El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas distribuyó cerca de 27,5 millones de euros en 2012, reduciendo así los fondos hasta 4,5 millones con respecto al año anterior, según los datos dados por el Ministerio de Sanidad, tras la aprobación este viernes en Consejo de Ministros de los criterios de distribución de estos fondos para el año 2013.

Alrededor de un 70 por ciento se destinaron a programas dirigidos a reducir la demanda de drogas, mientras que el 30 por ciento restante permitió financiar actividades encaminadas a reducir la oferta.

La mayor parte de la dotación anual del Fondo que se dedica a programas para reducir la demanda de drogas, se distribuye entre las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones no gubernamentales que desarrollan intervenciones en este ámbito.

Así, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro; el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha decidido que las cantidades integradas en el fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas y controlar su oferta.

El acuerdo autoriza a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2013 con cargo a esta partida, además de los gastos de gestión del Fondo; además permite la financiación de otros programas que, por su especial interés, deban desarrollarse necesariamente en 2013, en especial, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016.

En el ámbito de la reducción de la demanda se sufragan programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos, consistentes en: programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y a los problemas generados por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.

Asimismo, programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores en situación de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo.

Por otra parte, programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención, asistencia e inserción socio-laboral de las personas drogodependientes; proyectos de investigación en drogodependencias; y proyectos sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de género.

En el ámbito del control de la oferta se destinará a programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Según la Ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.

El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, preside la Mesa.

Fuente: Europa Press