- Centros escolares británicos facilitan la contracepción a sus alumnos sin saberlo sus padres.
- Pese a la polémica, los expertos apoyan estas medidas contra los embarazos indeseados.
No debe haber barreras de acceso a la anticoncepción. Ni territoriales, ni sociales, ni económicas. Tampoco por edad. Es lo que defienden los expertos: un acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, esos obstáculos existen. Y son el doble de altos para los adolescentes y los jóvenes —y más en las chicas, sobre quienes suele caer esta responsabilidad—. La falta de información y educación, la escasez de centros sanitarios especializados y el precio de los anticonceptivos desalientan a muchos menores de su uso. El hecho de que buena parte de los métodos deban ser prescritos por un médico determina la resistencia de algunos jóvenes a acudir a ellos por miedo a que informen a los padres. Pero si el menor es suficientemente maduro —muestra de ello es que busca el consejo sanitario—, apuntan los expertos, debe recibirlos. Y la confidencialidad entre médico y paciente debe respetarse.
Los expertos tienen claro que es esa pauta la que debe prevalecer. Los anticonceptivos de prescripción, aunque no son inocuos, son seguros. Y se trata de evitar embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, esta semana muchos se echaban las manos a la cabeza al conocer que varios centros escolares de Reino Unido habían participado en un programa de planificación familiar para las alumnas, y que algunas de ellas —de edades a partir de 13 años— recibieron implantes anticonceptivos y otros métodos sin el consentimiento familiar. En Reino Unido es legal. Según determinó la Corte Constitucional en una sentencia en 1985, lo que determina el momento de poder prescribir un método anticonceptivo a un menor es su grado de madurez e inteligencia. Y esto, lo deciden los médicos.
Un principio similar al que impera en España, donde no obstante, no existe ningún programa escolar similar al británico. En este país, la Ley de Autonomía del Paciente (de 2002) fija la mayoría de edad sanitaria en los 16 años —salvo para ensayos clínicos o tratamientos de reproducción asistida—. A partir de ese momento, los jóvenes no necesitan consentimiento paterno. Antes de eso, sin embargo, es el médico quien decide, en función de las circunstancias y en cada caso concreto, si el menor puede dar por sí mismo el consentimiento informado. “Se aplica el principio de menor maduro. Si es capaz de comprender el alcance del tratamiento que se le va a prescribir, se considera que puede tomar la decisión de forma autónoma”, explica la ginecóloga experta en planificación familiar Isabel Serrano. “Es un signo de madurez, por ejemplo, buscar el método. Y no hay que poner trabas, porque, si no, lo que harán estos jóvenes es dejar de ir a la consulta y no usar anticonceptivos. Lo que hay que evitar a toda costa es que haya relaciones de riesgo”, incide.
Es lo que persiguen —y lo están logrando— también las autoridades de británicas con la polémica campaña. Y es que Reino Unido, con una tasa de 38,3 embarazos por cada 1.000 chicas de entre 15 y 17 años (38.259 registrados en 2009), es uno de los países de la UE con cifras más altas.
En España, donde como en el resto de Europa los jóvenes se inician cada vez antes en la práctica de las relaciones sexuales —entre los 17 y los 18 años, de media— los embarazos en adolescentes no son una realidad tan cotidiana. En 2010, nacieron 131 bebés de madres de menos de 15 años; 387 de chicas de 15, según los últimos datos publicados por el INE. El número se dispara a los 16, con 1.018. Cuatro nacimientos al día de madres menores de 17 años. La cifra no es baja, pero hace 27 años era muchísimo mayor (en 1985 se registraron 29.586 nacimientos de madres menores de 20). Y los datos de aborto son aún más altos que los de embarazos a esas edades: 426 en 2010 entre adolescentes menores de 15 años y 13.696 entre jóvenes de 15 a 19.
