El delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, señaló que dará uniformidad a la legislación existente, ya que hay más de 900 normas autonómicas y locales.

El Gobierno está elaborando una ley estatal que establecerá límites en el acceso de los adolescentes al alcohol con la que se pretende, según ha señalado el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, dar uniformidad a la legislación existente, ya que hay más de 900 normas autonómicas y locales «que de una u otra manera» inciden en este tema.

La nueva normativa establecerá unos «mínimos comunes» para todo el territorio nacional, entre ellos, la homogeneización de la edad legal de consumo y compra de alcohol, e incidirá en la prevención, dada su «alta accesibilidad» y que los «límites que existen no son suficientes».

Y es que los datos son preocupantes: los adolescentes españoles empiezan a beber al cumplir trece años, el 60% reconoce haberse emborrachado alguna vez en su vida y uno de cada tres lo ha hecho en los últimos 30 días.

«A la vista de las estadísticas que manejamos, el objetivo prioritario no puede ser otro que el trabajar en retrasar la edad de inicio al consumo de alcohol en la población menor de edad. Nos preocupa y mucho la ingesta que se produce entre adolescentes, sobre todo, los fines de semana y muchas veces acarreando borracheras», ha dicho.

Coherencia y uniformidad

Babín ha manifestado su intención de lograr un texto en colaboración con las comunidades autónomas y alcanzar el «máximo consenso posible», aunque ha incidido en que «en ocasiones hay que aprobar leyes que pongan límites».

Ha recordado que no ha habido nunca una normativa estatal sobre drogodependencia en términos generales, pero que sí se ha desarrollado «una variopinta legislación» por parte de las CC.AA para abordar este problema, de ahí, tal y como ha subrayado, la necesidad de dar «un mínimo de coherencia y uniformidad» y «una visión global» de Estado.

El responsable del Plan Nacional ha insistido en la importancia de lograr que el alcohol «no circule hacia los menores», mejorando el control en los puntos de venta, si bien ha reconocido que «no hay una medida única y mágica que permita ser más eficientes en este campo».

Los especialistas consultados para llevar a cabo esta iniciativa consideran necesario dotar a los colegios y a las familias de mejores instrumentos para que puedan ejercer su papel educativo, porque «nadie nace sabiendo», y para que a los padres les sea más fácil la interlocución con sus hijos.

Pero también abogan, según ha subrayado Babín, por trabajar en la detección precoz de los jóvenes con trastornos de conducta, que tienen un 20% más de posibilidades de consumir sustancias adictivas, y que muchas veces son los líderes de los grupos a los que imitan otros adolescentes.

Para el desarrollo de esta ley, los expertos del Plan Nacional están estudiando las distintas legislaciones tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de «intentar seleccionar las medidas que, por evidencia científica y por ser más adaptables a la cultura del país, puedan formar parte de ese proyecto».

El Gobierno quiere actuar con calma, ya que «no se trata de correr para seleccionar medidas que sepamos de entrada que no van a ser eficientes», ha matizado Babín.

En la entrevista ha asegurado además que la crisis no ha incidido en el aumento del consumo de drogas. Por el contrario, los últimos datos disponibles evidencian un descenso, salvo precisamente en el consumo de alcohol por parte de adolescentes y de cannabis en los adultos, si bien éste último ha aumentado desde la perspectiva experimental, es decir, «alguna vez en la vida» y no de forma diaria.

Craso error

El Ejecutivo no tiene previsto adoptar medidas sobre los llamados clubes sociales de cannabis, ha asegurado el experto, quien ha considerado un «craso error» regular las actividades de estas entidades, ya que esta droga «en absoluto es inocua».

Respecto al debate genérico sobre la legalización de las drogas, Babín ha considerado que tendría «efectos devastadores», porque «todo lo que sea aumentar la accesibilidad significa claramente generar más dependencia y va en detrimento de los que se queden atrapados en ello y de la salud colectiva».

Se ha referido también a las drogas emergentes, aunque su consumo sólo representa el 1% de total, y ha hecho hincapié en que sus efectos no se conocen debido a que son muy nuevas en el mercado. Usar este tipo de sustancias, según Babín, es como «jugar a la ruleta rusa».

Además, ha aducido que hay un desfase entre el momento en que se tiene constancia de la existencia de estas drogas y cuando se incorporan a la lista de sustancias prohibidas.

Fuente: EFE