Los jóvenes catalanes conviven demasiado a menudo con experiencias de violencia, según sus relatos, que los pueden conducir a un riesgo de desajuste emocional y de exclusión social. Además, los adolescentes catalanes protegidos por la Administración relatan el triple de casos de victimización que los jóvenes en general
«Entre los adolescentes tutelados por la Administración y los infractores con medidas de justicia juvenil, sin embargo, hay el triple más de casos de victimización que entre los jóvenes en general; son menores altamente vulnerables», afirma Noemí Pereda, profesora de victimología de la Universidad de Barcelona (UB) y una de las autoras del estudio Victimización en adolescentes de protección y de justicia juvenil, presentado recientemente.
«¿Algún compañero de escuela te ha pegado?» «¿Tus padres o los educadores te insultado o menospreciado?» «¿Y en las redes sociales, te han ofendido?» Son algunas de la cuarentena de preguntas que se hacer a un millar de estudiantes catalanes, a 129 adolescentes tutelados por la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y a 101 jóvenes infractores que cumplen una medida de la dirección general de Justicia Juvenil para examinar sus niveles de victimización, es decir, la percepción que tiene una persona de haber sido víctima de un delito o de un hecho que daña su persona. «Son las cifras negras que no salen en las estadísticas de hospitales o de la policía, y normalmente los jóvenes infravaloran lo que les ha pasado», aclara Pereda, que precisa que para conseguir más sinceridad «nunca se les pregunta directamente: «¿Has sido víctima de»?».
El estudio es pionero en Cataluña y en España porque por primera vez se pregunta a los jóvenes y adolescentes sus vivencias. Así, el 100% de adolescentes tutelados por la DGAIA y el 100% de Justicia Juvenil afirman que han sido víctimas de un acto violento a lo largo de su vida, una cifra que baja al 83% entre los escolares de la comunidad. Judit Abad, una de las otras autoras de la investigación, explica que el concepto de victimización usado «hace referencia a un conjunto más amplio de eventos que el maltrato y el abuso, e incluye el acoso escolar, el vandalismo y el agresión entre hermanos o iguales».
La cifra de victimización entre los tres colectivos se reduce cuando se les pregunta por los casos de victimización que han vivido en el último año. Sin embargo, los jóvenes infractores (con un 91%) y tutelados (con 84%), a pesar de que han sido apartados de los supuestos núcleos de violencia o conflicto, siguen superando los jóvenes en general (68%). Además, el 52% de los chicos de la DGAIA y el 69% de los de Justicia Juvenil afirman que han tenido lesiones a causa de estos episodios de violencia del último año. Para las investigadoras, este resultado debe llevar a una profunda reflexión crítica por parte de la Administración sobre la situación en que se encuentran estos niños y jóvenes institucionalizados, «porque su visión se aleja de la protección y reeducación que les queremos ofrecer», explican. El estudio también detecta que los chicos y las chicas sufren tipos de violencia distintos. Mientras que los chicos afrontan más delitos comunes y violencia entre iguales y hermanos, las chicas soportan más actos violentos o negligencias por parte de los cuidadores (desde familiares hasta profesionales), y de abuso sexual. La violencia electrónica y la de pareja aparece en la adolescencia media y es ejercida por ambos sexos en la mayoría de encuestados.
Todos estos episodios pueden provocar un desajuste psicológico mayor, y también se constata que hay una estrecha relación entre ser víctima y luego convertirse en autor de un delito o acto violento. Para salir de este pozo, la llamada resiliencia, el factor personal es clave para los jóvenes institucionalizados. «Hay que potenciar el apoyo de los educadores, trabajar la autoestima y habilidades de los chicos», concluyen las autoras.
Más formación a los profesionales y apoyo a la familia
Las investigadoras hacen una decena de propuestas para corregir las disfunciones detectadas. Una es que hay que reducir el porcentaje de jóvenes institucionalizados victimizados. Plantean que entreviste a los jóvenes sobre sus vivencias y se dé formación a los profesionales para hacerlas y para saber cómo actuar. También destacan que hay que intervenir en las familias, para ayudarlas a corregir negligencias o que den una segunda oportunidad a hijos violentos.
«Algunos jóvenes tutelados manifiestan en un pequeño porcentaje que estas formas de violencia son realizadas por personal del centro donde se encuentran», dicen las autoras. Al respecto, la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Mercè Santmartí, explica que los chicos tutelados pueden interpretar como un castigo una contención porque no autolesiona «y hay que perfeccionar la actuación para no victimizarlos». Añade que el actual estudio es bien recibido por «subir escalones en su atención», y en la elaboración del código de buenas prácticas en los centros de la DGAIA que ahora ultiman.
En el estudio, el 30% de los jóvenes infractores están o han estado protegidos por la DGAIA. Las autoras indican que hay que equilibrar castigos con su apoyo. El director general de Justicia Juvenil, Joaquim Clavaguera, afirma: «El estudio nos confirma que estos jóvenes no han tenido una vida muy fácil», y apuesta por mejorar su educación, además de fortalecer lazos con las familias «con las que ya trabajamos «.
Fuente: El Punt Avui