Estos números, además, son solo el fruto de los hechos. “La educación sexual y la información que se le da al adolescente en España es exigua. Los jóvenes no están suficientemente informados y aún hay que hacer un extenso trabajo para promover el uso de métodos anticonceptivos”, asegura Ezequiel Pérez Campos, experto de la Sociedad Española de Contracepción. No le falta razón: el 35,6% de los adolescentes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, según el último estudio Daphe sobre anticoncepción (de 2011). Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada. Sobre todo con el preservativo, el sistema más empleado. “No lo usan en todas sus relaciones o no durante toda la relación, por ejemplo”, apunta Serrano que explica que lo ideal para los jóvenes es que utilicen un doble método: uno hormonal como la píldora o el anillo vaginal y el preservativo —para prevenir además enfermedades de transmisión sexual—.
Pero aquí, con la necesidad de la prescripción, entra de nuevo el temor a que los padres sean informados. O a que el médico no les comprenda. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población y Desarrollo de la ONU (UNFPA) recomienda que existan centros especializados para jóvenes. Los llaman centros amigables, pero en realidad lo que determina es que estos estén separados de los de los adultos —para que haya intimidad—, que tengan profesionales sanitarios especializados, acceso a anticonceptivos y programas de educación en salud sexual.
Según los criterios de la OMS, debería haber uno de estos centros por cada 100.000 jóvenes de entre 10 y 24 años. En España, con una población de 6,8 millones en esa franja de edad debería haber 70. Sin embargo, apenas son una decena. También algunas organizaciones o fundaciones gestionan centros especializados, pero ahora se ven ahogadas por los recortes. Todo ello, pese a que se ha demostrado —así lo confirman varios estudios de la OMS— que la existencia de estos lugares contribuye a frenar los embarazos no deseados. Se ha visto en Alemania y en Suecia, por ejemplo, donde, además, existen programas integrados de educación sexual en las escuelas.
Y es que la actitud del profesional es importantísima. “Ante una chica que mantiene relaciones sexuales hay que plantearse ante todo el beneficio que le pueda hacer usar métodos anticonceptivos”, dice Elisa Vizuete, experta en salud sexual y reproductiva del Servicio Andaluz de Salud. “La confianza que deposita la joven en el sanitario es muy valiosa y no debe romperse. Podemos hacer mucho beneficio orientándoles sobre seguridad en las relaciones, explicando los riesgos. Es mejor ejercer como agentes de salud. Es mucho más arriesgado no atender a esos jóvenes”, apunta la experta, defensora de que los médicos respeten la confidencialidad de todos sus pacientes; también de los adolescentes que acuden buscando protegerse en las relaciones sexuales. “Entre los 13 y los 16 años, la práctica médica recomendada es valorar la madurez del menor. La sexualidad es un derecho fundamental que pertenece al individuo y que no tiene por qué compartirse con otra persona, siempre que no haya una relación de abuso o dominación y no entrañe riesgos. Y usar un método anticonceptivo es precisamente evitar un riesgo”, señala.
Pero lo cierto es que la mayoría de los jóvenes no buscan ese consejo médico. O al menos no lo hacen durante sus primeras relaciones. “Los menores suelen decidir buscar el acceso al método anticonceptivo cuando ya han tenido algún un susto. Cuando se les retrasa la regla, cuando tienen algún picor o una molestia”, explica Alexa Segura, vicepresidenta de la Federación Estatal de Planificación Familiar y médico en un centro de salud joven. “Y eso es un problema. Si tuvieran una buena educación sexual y reproductiva esto no pasaría”, abunda.
Efectivamente, los menores no suelen protegerse desde que empiezan el sexo con penetración. Según el estudio Maternidad adolescente en España (de 2010) los jóvenes no empiezan a utilizar métodos anticonceptivos hasta casi un año después, de media, del inicio de sus relaciones. Y entre las madres adolescentes esta diferencia es más acusada. Solo el 43% de ellas usó algún método anticonceptivo en la primera relación sexual de su vida.
