Los programas e iniciativas del Gobierno nacional, de los ejecutivos autonómicos y locales y de las diferentes ONGs para la prevención del consumo de drogas recibieron en 2011 el 70 por ciento del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
En concreto, en 2011 a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se destinaron 5,6 millones de euros para la financiación de programas de sensibilización e información, proyectos de investigación sobre drogodependientes y trabajos técnicos ligados al Observatorio Español sobre Drogas y Toxicomanías. Por su parte, las ONGs recibieron por esta vía 2,2 millones de euros para la financiación de programas sobre drogodependencias de ámbito estatal.
Asimismo, las comunidades autónomas se beneficiaron de la principal partida con un total de 7,6 millones de euros, lo que representa el 25,56 por ciento del dinero distribuido entre todos los befeniciarios del Fondo. Además, las corporaciones locales obtuvieron 5 millones de euros para el desarrollo de los planes municipales de Drogas, cantidad que se incrementó con la adjudicación de otros 0,5 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Respecto, a los 9.003.150 euros restantes –el 30 por ciento– se dedicaron a financiar actividades para controlar la oferta. Concretamente, el Centro Nacional de Inteligencia Contra el Crimen Organizado recibió 3,6 millones de euros. Por su parte, la Policía y la Guardia Civil obtuvieron 1,5 millones de euros cada uno, Instituciones Penitenciarias un millón, el Ministerio de Defensa 550.000 euros, Aduanas recibió 803.000 euros y la Fiscalía Especial Antidroga 35.000 euros.
Concretamente, la gestión de este Fondo se lleva a cabo a través de la Mesa de coordinación de adjudicaciones, que es un órgano interministerial del que forman parte los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia.
No obstante, su dotación varía cada año en función de los decomisos practicados anteriormente y de las sentencias firmes, lo que dificulta enormemente una planificación estable de sus ingresos. Según la memoria de gestión, en 2011 las sentencias firmes aumentaron un 22 por ciento –con un total de 3.334– y los decomisos un 10 por ciento –2.360–. Sin embargo, la cantidad líquida ingresada en el Fondo fue de 15,8 millones de euros, la mitad que en el año anterior, cuando se elevó a 30,8 millones de euros.
El resto de bienes decomisados, distintos de las cantidades líquidas –vehículos, teléfonos, joyas o inmuebles– también aumentaron en un 7 por ciento, hasta alcanzar los 2.134. Los vehículos constituyeron el 47,5 por ciento del total, los objetos de diversa índole el 40,7 por ciento, las embarcaciones el 5 por ciento y los inmuebles el 0,5 por ciento.
Asimismo, la Mesa también incrementó en un 20 por ciento los acuerdos adoptados. No obstante, en el 44 por ciento de los casos, se acordó el abandono de los bienes, bien por falta de ofertas o por tener un valor ínfimo ya que dos de cada tres bienes abandonados son teléfonos móviles.
A juicio de Babín, este dato revela «la necesidad de agilizar los procedimientos para abandonar o destruir los objetos carentes de valor y mejorar la gestión de vehículos y embarcaciones, con el fin de reducir los costes de depósito».
Fuente: Europa Press
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