones, con el objetivo de dar la batalla unidas.
Fuente: El Periódico de Cataluña
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