Alicia Sánchez y su novio usaban el preservativo de forma discontinua. “El se lo ponía a veces, pero no siempre. A veces empezábamos sin él y luego se lo ponía”, cuenta. A pesar de que sus relaciones sexuales eran habituales desde los 16 años, nunca buscó un anticonceptivo de larga duración —como la píldora—. Algo menos de un año después de su primera relación se quedó embarazada. Ahora, la joven tiene un niño de año y medio. Tras el parto, explica, sí fue al médico. “Ya en el hospital me recomendaron que fuera a planificación familiar y que me pusiera un implante o un DIU. Y es lo que llevo”, explica. Reconoce que si hubiera tenido más facilidades de acceso a los anticonceptivos, es probable que hubiera evitado el embarazo. Es lo único que cambiaría. En una hipotética vuelta atrás, dice, no se plantea retrasar el inicio de las relaciones.
“La principal reticencia que algunos sectores tienen frente al acceso para los adolescentes a los contraceptivos es que piensan que si los tienen al alcance van a empezar a tener relaciones sexuales. Y esto no tienen nada que ver. El verdadero problema no es que tengan el preservativo o que un médico les prescriba la píldora; el riesgo es que no sepan qué hacer con él”, puntualiza Segura. “Nadie se plantea que no haya campañas de seguridad vial. Tampoco se piensa que hablar en los colegios del riesgo del alcoholismo vaya a desencadenarlo”, abunda.
Ante esas reticencias, Vizuete, recuerda que en España, a partir de los 13 años se está legalmente capacitado para mantener relaciones sexuales consentidas. Una edad legal, sin embargo, que comenzarán a debatir los partidos políticos. “Si la ley protege a estos jóvenes para el ejercicio de su libertad sexual, se supone que también los protege para que puedan poner medios y que esas relaciones no tengan consecuencias nefastas”, señala.
Una opinión que comparte Lorenzo Arribas, médico de familia en el centro de salud del barrio granadino de La Chana y miembro del grupo de la Mujer de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria: “No puedes decirle a los jóvenes que tienen derecho a tener relaciones, pero que no pueden protegerse. Un embarazo a esas edades te puede destrozar la vida. Eso no lo podemos olvidar”, advierte.
Así, esas barreras de acceso a métodos anticonceptivos de larga duración —y otras como el precio de los preservativos— solo empujan a los jóvenes al sexo inseguro y a buscar métodos de emergencia, como la píldora del día siguiente. De venta sin receta. Y cuyo uso solo debe ser puntual.
Arribas coincide con Vizuete en la importancia del papel del profesional, y que sea este quien determine si conviene prescribir anticonceptivos a la menor y si debe avisar a los padres. Y la decisión no suele ser fácil. “Hay chicas de 14 años muy alocadas y otras más maduras. Pero no tenemos herramientas para medir la madurez”. La regla general es la confidencialidad. Pero en la práctica, a menudo los médicos de familia se sienten en medio de un “dilema ético”, admite Arribas. “Si yo solo fuera un médico de planificación familiar, que no conozco a la familia, que no trato también a sus padres, sería diferente. Pero es que yo les conozco, porque soy el médico de toda la familia. Y esto siempre es enriquecedor”.
Por eso, en casos “excepcionales”, si el médico considera que es necesario para ayudar a la chica, se rompe la regla general y se opta por advertir a la familia. “Llamar a unos padres cuando su hija es atendida reiteradamente en estado de embriaguez no es un disparate. Esta es además una situación ligada a riesgo de embarazo indeseado”, señala Arribas. Hay padres que lo agradecen. “Otros, al cabo de los años, te dan las gracias porque se han enterado de que en su día, sin contar con ellos, le prescribiste un anticonceptivo a su hija. Otras veces, y esto más excepcional, la familia es el gran problema, por sus ideas, sus creencias, su desestructuración; incluso hay situaciones de abusos, y la mejor forma de ayudar a estas chicas es protegerlas a sus espaldas. Son situaciones complejas y, en general, los médicos buscamos el bien de la menor, lo que no siempre es fácil de lograr”.
Fuente: El País